El Gobierno chileno ha anunciado una ofensiva sin precedentes contra los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) con alta capacidad económica, marcando un giro radical en la gestión de la deuda pública. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó que la Tesorería General de la República (TGR) ha recibido instrucciones directas para iniciar acciones de cobro contra aquellos individuos que registren ingresos brutos mensuales superiores a $1,5 millones. Esta medida, que apunta al 20% de los deudores más acaudalados, busca revertir una tendencia alarmante de impago que ha visto la cartera morosa multiplicarse por ocho en los últimos siete años.
La decisión, anunciada tras un seminario económico, responde a una creciente preocupación por el estado de las finanzas públicas y la necesidad de corregir distorsiones en un sistema que, según el ministro Quiroz, ha permitido que personas con recursos suficientes evadan sus obligaciones financieras. “El derecho social es el CAE, pero nunca ha sido un derecho social no pagarlo”, enfatizó el ministro, subrayando que desde 2017 el Estado no ha implementado acciones de cobro sistemáticas, lo que ha contribuido al aumento exponencial de la deuda.
Las cifras presentadas por Quiroz son contundentes. La deuda impaga del CAE ha escalado de $500 mil millones en 2018 a la alarmante cifra de $4 billones en la actualidad. Esta situación ha generado una presión considerable sobre las arcas fiscales y ha puesto en riesgo la sostenibilidad del programa, diseñado originalmente para facilitar el acceso a la educación superior a estudiantes de bajos y medianos ingresos.
El análisis de datos realizado por la TGR ha revelado la existencia de un grupo selecto de deudores con ingresos significativos. Según el ministro, se han identificado 1.800 personas morosas que perciben sueldos superiores a $5 millones mensuales, acumulando una deuda cercana a US$20 millones con el fisco. Este grupo, en particular, será el foco principal de las acciones de cobro que se llevarán a cabo en las próximas semanas.
El plan de recuperación de deuda contempla el uso de herramientas legales contundentes, incluyendo el juicio ejecutivo, que podría resultar en el embargo de bienes. “Lo vamos a ir a cobrar y vamos a actuar muy ágilmente”, advirtió Quiroz, dejando claro que el Gobierno no dudará en utilizar todos los recursos a su disposición para recuperar los fondos adeudados. Esta declaración representa un cambio significativo en la estrategia de recuperación de deuda, que hasta ahora se había caracterizado por una actitud más permisiva hacia los deudores.
Sin embargo, el ministro Quiroz se ha apresurado a aclarar que la medida no afectará a las personas en situación de vulnerabilidad. “La gente que no le ha ido bien puede estar tranquila”, aseguró, enfatizando que el objetivo no es llevar a cabo una “caza de brujas”. Quiroz precisó que aquellos que enfrenten problemas laborales o dificultades económicas recibirán un trato diferenciado y se les ofrecerán opciones de renegociación de deuda. El Gobierno se compromete a analizar caso por caso, priorizando la protección de los más vulnerables.
En otro ámbito, el ministro Quiroz abordó el tema de la gratuidad en la educación superior, un tema sensible en la opinión pública. Garantizó que ningún beneficiario actual perderá el beneficio, pero anticipó ajustes futuros para nuevos estudiantes, especialmente aquellos mayores de 30 años. Estos ajustes podrían incluir la implementación de criterios de admisión más estrictos o la reducción del porcentaje de cobertura para este grupo etario. El objetivo, según Quiroz, es asegurar la sostenibilidad financiera del sistema de gratuidad a largo plazo.
La decisión del Gobierno ha generado reacciones encontradas. Mientras que algunos sectores han aplaudido la iniciativa como un paso necesario para fortalecer la disciplina fiscal y garantizar la equidad, otros han expresado preocupación por el posible impacto en la economía y el riesgo de afectar a personas que se encuentran en una situación económica precaria.
Expertos en finanzas coinciden en que la recuperación de la deuda del CAE es fundamental para mejorar la salud de las finanzas públicas y liberar recursos que puedan ser destinados a otras áreas prioritarias, como la salud, la educación y la infraestructura. Sin embargo, también advierten que es importante actuar con cautela y evitar medidas que puedan generar un impacto negativo en la actividad económica.
La implementación de este plan de cobro será seguida de cerca por la opinión pública y los actores económicos. El éxito de la iniciativa dependerá de la capacidad del Gobierno para equilibrar la necesidad de recuperar los fondos adeudados con la protección de los más vulnerables y la preservación de la estabilidad económica. La agilidad y la transparencia en la aplicación de las herramientas legales serán cruciales para garantizar la legitimidad y la eficacia de la medida. El gobierno espera que esta acción sirva como un precedente para fortalecer la cultura del pago y promover una mayor responsabilidad financiera entre los ciudadanos.
