Guatemala ha aprobado la nueva Ley contra el Lavado de Dinero, pero el verdadero desafío comienza ahora. Según el diputado Julio Héctor Estrada, presidente de la Comisión de Economía y Moneda del Congreso, el reto se traslada formalmente a las instituciones encargadas de su aplicación.
La fase más crítica inicia con la elaboración de reglamentos, capacitaciones y los ajustes operativos necesarios para cumplir con los estándares internacionales. Al respecto, el legislador explicó que existe un plazo de tres meses para publicar el reglamento principal, aunque consideró que podría estar listo incluso antes, ya que gran parte del trabajo técnico fue discutido durante la elaboración de la iniciativa.
La responsabilidad de este proceso recae ahora en la Superintendencia de Bancos, el sistema financiero y la parte judicial, entidad que deberá actualizar sus procedimientos. Estrada descartó que sea necesario esperar la publicación oficial de la ley para comenzar los preparativos, pues los cambios centrales de la normativa han sido conocidos desde hace varios meses.
La urgencia es clara: el país debe actuar con rapidez para llegar preparado a la evaluación internacional prevista para el próximo año. En ese sentido, el diputado afirmó que las entidades involucradas tienen seis meses para sacar adelante este proceso de implementación.
Asimismo, destacó que la aprobación de la ley refleja una coordinación institucional y un consenso poco habitual entre distintos sectores políticos y económicos, demostrando que el diálogo permite resolver propuestas complejas. Para Estrada, esta etapa será determinante para demostrar que Guatemala no solo puede aprobar leyes complejas, sino también ejecutarlas de manera efectiva, aprovechando la alineación y conciencia nacional sobre estos temas.
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