Tras la escalada bélica en Medio Oriente y sus consecuencias en el precio internacional del petróleo, Argentina se encuentra en una situación crítica en lo que respecta a los precios de los combustibles. Un reciente relevamiento del sitio GlobalPetrolPrices revela que el país se posiciona como uno de los más caros de la región, con un litro de nafta alcanzando los USD 1,343. Solo Uruguay (USD 1,899) y Perú (USD 1,343) superan este valor en Sudamérica.
La disparidad de precios en la región es notable. Mientras que Argentina lucha contra la inflación y la devaluación, países como Venezuela ofrecen precios irrisorios, con apenas USD 0,035 el litro. Ecuador y Bolivia también presentan opciones más accesibles, con USD 0,729 y USD 1,009 respectivamente. Chile, Colombia y Paraguay se ubican en un rango intermedio, con precios de USD 1,337, USD 1,079 y USD 1,052 por litro, mientras que Brasil llega a los USD 1,229.
El conflicto en Medio Oriente, que se intensificó a fines de febrero, ha sido el principal detonante de esta crisis. El precio del barril de Brent superó los 100 dólares en el mercado internacional, lo que inevitablemente se trasladó a los surtidores argentinos. Desde el inicio de la crisis, los precios de los combustibles en el país han escalado cerca de un 9%.
La consultora EcoGo ha documentado este aumento en su índice de precios promedio de naftas y gasoil, que avanzó del 136,3 al 148,2 entre el 26 de febrero y el 16 de marzo, tomando como referencia enero de 2025 como 100. Este salto del 8,67% rompe con la tendencia de incrementos moderados observada en los primeros meses del año y se refleja casi en su totalidad en los precios que pagan los consumidores.
Ante este panorama, surge la pregunta sobre la capacidad del Estado argentino para mitigar el impacto de los precios internacionales. Jorge Lapeña, presidente del Instituto de Energía Argentina General Mosconi, asegura que el país cuenta con herramientas para evitar una réplica automática de los valores internacionales, priorizando el abastecimiento interno. Sin embargo, la política implementada en las últimas semanas se ha orientado hacia la aplicación del concepto de “paridad de exportación”, lo que implica que el precio interno refleje la evolución del mercado internacional y la capacidad del país de obtener divisas por la exportación de hidrocarburos.
El gobierno ha manifestado su intención de amortiguar el impacto de las subas. Horacio Marín, presidente de YPF, ha declarado que la empresa intentará “amortiguar los aumentos” a través de una política de “micropricing”, aunque no ha especificado hasta qué punto podrá hacerlo ni cómo reaccionarán otras compañías del sector, como Shell, Axion y Puma. Daniel Montamat, exsecretario de Energía y expresidente de YPF, explica que las refinadoras no integradas actualmente pagan precios internacionales y que los combustibles aún no están ajustados completamente a esos valores.
La volatilidad internacional complica aún más las previsiones a futuro. El barril de Brent ha experimentado fuertes oscilaciones en función de la evolución del conflicto en el Golfo y la situación en el Estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo y el 33% del GNL mundial. Los ataques a infraestructuras en Irán y Qatar han generado expectativas de aumentos duraderos en los precios de los combustibles a nivel global.
El traslado de estos incrementos al consumidor ya está repercutiendo en la inflación local. Según un análisis de GMA Capital, el índice de precios al consumidor podría ubicarse en torno al 2,8% en marzo, en línea con los registros de los meses previos. La consultora calcula que un aumento del 10% en el valor de los combustibles suma 0,37 puntos porcentuales adicionales a la inflación, aunque el impacto final dependerá de la política comercial de las petroleras y la evolución del conflicto internacional.
En el Congreso, se debate un proyecto de ley impulsado por legisladores del kirchnerismo para restablecer un mecanismo de información anticipada sobre cambios en los precios de los combustibles, derogado anteriormente por la resolución 717/2025. El objetivo es obligar a las petroleras y al Estado a informar con al menos 72 horas de antelación cualquier ajuste, una práctica que actualmente no es obligatoria. Un amparo colectivo cuestiona este régimen y la Justicia deberá definir si corresponde restaurar el sistema previo.
La Secretaría de Energía ha modificado el período estacional para la licitación de importación privada de GNL, postergando el traslado a precios locales del gas importado hasta mayo. Esta decisión busca demorar el impacto de los mayores costos internacionales en los valores que abonan los usuarios argentinos durante el invierno.
La situación es compleja y exige medidas urgentes para proteger el bolsillo de los consumidores y evitar un mayor impacto en la economía. La incertidumbre internacional y la política interna se combinan para crear un escenario desafiante, donde la búsqueda de soluciones sostenibles se convierte en una prioridad. El futuro de los precios de los combustibles en Argentina dependerá de la evolución del conflicto en Medio Oriente, las decisiones del gobierno y la capacidad de las empresas del sector para adaptarse a un contexto en constante cambio.
