El Gobierno de José Antonio Kast se encuentra al borde de una decisión crucial respecto al alza de los combustibles, dividiéndose entre la opción de modificar la Ley Mepco a través del Congreso o una reinterpretación legal que permitiría incrementos significativamente mayores sin pasar por el Legislativo. La compleja situación fiscal, exacerbada por la inestabilidad internacional, ha puesto en jaque el mecanismo de estabilización de precios, generando un debate interno con implicaciones políticas y económicas de gran envergadura.
La Ley de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) se ha convertido en el centro de la controversia. Mientras el Ministerio de Hacienda explora una interpretación técnica del Artículo 3 de la ley, específicamente su número 7, que permitiría un alza cercana a los $300 en el precio de las bencinas, otros sectores del Ejecutivo abogan por una solución legislativa que requiera consenso con la oposición. La tensión se manifiesta en la disyuntiva entre una acción rápida, aunque potencialmente impopular, y un proceso más largo y complejo, pero con mayor respaldo político.
La interpretación técnica propuesta por Hacienda se basa en la cláusula del Artículo 3, número 7, que actúa como una “orden superior” sobre los límites convencionales de estabilización. Esta cláusula permitiría ajustar el componente variable del impuesto específico de los combustibles, elevando el precio de manera considerable. La justificación radica en la necesidad de sincerar los precios internos y reflejar la realidad del mercado internacional, evitando una mayor exposición financiera del Estado.
Sin embargo, esta estrategia ha generado resistencia dentro del propio oficialismo. Parlamentarios de la centroderecha advierten sobre el riesgo de “saltarse al Congreso” y cuestionan la legitimidad de una decisión tomada por decreto. La UDI ha anunciado una interpelación al ministro de Hacienda, Mario Marcel, en señal de protesta por esta posible vía.
La alternativa legislativa, por su parte, implica la presentación de un proyecto de ley al Congreso para flexibilizar la Ley 20.765 y establecer un alza paulatina y retardada de los combustibles. Esta opción, aunque más democrática, requiere de negociaciones con la oposición para asegurar su aprobación, lo que podría prolongar el proceso y dificultar la implementación de medidas urgentes.
El Presidente Kast abordó este tema con la presidenta del Senado, Paulina Núñez, en una reciente reunión en La Moneda. Según la senadora Núñez, el ministro Marcel transmitió la magnitud del costo fiscal que implica mantener el mecanismo de estabilización, estimando un desembolso de US$ 200 millones semanales. Para dimensionar este gasto, el ministro Quiroz planteó que con los fondos destinados a una sola semana de subsidio al combustible, se podrían resolver las listas de espera oncológicas en Chile en un plazo de 90 días.
Esta comparación impactante busca sensibilizar al Congreso sobre la necesidad de tomar medidas drásticas para aliviar la carga fiscal. El Gobierno, según lo planteado a Núñez, prefiere un ajuste al Mepco mediante un proyecto de ley, aunque aún no se han definido los detalles de la propuesta. La senadora Núñez anticipa que el proyecto podría ingresar al Congreso el lunes o martes, comenzando su discusión en la Comisión de Hacienda del Senado el miércoles.
El objetivo principal no sería la eliminación total del instrumento, sino una reforma o ajuste profundo que permita sincerar los precios de manera decidida y rápida. Sin embargo, dentro del sector republicano, existe una facción, conocida como los “Halcones” del Segundo Piso, que defiende la aplicación estricta del Artículo 3, número 4, que limita las alzas a aproximadamente $30 pesos cada 21 días.
Estos “Halcones” argumentan que el Gobierno ha identificado una cláusula en el número 7 del mismo artículo que permitiría ignorar la regla anterior bajo circunstancias específicas. Esta interpretación legal permitiría ajustar el componente variable del impuesto específico, superando el límite tradicional de $30 pesos.
Los defensores de esta estrategia sostienen que la prioridad es mantener el precio de la bencina dentro de los márgenes legales de referencia definidos por el mercado internacional, incluso si eso implica asumir el costo político de alzas significativas. Argumentan que esta facultad técnica permitiría al Ejecutivo “apurar el tranco” en el traspaso de los precios internacionales cuando la situación fiscal lo requiera.
La controversia se centra en la interpretación de la ley y en la ponderación entre la necesidad de sincerar los precios, la estabilidad fiscal y la aceptación política. La decisión que tome el Gobierno tendrá un impacto directo en el bolsillo de los ciudadanos y en la confianza en las instituciones.
La situación se complica aún más por el contexto internacional, con el conflicto en Medio Oriente generando presiones al alza en los precios del petróleo. Esto obliga al Gobierno a actuar con rapidez y decisión para evitar una mayor escalada de los precios y proteger la economía nacional.
La interpelación anunciada por la UDI al ministro Marcel añade un elemento de incertidumbre al proceso. La oposición podría aprovechar esta oportunidad para cuestionar la gestión económica del Gobierno y exigir mayor transparencia en la toma de decisiones.
En definitiva, el futuro del Mepco y el precio de los combustibles en Chile están en juego. El Gobierno de José Antonio Kast se enfrenta a un dilema complejo que requiere de una cuidadosa evaluación de los riesgos y beneficios de cada opción. La decisión que se tome tendrá consecuencias de largo alcance para la economía y la política del país. La ciudadanía observa con atención, esperando una solución que equilibre la necesidad de estabilidad fiscal con la protección de su poder adquisitivo.
