La República Dominicana enfrenta un complejo panorama económico, exacerbado por el alza internacional de precios del petróleo, combustibles y alimentos, sumado a problemáticas internas como el suministro de agua, el alto costo de la electricidad y posibles incrementos en transporte y productos básicos. Ante esta situación, el gobierno ha solicitado comprensión a la población, advirtiendo sobre la posibilidad de ajustes económicos, lo que ha generado una creciente interrogante entre los ciudadanos: ¿por qué el sacrificio recae sistemáticamente sobre el pueblo y no sobre el Estado?
La administración pública, en momentos de presión económica, debe actuar con responsabilidad, transparencia y eficiencia. Antes de solicitar mayores esfuerzos a la población, es imperativo que el gobierno revise sus propias cuentas, la calidad del gasto público y los privilegios fiscales existentes en el sistema tributario. Un aspecto crucial, y poco discutido, del sistema fiscal dominicano es el considerable volumen de exenciones y exoneraciones tributarias que el Estado concede anualmente. Según el informe “Estimación del Gasto Tributario en República Dominicana”, elaborado por el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Impuestos Internos, el país renunciará a la recaudación de RD$393,541 millones en 2026, lo que equivale a aproximadamente el 4.54% del Producto Interno Bruto (PIB).
En términos prácticos, esto implica que el Estado anualmente cede cerca de 400 mil millones de pesos en ingresos fiscales debido a incentivos, exenciones y tratamientos tributarios preferenciales otorgados a diversos sectores económicos. Esta cifra es comparable, e incluso superior, al déficit fiscal proyectado por el gobierno. De acuerdo con el marco macroeconómico analizado por el Fondo Monetario Internacional, el déficit del gobierno central se mantiene entre el 3% y el 3.5% del PIB, mientras que los ingresos fiscales representan cerca del 16% del PIB frente a un gasto público cercano al 19%.
Las exenciones fiscales dominicanas se concentran principalmente en sectores como el turismo, las zonas francas, regímenes especiales de inversión, hidrocarburos y diversos incentivos corporativos, originados en más de 70 disposiciones legales que crean tratamientos tributarios preferenciales. Si bien algunos incentivos fiscales pueden ser necesarios para atraer inversión extranjera o desarrollar sectores estratégicos, cuando se vuelven permanentes, excesivos o no son evaluados periódicamente, debilitan la capacidad fiscal del Estado.
A esta situación se suma la evasión y elusión fiscal, que, según estimaciones regionales, podrían representar entre el 4% y el 6% del PIB en América Latina. Aplicando un cálculo similar a la República Dominicana, el país podría estar perdiendo decenas de miles de millones de pesos adicionales en ingresos fiscales cada año. Esto indica un amplio margen para mejorar la recaudación sin necesidad de aumentar impuestos ni trasladar nuevas cargas económicas a la población.
El debate fiscal no se limita únicamente a los ingresos del Estado, sino que también debe abarcar la eficiencia del gasto público. Dentro del presupuesto nacional persisten gastos discrecionales que generan cuestionamientos sobre su prioridad en momentos de presión económica, como las pensiones especiales otorgadas por decreto a personas que no realizaron aportes al sistema de seguridad social, los fondos conocidos como “barrilito” del Senado y “cofrecito” de la Cámara de Diputados, asignados a legisladores para supuestas ayudas sociales manejadas de forma discrecional, y el crecimiento del gasto en publicidad institucional y promoción gubernamental.
Además, el Estado dominicano continúa asumiendo pérdidas estructurales en sectores clave, como el sistema eléctrico, debido a las pérdidas técnicas, el fraude eléctrico, los subsidios generalizados y la ineficiencia de las distribuidoras. Las reformas estructurales del sector eléctrico son esenciales para reducir los riesgos fiscales y mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas, según el análisis del Fondo Monetario Internacional. También existen programas públicos y subsidios con resultados limitados o difíciles de medir, donde los presupuestos asignados no se traducen en mejoras tangibles en la calidad de los servicios públicos.
El problema radica no solo en el tamaño del gasto público, sino en su eficiencia. Reformas fiscales graduales y realistas podrían generar ingresos potenciales significativos. Reducir apenas el 20% del gasto tributario permitiría recuperar cerca de RD$75,000 millones anuales, mientras que una reducción del 30% podría generar más de RD$115,000 millones. Si se lograra reducir parcialmente la evasión fiscal, el Estado podría obtener entre RD$150,000 y RD$200,000 millones adicionales cada año, recursos suficientes para mejorar áreas fundamentales como el acceso al agua potable, la infraestructura hidráulica, la energía eléctrica, la salud pública y la educación.
Por lo tanto, antes de solicitar nuevos sacrificios a la población, el Estado debe revisar sus propias prácticas, evaluando exenciones fiscales excesivas, revisando subsidios ineficientes, auditando pensiones especiales, reduciendo gastos discrecionales, mejorando la transparencia presupuestaria y fortaleciendo el combate contra la evasión fiscal. La experiencia internacional demuestra que los ciudadanos están dispuestos a aceptar medidas económicas difíciles cuando perciben un sistema justo y equilibrado. Sin embargo, cuando los ajustes recaen principalmente sobre el precio de los combustibles, la electricidad, el transporte o los alimentos, mientras persisten privilegios fiscales y gastos innecesarios dentro del propio Estado, la confianza pública se debilita.
La República Dominicana enfrenta desafíos económicos reales derivados del contexto internacional, pero también problemas fiscales internos que ha evitado abordar durante décadas. Antes de pedir nuevos sacrificios a los ciudadanos, el gobierno debe demostrar su disposición a revisar sus propios privilegios y mejorar la eficiencia de la administración pública, ya que la estabilidad económica de un país no depende únicamente de subir precios o reducir subsidios, sino de la credibilidad del Estado y la confianza de la sociedad.
