El informe de Quiroz & Asociados, firma propiedad del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, pintó a los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD) como proyectos frágiles, pero convenientemente omitió la intrincada red de fondos globales y estructuras societarias que se benefician de los millonarios subsidios del sistema eléctrico chileno. Esta revelación arroja una sombra sobre el debate en curso sobre la naturaleza de los PMGD y la distorsión que causan en el mercado eléctrico, exacerbada por el precio estabilizado que ha generado compensaciones sustanciales para grandes actores financieros de alcance global.
Las mayores presiones en torno a este debate se intensificaron durante la discusión legislativa sobre un subsidio eléctrico impulsado por el gobierno anterior. El proyecto, diseñado para mitigar el fuerte aumento en las cuentas de la luz para hogares vulnerables tras el fin del congelamiento tarifario, proponía obtener fondos adicionales de las utilidades percibidas por los PMGD debido al precio estabilizado. Sin embargo, una intensa campaña de lobby, liderada por influyentes estudios de abogados, agencias de asuntos públicos bien conectadas y, según fuentes, organizaciones como la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio (AmCham), dirigida en ese momento por Paula Estévez –cercana al Partido Socialista y actualmente subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales del gobierno del Presidente Kast–, logró frenar la iniciativa.
En este contexto de alta tensión, se presentó un informe económico encargado para contrarrestar la narrativa que señalaba la distorsión generada por los incentivos regulatorios a favor de los PMGD. El estudio, realizado por Quiroz & Asociados, la misma empresa donde trabaja el actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, advirtió sobre efectos críticos en la viabilidad financiera del segmento. Según el informe, 64 de 180 PMGD solares analizados entrarían en default en el primer año si se aplicaba el nuevo cargo, poniendo en riesgo inversiones cercanas a US$ 1.000 millones.
La estrategia central del informe de Quiroz se basó en presentar a los PMGD como empresas financieramente frágiles y altamente dependientes de la estabilidad regulatoria, enfatizando su vulnerabilidad ante cualquier cambio en sus ingresos. En esencia, se les retrató como proyectos sin un respaldo financiero sólido.
Sin embargo, un análisis más profundo de la propiedad de estas centrales revela una realidad muy diferente. Detrás de muchas de estas plantas se encuentra un gestor global con acceso a capital, capacidad para realizar compras de portafolios, administración profesionalizada y múltiples capas societarias. El negocio PMGD en Chile no está dominado por “pequeños generadores”, sino por fondos globales, plataformas internacionales y vehículos financieros locales que empaquetan activos bajo estructuras de inversión sofisticadas.
El funcionamiento de este esquema se basa en una ingeniería financiera compleja. Un desarrollador identifica y construye un proyecto PMGD, el cual se estructura en una sociedad por acciones (SpA). Una vez aprobado, el activo se vende a un fondo o plataforma internacional, que adquiere uno o varios proyectos y los agrupa en portafolios de inversión. Un administrador local se encarga de la gestión de estos activos. Estos actores gestionan carteras de activos, compran proyectos en bloque y operan con una lógica de portafolio.
Un ejemplo claro es BlackRock, una de las mayores gestoras de inversiones del mundo, que administra fondos de pensiones como California Public Employees’ Retirement System (CalPERS) o Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments), e incluso una parte de los fondos de las AFP chilenas, siendo uno de los mayores administradores de estos fondos en el exterior. A través de su fondo Global Renewable Power III, BlackRock adquirió activos en Chile utilizando estructuras intermedias como Aediles Capital, consolidando cerca de 297 MW en PMGD.
Otro actor relevante es JP Morgan Asset Management, el brazo inversionista de JP Morgan, que opera a través de Sonnedix, con alrededor de 125 MW, incluyendo compras a Grenergy y al vehículo ARCO II, vinculado al fondo Arroyo Investors.
Brookfield Renewable Partners, filial del grupo canadiense Brookfield Asset Management, uno de los mayores gestores de activos del mundo, también tiene una presencia significativa en el mercado chileno, controlando activos a través de Interenergy, con unos 44 MW, tras adquirir plantas a desarrolladores locales.
La red de sociedades involucradas se extiende a Macquarie Asset Management, la división de inversiones del banco australiano Macquarie Group, que participa indirectamente en el mercado chileno mediante Reden, una plataforma que suma alrededor de 180 MW y está respaldada también por British Columbia Investment Management Corporation y MEAG.
Antin Infrastructure Partners, un fondo de inversión especializado que administra dinero de grandes inversionistas como fondos de pensiones y aseguradoras, controla Blue Elephant Energy, con cerca de 173 MW en Chile, estructurados a través de joint ventures y adquisiciones a fondos como Rockville Solar Energy.
A estos se suman plataformas como Matrix Renewables, propiedad del fondo TPG a través de The Rise Fund, que supera los 430 MW tras comprar carteras a Trina Solar y Verano Capital; CarbonFree, con más de 360 MW respaldados por Connor, Clark & Lunn Infrastructure, que ha adquirido activos a Grenergy y JREL Solar; y CVE Group, con más de 255 MW estructurados mediante una serie de vehículos financieros en Chile.
La estructura jurídica que sustenta este modelo es reveladora. Cada proyecto suele estar alojado en una sociedad por acciones distinta, como Parque Solar Villa Seca SpA, Los Paltos SpA, Pegasus Solar SpA, Orión Solar SpA, en el caso de CarbonFree; o una serie de vehículos numerados, como CVE Chile Fin 1, 2, 3 y 4, en el caso de CVE.
En última instancia, todos estos grandes fondos globales se benefician del subsidio chileno que originalmente estaba destinado a fomentar la generación de energía por parte de pequeños actores locales. La investigación plantea serias preguntas sobre la efectividad de las políticas energéticas y la necesidad de una mayor transparencia en la propiedad y operación de los PMGD para garantizar que los beneficios lleguen a quienes realmente los necesitan. La intervención posterior a la publicación de esta nota para complementar la información sobre la participación de BlackRock en la administración de fondos de las AFP subraya la complejidad y la importancia de este tema.
