Bolivia vuelve a enfrentar una profunda inestabilidad política. A seis meses de asumir la presidencia, el mandatario centroderechista Rodrigo Paz se encuentra en el centro de una radicalización de protestas lideradas por grupos sindicales y campesinos que exigen su salida.
El escenario es crítico. Paz recibió un país con una inflación anual del 25% y escasez de divisas. El Producto Interno Bruto cayó un 1,5% en 2025 y el Fondo Monetario Internacional anticipa que la economía se contraerá un 3,3% este año. Ante esto, el gobierno ha promovido el “capitalismo para todos”, un plan de reformas promercado que incluye la reducción de impuestos y nuevas leyes de hidrocarburos para atraer inversión extranjera.
No obstante, la eliminación del subsidio a los combustibles elevó los costos del transporte, presionando aún más la inflación. Bernardo Pacheco, académico de la Universidad de los Andes, señala que el gradualismo de las medidas genera incertidumbre. Además, la mala calidad del combustible distribuido por YPFB y la polémica ley de suelos han intensificado el malestar social.
El conflicto tiene un trasfondo político: los sectores sociales, que bajo los gobiernos del MAS gozaban de prebendas y participación directa en el Estado, ahora enfrentan recortes presupuestarios y menor influencia política.
A nivel internacional, la Casa Blanca expresó su apoyo a Rodrigo Paz, condenando los bloqueos que han provocado escasez de medicamentos y alimentos. Según la investigadora Vanessa Cárdenas, aunque el riesgo de un quiebre democrático inmediato no es cercano, el desgaste es evidente. El futuro del gobierno dependerá de su capacidad para estabilizar la economía, contener la inflación y lograr consensos con los movimientos sociales.
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