El gobierno chileno se prepara para anunciar un paquete de medidas cruciales este lunes, destinado a modificar el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) en respuesta a la creciente presión de los precios internacionales del petróleo y la necesidad de controlar el gasto fiscal. La situación, exacerbada por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, amenaza con un impacto significativo en la economía nacional y el bolsillo de los ciudadanos.
Fuentes gubernamentales cercanas al Palacio de La Moneda revelaron que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, presentará dos iniciativas: un proyecto de ley y una serie de medidas administrativas que podrían entrar en vigor esta misma semana. La rapidez en la implementación de las medidas administrativas, a través de decretos, contrasta con el proceso más lento que implica la aprobación de un proyecto de ley en el Congreso.
El Mepco, diseñado para amortiguar las fluctuaciones en los precios de la gasolina y el diésel, funciona mediante ajustes en los impuestos específicos a los combustibles. Sin embargo, el actual esquema se ha vuelto insostenible ante el alza del crudo, generando un desequilibrio fiscal que podría alcanzar los US$200 millones semanales si el precio del barril se mantiene en torno a los US$120-130, según advirtió el propio ministro Quiroz.
La propuesta del gobierno, según fuentes internas, contempla un traspaso más rápido de los precios internacionales del petróleo a los consumidores locales. Si bien se espera que el aumento en los precios de los combustibles sea menor a los $300 por litro que implicaría un traspaso total, representará un ajuste significativo. Para mitigar el impacto en los sectores más vulnerables, el Ejecutivo también anunciará un paquete de medidas paliativas, incluyendo una inyección de recursos para subsidiar la parafina y medidas para proteger al transporte público.
El ministro de Transportes, Louis de Grange, enfatizó el enfoque del gobierno en proteger a las personas con mayores necesidades. “El foco del actual gobierno está en proteger a aquellas personas con mayores necesidades”, declaró en TVN el domingo. “El tema de la parafina, que tiene un impacto directo sobre aquellos hogares con menores ingresos, es un tema. El transporte de carga también es un tema que es relevante, no por el transporte en sí, sino por quienes consumen los productos. Entonces, hacia ese foco, hacia ese público es donde hay que hacer acupuntura, por decirlo de alguna forma”.
La preocupación de los gremios de transportistas es palpable. Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga Terrestre de Chile (CNTC), se reunió con el ministro Quiroz la semana pasada para expresar su inquietud, manifestando que se marchaban “esperanzados de que se buscará una solución a este grave problema”. La Federación Nacional de Transporte de Pasajeros Rural, Interurbano, Internacional y Privado de Chile (Fenabus) también alzó la voz, advirtiendo que las empresas de transporte se verán obligadas a ajustar sus tarifas o incluso a dejar de operar si la situación persiste. “Así como en el transporte de carga los mayores costos se traspasan a los fletes, en el transporte de pasajeros esta presión ya está alcanzando un punto crítico”, señaló el gremio en un comunicado.
El aumento del precio del petróleo, que ha experimentado un incremento del 48% en el último mes tras las tensiones en Medio Oriente, es el principal impulsor de esta crisis. El crudo Brent se cotiza actualmente en US$112 el barril, un nivel no visto desde julio de 2022, cuando la invasión rusa de Ucrania desestabilizó los mercados energéticos globales.
La escalada de tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán ha exacerbado la incertidumbre en los mercados. Las recientes amenazas del expresidente estadounidense Donald Trump, quien advirtió con atacar las centrales eléctricas iraníes si Teherán no abre el estrecho de Ormuz, han generado una respuesta contundente por parte de Irán, que ha amenazado con atacar la infraestructura energética estadounidense y de sus aliados en la región. Esta retórica beligerante ha contribuido a la volatilidad de los precios del petróleo y ha intensificado la presión sobre los gobiernos para que tomen medidas.
El gobierno chileno se enfrenta a un delicado equilibrio entre la necesidad de controlar el gasto fiscal, proteger a los consumidores y garantizar el suministro de combustibles. La modificación del Mepco, aunque inevitable, podría generar descontento social y afectar la economía nacional. Las medidas paliativas anunciadas por el Ejecutivo serán cruciales para mitigar el impacto en los sectores más vulnerables y evitar una crisis social.
La decisión del gobierno de acelerar el traspaso de los precios internacionales del petróleo a los consumidores locales es una señal de que la situación es más grave de lo que se pensaba. El aumento en los precios de los combustibles inevitablemente afectará a todos los sectores de la economía, desde el transporte hasta la industria, y podría tener un impacto en la inflación.
El éxito de las medidas anunciadas por el gobierno dependerá de su capacidad para equilibrar las necesidades fiscales con la protección de los ciudadanos. La transparencia en la implementación de las medidas y la comunicación clara con la población serán fundamentales para evitar malentendidos y generar confianza. La próxima semana será crucial para determinar el rumbo de la economía chilena y el futuro de los precios de los combustibles.
