Cartago – Una exfuncionaria del Colegio Universitario de Cartago (CUC) enfrenta una investigación penal por presunto peculado, luego de que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) detectara el uso indebido de una tarjeta institucional para compras personales por un monto total de ¢2.857.000. La imputada, identificada por las autoridades como Jiménez Venegas, quien se desempeñaba como proveedora en la institución, habría realizado 36 transacciones irregulares entre los meses de abril y mayo de 2023.
La investigación, que se desprende del expediente número 23-0003014-345-PE, revela que la tarjeta en cuestión estaba destinada exclusivamente a la adquisición rápida de insumos esenciales para el correcto funcionamiento del CUC. Sin embargo, según las pruebas recabadas por la FAPTA, la exfuncionaria habría aprovechado su posición para realizar compras de carácter personal, incluyendo artículos de vestimenta, calzado y productos para el hogar, desviando así fondos públicos a beneficio propio.
El Ministerio Público, tras analizar la evidencia, solicitó formalmente al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública la apertura a juicio contra Jiménez Venegas. La solicitud se basa en la imputación de 36 delitos de peculado en la modalidad de sustracción, una figura penal que se configura cuando un funcionario público se apropia indebidamente de bienes o dinero perteneciente al erario público que le haya sido confiado en razón de su cargo.
El Código Penal costarricense define el peculado como un delito grave, castigado con penas de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. La gravedad de la acusación radica en la violación de la confianza pública y el perjuicio económico causado al CUC, una institución educativa que depende de recursos limitados para cumplir con su misión de brindar educación superior de calidad.
La FAPTA ha estado llevando a cabo una serie de investigaciones en diferentes instituciones públicas con el objetivo de combatir la corrupción y garantizar la transparencia en el manejo de los recursos estatales. Este caso particular, según fuentes cercanas a la investigación, se originó a partir de una auditoría interna realizada por el CUC, donde se detectaron irregularidades en el uso de la tarjeta institucional. La institución, al tomar conocimiento de las posibles irregularidades, puso el caso a disposición de las autoridades competentes.
La apertura a juicio, de ser aprobada por el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, marcaría el inicio de un proceso judicial en el que Jiménez Venegas tendrá la oportunidad de defenderse de las acusaciones en su contra. Durante el juicio, la FAPTA deberá presentar pruebas contundentes que demuestren la culpabilidad de la imputada más allá de toda duda razonable.
Este caso ha generado preocupación en la comunidad universitaria del CUC, así como en la opinión pública en general. La posibilidad de que una funcionaria haya aprovechado su cargo para enriquecerse a costa del erario público socava la confianza en las instituciones y alimenta el escepticismo sobre la integridad de los funcionarios públicos.
El CUC, por su parte, ha emitido un comunicado en el que expresa su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas. La institución ha asegurado que colaborará plenamente con las autoridades en la investigación y que tomará todas las medidas necesarias para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.
“El Colegio Universitario de Cartago rechaza enérgicamente cualquier acto de corrupción y reafirma su compromiso con el uso responsable y transparente de los recursos públicos”, señala el comunicado. “Estamos convencidos de que la justicia actuará con firmeza para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables”.
La investigación de la FAPTA continúa en curso, y no se descarta la posibilidad de que se presenten nuevas imputaciones o se amplíe el alcance de la investigación para determinar si otras personas estuvieron involucradas en el presunto esquema de peculado.
Este caso sirve como un recordatorio de la importancia de fortalecer los mecanismos de control interno en las instituciones públicas y de promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas. La lucha contra la corrupción es un desafío constante que requiere el compromiso de todos los actores de la sociedad, desde las autoridades gubernamentales hasta los ciudadanos individuales.
La apertura a juicio de Jiménez Venegas podría sentar un precedente importante en la lucha contra la corrupción en Costa Rica, demostrando que los funcionarios públicos que abusan de su poder y se apropian indebidamente de los recursos públicos no quedarán impunes. El resultado del juicio será seguido de cerca por la comunidad universitaria, la opinión pública y las autoridades competentes, quienes esperan que se haga justicia y se restablezca la confianza en las instituciones.
