El gobierno de Gabriel Boric y el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) se encuentran en una disputa abierta por la gestión fiscal del país. El organismo autónomo, en un duro informe publicado a principios de marzo, criticó severamente los déficits fiscales estructural y efectivo del año pasado, señalando un desvío significativo de las metas establecidas. La Dirección de Presupuestos (Dipres), liderada por Javiera Martínez, respondió con un oficio igualmente contundente, defendiendo las acciones del gobierno y cuestionando la metodología y conclusiones del CFA. La tensión entre ambas instituciones plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de la política fiscal y la credibilidad de las proyecciones económicas del gobierno.
El informe del CFA, titulado “Informe sobre el desvío de la meta de Balance Estructural de 2025”, acusó al gobierno de Boric de incurrir en déficits fiscales estructurales y efectivos de 3,6% y 2,8% del PIB, respectivamente. El organismo enfatizó que la magnitud de este desvío es “elevada en términos históricos para un año sin eventos extraordinarios”, es decir, sin crisis económicas o desastres naturales. La principal crítica se centró en las estimaciones de ingresos de la Dipres, que el CFA considera subestimadas, lo que llevó a una falta de ajuste en el gasto público para cumplir con las metas fiscales.
La respuesta de la Dipres, enviada el 10 de marzo, no se limitó a defender las acciones del gobierno, sino que también cuestionó la validez de las conclusiones del CFA. En relación con la necesidad de un ajuste del gasto de US$6.948 millones (2,0% del PIB) para cumplir con la meta de Balance Estructural (BE) de -1,6% del PIB, la Dipres argumentó que dicha reducción sería prácticamente imposible de implementar sin afectar la continuidad de los servicios públicos o requerir cambios legislativos significativos. La Dipres también señaló que el CFA no consideró la “rigidez” del gasto público, es decir, la dificultad de reducir ciertos gastos obligatorios por ley, así como las obligaciones legales que condicionan su ejecución. Además, la Dipres argumentó que la recomendación del CFA podría ser incompatible con la necesidad de mantener la inversión pública en niveles adecuados.
La Dipres también cuestionó el análisis del CFA sobre la tendencia de la deuda bruta. El informe del CFA advirtió que la deuda bruta como porcentaje del PIB se mantuvo por debajo de su nivel prudente en 2025, pero atribuyó este resultado a factores independientes de la política fiscal, como el crecimiento del PIB nominal y la apreciación del tipo de cambio, que podrían ser transitorios. La Dipres respondió que, incluso si el tipo de cambio hubiera seguido las proyecciones iniciales, la deuda bruta habría disminuido, lo que indicaría un cambio en la tendencia observada en los gobiernos anteriores. Además, la Dipres destacó que el promedio de crecimiento anual de la deuda en el gobierno de Boric ha sido menor que en los tres gobiernos anteriores.
Otro punto de controversia se refiere al uso de los Otros Activos del Tesoro Público (OATP) como fuente de financiamiento. El CFA señaló que se produjo un uso intensivo de los OATP durante 2025, con una disminución significativa de los saldos disponibles. La Dipres respondió que la comparación realizada por el CFA no es técnicamente equivalente y puede llevar a conclusiones erróneas. La Dipres argumentó que los saldos mensuales de los OATP promediaron alrededor de US$1.780 millones durante el año y que las fluctuaciones observadas en un mes específico pueden ser influenciadas por factores transitorios de gestión de caja, como emisiones de deuda o pagos de amortizaciones.
Finalmente, la Dipres defendió la justificación del gobierno para modificar las metas fiscales en el marco del decreto de política fiscal. El CFA consideró que la utilización de la figura de “otras causales extraordinarias” debe ser excepcional y que las correcciones de proyecciones de ingresos no constituyen un fundamento suficiente para modificar las metas fiscales. La Dipres respondió que la justificación del gobierno no se basó únicamente en la corrección de proyecciones de ingresos, sino en una evaluación más amplia de las circunstancias económicas y fiscales.
La disputa entre el gobierno y el CFA plantea serias interrogantes sobre la credibilidad de la política fiscal y la capacidad del gobierno para cumplir con sus metas fiscales. El CFA, como organismo autónomo, tiene la responsabilidad de supervisar la gestión fiscal y alertar sobre posibles riesgos. La Dipres, por su parte, tiene la tarea de implementar la política fiscal y defender las acciones del gobierno. La falta de acuerdo entre ambas instituciones puede generar incertidumbre en los mercados y afectar la confianza de los inversionistas.
Analistas financieros advierten que la tensión entre el gobierno y el CFA podría tener consecuencias negativas para la economía chilena. La falta de credibilidad en la política fiscal podría aumentar el costo del financiamiento y dificultar la atracción de inversión extranjera. Además, la incertidumbre sobre el futuro fiscal podría afectar el consumo y la inversión interna.
La situación actual exige un diálogo constructivo entre el gobierno y el CFA para encontrar soluciones que permitan garantizar la sostenibilidad de la política fiscal y la estabilidad económica del país. Es fundamental que ambas instituciones trabajen juntas para establecer metas fiscales realistas y transparentes, y para implementar medidas que permitan cumplir con dichas metas. La credibilidad de la política fiscal es esencial para el buen funcionamiento de la economía y para el bienestar de los ciudadanos. La resolución de esta disputa es crucial para el futuro económico de Chile.
