Santiago, 22 de marzo de 2026 – La posible eliminación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) ha desatado una ola de preocupación en Chile, con proyecciones que apuntan a un aumento drástico en el precio de la gasolina y el diésel, impactando directamente la economía familiar y la estabilidad social del país. El exsubsecretario de Energía, Julio Maturana, advierte que la medida, impulsada por el gobierno actual en busca de “sincerar” los precios y aliviar las arcas fiscales, podría desencadenar una crisis de costos sin precedentes, especialmente en un contexto global marcado por la volatilidad geopolítica y la incertidumbre económica.
Según informes técnicos citados por Maturana, la eliminación del MEPCO podría traducirse en un alza de 350 pesos por litro en la gasolina de 93 octanos, elevando su precio a cerca de 1.650 pesos. El diésel, esencial para el transporte de carga y la producción nacional, podría experimentar un incremento aún mayor, superando los 400 pesos por litro. Estas cifras, que parecen abstractas en una planilla de cálculo, se traducen en un golpe contundente al bolsillo de los ciudadanos, obligándolos a tomar decisiones difíciles entre cubrir necesidades básicas como alimentación, salud y transporte.
Maturana detalla que llenar un estanque promedio de 50 litros con gasolina de 95 octanos, que actualmente cuesta alrededor de 65.000 pesos, podría alcanzar los 82.500 pesos si se elimina el subsidio. Esto representa un desembolso adicional de 17.500 pesos por cada carga, lo que equivale a 35.000 pesos mensuales para quienes llenan el estanque dos veces al mes. Para una familia de clase media o vulnerable, esta cantidad podría significar la renuncia a la compra de alimentos esenciales, el pago de la cuota de un vehículo escolar o incluso la imposibilidad de cubrir los gastos de servicios básicos como la electricidad.
El impacto de la eliminación del MEPCO no se limitaría a los propietarios de vehículos particulares. Maturana subraya que Chile es un país altamente dependiente del transporte terrestre debido a sus largas distancias y su compleja geografía. Casi el 90% de los productos que consumimos se transportan por carretera, por lo que un aumento abrupto en el precio del diésel generaría una presión inflacionaria inmediata que afectaría directamente la canasta básica de alimentos. El transportista, ante el aumento de sus costos, trasladaría inevitablemente ese incremento al precio final de los productos, impactando a todos los consumidores, incluso a aquellos que no poseen un vehículo.
La situación se agravaría aún más en sectores productivos clave como el transporte público, especialmente en las regiones donde los conductores de colectivos no cuentan con los subsidios millonarios del Transantiago. Un aumento en el precio del combustible reduciría sus márgenes de ganancia a niveles de subsistencia, obligándolos a subir el valor del pasaje y afectando a los trabajadores que dependen de este servicio. En la pequeña agricultura familiar, el diésel es un insumo esencial para el funcionamiento de la maquinaria agrícola y el riego de los cultivos. Un aumento en su precio podría obligar a los pequeños agricultores a reducir su producción o incluso a abandonar la actividad, generando desabastecimiento y poniendo en riesgo la seguridad alimentaria del país.
Maturana advierte que la decisión de eliminar el MEPCO se toma en un momento especialmente delicado para las finanzas familiares, coincidiendo con el mes de marzo, cuando se acumulan los gastos por permisos de circulación, seguros obligatorios, útiles escolares y deudas de las vacaciones. Lanzar una reforma que encarezca el combustible en este contexto demuestra, según el exsubsecretario, una desconexión preocupante con la realidad social.
Además, el escenario internacional no es favorable. Los conflictos y las guerras han generado una alta volatilidad en el mercado del petróleo, sin señales de que estos enfrentamientos terminen pronto. Retirar el MEPCO en este contexto, según Maturana, sería como dejar a la economía chilena a la intemperie frente a una tormenta que podría durar años.
La preocupación se extiende a las zonas extremas del país, como Aysén y Magallanes, donde el vehículo es una herramienta de supervivencia ante las distancias y el clima. La eliminación del subsidio al cabotaje marítimo en estas regiones, que ya se experimentó en 2025 con un aumento de 50 pesos en el precio de la gasolina en cuestión de horas, podría agravar aún más la situación.
Maturana concluye que la discusión sobre el MEPCO no puede reducirse a una simple ecuación contable. Se trata de un problema que afecta a todos los chilenos, independientemente de si poseen o no un vehículo, y que podría tener consecuencias sociales graves si no se aborda con responsabilidad y sensibilidad. Ahorrar dinero en el balance fiscal a costa del bienestar de la población podría terminar costando mucho más caro en términos de cohesión social y estabilidad política. La pregunta que queda en el aire es si las familias chilenas están preparadas para enfrentar los precios de los combustibles “sin anestesia” o si estamos ante un riesgo social mal calculado por la tecnocracia.
