El gobierno de El Salvador, liderado por el presidente Nayib Bukele, ha propuesto una reforma constitucional que podría imponer cadena perpetua a menores de edad condenados por asesinato o violación, independientemente de su afiliación a pandillas. La iniciativa, presentada este jueves y destinada a ser aprobada por un Congreso dominado por el partido oficialista, marca un endurecimiento significativo en la política de seguridad del país y ha generado una ola de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos.
La propuesta amplía el alcance de una reforma constitucional previamente aprobada a principios de semana, que ya establecía la cadena perpetua para homicidas, violadores y terroristas. Ahora, el gobierno busca extender esta severa pena a jóvenes infractores, argumentando que la legislación penal juvenil actual ha sido explotada por las pandillas para reclutar y utilizar a menores como “recurso humano barato, impune y reciclable”.
El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, defendió la medida ante una comisión legislativa, enfatizando que aquellos jóvenes que “violan o matan” deben recibir un “tratamiento diferente” al de los delincuentes menos graves. Según Villatoro, la ley penal juvenil ha permitido a las organizaciones criminales operar con impunidad, aprovechándose de la corta duración de las condenas y la posibilidad de reintegración.
El ministro de Defensa, Francis Merino, respaldó la propuesta, afirmando que muchos de los homicidios cometidos por las pandillas son resultado de la “permisibilidad” de las leyes existentes. La reforma busca eliminar esta permisibilidad, imponiendo un castigo ejemplar que disuada a los jóvenes de involucrarse en actividades criminales.
Hasta ahora, la condena máxima para menores en El Salvador era de 60 años, y la pena perpetua estaba expresamente prohibida por la Constitución. La enmienda propuesta requiere la ratificación del Congreso, mientras que la norma específica que incluye a los menores deberá ser aprobada en los próximos días.
Esta iniciativa se produce un año después de que el gobierno de Bukele reformara una ley para enviar a menores detenidos por vínculos con pandillas a cárceles de adultos, donde son mantenidos separados de los adultos hasta que cumplen la mayoría de edad. Esta medida, ya criticada por organizaciones de derechos humanos, ha contribuido a un aumento significativo en el número de niños y adolescentes encarcelados en el país.
Según un informe de Human Rights Watch publicado en julio de 2024, más de 3.000 niños y adolescentes han sido detenidos bajo el régimen de excepción que sustenta la guerra contra las pandillas. La organización internacional considera que estas detenciones violan las normas internacionales de derechos humanos, especialmente en lo que respecta a la protección de la infancia.
La popularidad de Bukele se ha disparado gracias a la drástica reducción de los homicidios y al desmantelamiento de las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, declaradas organizaciones terroristas por Estados Unidos y El Salvador. Sin embargo, su política de seguridad, que ha sido elogiada por algunos países de América Latina como un modelo a seguir, ha sido objeto de fuertes críticas por parte de grupos de derechos humanos.
Estos grupos denuncian que el régimen de excepción, vigente desde hace cuatro años, ha permitido la detención arbitraria de más de 91.500 personas acusadas de ser miembros o cómplices de las pandillas, sin el debido proceso legal. También han documentado casos de tortura, muertes en prisión y desapariciones forzadas.
La diputada oficialista Suecy Callejas defendió la propuesta de cadena perpetua, argumentando que “no hay vuelta atrás” con los pandilleros y que “no hay posibilidad de reinserción o rehabilitación” para ellos. Esta postura refleja la línea dura adoptada por el gobierno de Bukele en su lucha contra la delincuencia.
El ministro Villatoro señaló que la cadena perpetua es una práctica común en países como Canadá, Perú, Chile, Argentina y Estados Unidos, aunque en este último país se permite la posibilidad de libertad condicional. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos advierten que la cadena perpetua para menores es una violación de los derechos fundamentales y contradice los principios de justicia restaurativa.
Organizaciones nacionales como Cristosal, que opera desde el exilio, e internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, han denunciado la detención de miles de inocentes, así como la práctica sistemática de torturas y desapariciones forzadas.
El endurecimiento de la ofensiva antipandillas se produce una semana después de que un grupo de destacados juristas internacionales acusara al gobierno de El Salvador de cometer “crímenes de lesa humanidad” en su política contra la delincuencia. Estas acusaciones han sido rechazadas por el presidente Bukele, quien ha calificado a las organizaciones de derechos humanos de “bufetes” de defensa de criminales y ha acusado a sus detractores de buscar la liberación de miles de pandilleros.
La propuesta de cadena perpetua para menores de edad plantea serias interrogantes sobre el futuro de la justicia juvenil en El Salvador y el respeto a los derechos humanos. Mientras el gobierno insiste en que esta medida es necesaria para combatir la delincuencia y proteger a la sociedad, las organizaciones de derechos humanos advierten que podría conducir a una mayor criminalización de la infancia y a la violación de las normas internacionales. El debate sobre esta controvertida reforma seguramente continuará en los próximos días, mientras el Congreso se prepara para votar sobre esta medida que podría cambiar para siempre el panorama de la justicia penal en El Salvador.
