En una operación coordinada y ejecutada durante la mañana de este martes, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) logró desarticular una de las organizaciones criminales más relevantes dedicadas al ingreso de sustancias ilícitas a los centros penitenciarios. La intervención policial consistió en la realización de 37 allanamientos simultáneos, una acción táctica que permitió golpear la estructura operativa de este grupo delictivo.
Como resultado inmediato de estos operativos, las autoridades reportaron la captura de 34 personas. Entre los detenidos destaca la figura del jefe de la Policía Penitenciaria de Guápiles, cuya implicación representa un punto crítico en la investigación, dado que su posición jerárquica dentro del sistema penitenciario facilitaba, presuntamente, las maniobras de ingreso de narcóticos a las cárceles.
Este despliegue policial no fue un evento aislado, sino el resultado final de un exhaustivo proceso de inteligencia y seguimiento que se extendió durante dos años. A lo largo de este periodo de investigación, el OIJ logró recopilar pruebas suficientes para vincular a los integrantes de esta organización no solo con el tráfico de drogas, sino también con delitos mucho más graves, incluyendo la comisión de homicidios.
El director del OIJ, Michael Soto, brindó detalles sobre la modalidad operativa que empleaba la banda para evadir los controles de seguridad en los centros penales. Según el funcionario, la organización implementó un sistema de reclutamiento basado en la explotación de mujeres que se encontraban en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. A estas personas se les ofrecía una suma de dinero, aproximadamente ₡300.000, a cambio de introducir cápsulas de droga en los centros penitenciarios.
El método de ocultamiento era sumamente específico y riesgoso: las cápsulas, que contenían aproximadamente 150 gramos de sustancias prohibidas, eran ocultadas entre los genitales de las mujeres reclutadas. De esta manera, la organización pretendía burlar las revisiones rutinarias y los protocolos de seguridad establecidos en los diversos centros penitenciarios donde operaban.
La magnitud de la organización criminal superaba el simple tráfico de estupefacientes. Durante el curso de la investigación, los agentes del OIJ lograron establecer una relación directa entre este grupo y tres homicidios ocurridos en la zona de Siquirres. Este vínculo demuestra que la banda poseía una capacidad operativa violenta y que su influencia se extendía más allá de las paredes de las prisiones, impactando la seguridad pública de las comunidades aledañas.
En cuanto a los resultados materiales de los 37 allanamientos, el balance reportado por las autoridades incluye el decomiso de tres armas de fuego, las cuales son fundamentales para comprender el brazo armado de la organización y su capacidad de amedrentamiento. Asimismo, los agentes incautaron una cantidad importante de droga que ya se encontraba dosificada, lista para ser distribuida, ya fuera dentro de los centros penitenciarios o en el mercado externo.
La desarticulación de esta banda representa un avance significativo en la lucha contra la corrupción interna del sistema penitenciario, especialmente por la detención de un alto mando policial en Guápiles. La investigación coordinada por el OIJ pone de manifiesto la complejidad de las redes de narcotráfico que operan en el país, las cuales combinan la manipulación de personas vulnerables con la infiltración en los cuerpos de seguridad del Estado.
Con la captura de las 34 personas y el decomiso de armamento y drogas, las autoridades judiciales ahora procederán a formalizar los cargos correspondientes, basándose en las evidencias recolectadas durante los dos años de vigilancia y el operativo final ejecutado este martes. El caso sigue bajo la supervisión del Organismo de Investigación Judicial para determinar si existen más implicados en esta red de tráfico y asesinatos.
