Santiago, 19 de marzo de 2026 – La política chilena se encuentra convulsionada tras una semana de revelaciones explosivas que involucran a altos exfuncionarios, deudas millonarias y presuntos casos de tráfico de influencias en el sistema de salud. El exfiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, se convirtió en la primera persona en ocupar ese cargo en ser enviada a prisión preventiva, mientras que el gobierno de Gabriel Boric endurece la política de cobranza del Crédito con Aval de Estado (CAE) y una investigación de la Contraloría apunta a posibles irregularidades en la atención médica brindada a la madre de la exministra de Salud, Ximena Aguilera.
La formalización de Manuel Guerra, tras ocho jornadas de audiencia, marca un hito en la lucha contra la corrupción en el país. El juez Guillermo Rodríguez del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago aceptó las imputaciones de cohecho, prevaricación y revelación de secreto presentadas por el fiscal regional de Arica, Mario Carrera. La investigación se centra en la presunta relación de Guerra con el abogado Luis Hermosilla, figura central en el denominado “Caso Hermosilla”, que ya ha salpicado a otros actores políticos, incluyendo al exministro del Interior, Andrés Chadwick.
Según la fiscalía, Guerra habría favorecido a cercanos a Hermosilla en causas de gran relevancia, como los casos Penta, Exalmar y Dominga, a cambio de beneficios. Los chats entre Guerra y Hermosilla, presentados como evidencia clave, revelarían una trama de influencias y acuerdos ilegales. El juez Rodríguez, en su resolución, señaló que Guerra habría gestionado con Hermosilla y Chadwick su contratación en la Universidad San Sebastián, reabriendo la investigación sobre el rol del exministro en este entramado. La prisión preventiva de Guerra envía un mensaje contundente sobre la determinación de la justicia de perseguir la corrupción en todos los niveles del Estado.
En el ámbito económico, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunció medidas drásticas para abordar la creciente morosidad del CAE, un programa de crédito estatal que ha alcanzado niveles alarmantes. La cartera impaga del CAE se ha multiplicado por ocho desde 2018, pasando de $500 mil millones a $4 billones. Ante esta situación, Quiroz instruyó a la Tesorería General de la República (TGR) a iniciar acciones de cobro a los deudores morosos con remuneraciones mensuales superiores a $1,5 millones brutos mensuales, que representan el 20% del total de morosos.
El ministro Quiroz enfatizó que la TGR tiene instrucciones de iniciar embargos a aquellos que se nieguen a pagar sus deudas. Sin embargo, la decisión del gobierno ha generado controversia, ya que se ha revelado que desde 2017 el Estado no había iniciado acciones de cobro significativas. Datos de la Comisión Ingresa, entidad que administra el CAE, indican que el año pasado la TGR recaudó $22.895 millones por retenciones tributarias aplicadas a más de 152 mil deudores, lo que sugiere que la situación de morosidad es aún más grave de lo que se había reconocido. La medida busca recuperar fondos públicos y enviar un mensaje de responsabilidad a los deudores, pero podría generar tensiones sociales y críticas por su impacto en las finanzas personales de los afectados.
El tercer foco de la crisis política se centra en las acusaciones de tráfico de influencias en el sistema de salud. Un informe reservado de la Contraloría acreditó que el jefe de asesores de la exministra de Salud, Ximena Aguilera, se comunicó con directivos del Hospital del Salvador previo a la intervención quirúrgica a la que fue sometida la madre de la secretaria de Estado. La Contraloría investiga si hubo intervenciones indebidas que habrían favorecido una atención expedita a la madre de Aguilera, en detrimento de otros pacientes que esperaban por una cama básica.
El informe de la Contraloría revela que, tras el llamado del jefe de asesores de Aguilera, Manuel Nájera de Ferrari, se realizaron coordinaciones con distintas autoridades del hospital. Se constató que el tiempo de espera de otros pacientes con diagnóstico similar fue de más de 123 horas, mientras que la madre de Aguilera recibió una atención preferente sin justificación aparente. La situación ha generado indignación en la opinión pública y ha provocado fuertes críticas de la oposición.
Parlamentarios de las bancadas oficialistas han anunciado que estudian enviar los antecedentes al Ministerio Público para que se investigue una eventual responsabilidad penal. El diputado Daniel Lilayu (UDI) señaló que su bancada está evaluando esta opción, mientras que el diputado Andrés Celis (RN) sugirió la posibilidad de activar una acusación constitucional contra Aguilera por presunta trasgresión al principio de probidad. La investigación de la Contraloría podría tener consecuencias políticas significativas para Aguilera y su equipo, y podría poner en tela de juicio la integridad del sistema de salud público.
Estos tres casos, aparentemente inconexos, convergen en un panorama de crisis institucional que amenaza con socavar la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado. La investigación de la corrupción en el ámbito judicial, la gestión de la deuda pública y las acusaciones de tráfico de influencias en el sistema de salud plantean desafíos urgentes para el gobierno de Gabriel Boric, que deberá demostrar su capacidad para abordar estos problemas de manera transparente y efectiva. La ciudadanía espera respuestas claras y acciones concretas para restaurar la credibilidad de las instituciones y garantizar la igualdad de oportunidades para todos los chilenos.
