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Caracas, Venezuela – Julio José Jiménez, un ciudadano venezolano, ha denunciado públicamente la retención ilegal de su vehículo, tarima y equipo de sonido profesional, utilizados durante la campaña presidencial de Edmundo González Urrutia en el estado Barinas en julio de 2024. A pesar de una orden judicial que exige su devolución inmediata, la Fiscalía Segunda del estado Barinas se niega a cumplir, generando preocupación sobre el estado de derecho y la persecución política en el país.
La denuncia, viralizada a través de un video publicado por la ONG Fundehullan, detalla que los equipos fueron incautados por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) tras el cierre de campaña de González Urrutia. Posteriormente, fueron entregados a la Fiscalía Segunda de Barinas y trasladados a una sede de la PNB en Caracas. Sin embargo, tras una investigación, el Tribunal Tercero del estado Barinas determinó que no se había cometido ningún delito y ordenó la restitución de los bienes a Jiménez.
“A la fecha, la orden judicial ha sido ignorada”, señaló Fundehullan en un comunicado. “Exigimos al Estado venezolano el cumplimiento de la ley y la devolución inmediata de los bienes del señor Jiménez. Lo cual recordamos es su herramienta de trabajo y sustento de vida”. La organización enfatizó la importancia de estos equipos para el sustento de Jiménez, argumentando que su retención constituye una violación de sus derechos y una obstrucción a su actividad laboral.
Este caso se suma a una serie de denuncias realizadas durante la campaña electoral para las presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que la oposición mayoritaria denunció constantes ataques, incautaciones de equipos y sanciones económicas a establecimientos que brindaron apoyo a González Urrutia y a la líder opositora María Corina Machado.
La campaña de Machado, en particular, se vio obstaculizada por cierres de carreteras y otras tácticas dilatorias que buscaban impedir su acceso a diferentes regiones del país. En un incidente notorio, Machado tuvo que superar bloqueos viales para llegar a un acto en el estado Carabobo. González Urrutia, por su parte, optó por llevar su propia comida durante la campaña para evitar posibles cierres de restaurantes, después de que un local en el estado Cojedes fuera sancionado por atenderlo.
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición opositora de Venezuela, denunció en ese momento un incremento en la persecución política por parte del gobierno de Nicolás Maduro, con la colaboración de instituciones estatales como la Fiscalía y la agencia tributaria (SENIAT). Estas acciones fueron interpretadas como un intento de desestabilizar la campaña opositora y limitar su capacidad para movilizar a sus seguidores.
La negativa de la Fiscalía a cumplir con la orden judicial en el caso de Julio José Jiménez refuerza estas preocupaciones. Expertos legales consultados por este medio señalan que la retención prolongada de bienes sin una justificación legal clara constituye una violación del debido proceso y un atentado contra la propiedad privada.
“Es inaceptable que una orden judicial sea ignorada de esta manera”, afirmó el abogado constitucionalista José Gregorio Hernández. “Esto socava la confianza en el sistema judicial y envía un mensaje preocupante sobre la independencia de la Fiscalía”. Hernández añadió que la Fiscalía tiene la obligación de acatar las decisiones judiciales y que su negativa a hacerlo podría acarrear consecuencias legales.
La situación de Jiménez también pone de manifiesto las dificultades que enfrentan los ciudadanos venezolanos para ejercer sus derechos y llevar a cabo actividades económicas en un contexto de polarización política y restricciones gubernamentales. La incautación de sus equipos de sonido y su vehículo no solo le ha privado de su herramienta de trabajo, sino que también ha afectado su capacidad para generar ingresos y mantener a su familia.
La ONG Fundehullan ha anunciado que continuará monitoreando el caso y exigirá a las autoridades venezolanas el cumplimiento de la ley. La organización también ha instado a la comunidad internacional a prestar atención a la situación de los derechos humanos en Venezuela y a denunciar cualquier acto de persecución política o violación de las libertades civiles.
El caso de Julio José Jiménez se produce en un momento de creciente tensión política en Venezuela, tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, cuyo resultado ha sido cuestionado por la oposición y por observadores internacionales. La PUD ha denunciado irregularidades en el proceso electoral y ha exigido una auditoría completa del sistema automatizado de votación.
La comunidad internacional ha expresado su preocupación por la situación en Venezuela y ha instado al gobierno de Maduro a respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales. Estados Unidos, la Unión Europea y otros países han impuesto sanciones a funcionarios venezolanos acusados de violaciones de derechos humanos y de socavar la democracia.
La retención de los bienes de Julio José Jiménez es un recordatorio de los desafíos que enfrenta Venezuela en su camino hacia la democracia y el estado de derecho. La resolución de este caso y la garantía de que se respeten los derechos de todos los ciudadanos son fundamentales para construir un futuro más justo y próspero para el país. La oposición venezolana ha prometido continuar luchando por la defensa de la democracia y la libertad, a pesar de los obstáculos y la persecución política.
