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Quito, Ecuador – Santiago Díaz Asque, exasambleísta y figura central en el escándalo conocido como ‘Caja Chica’, ratificó este martes ante la Fiscalía su versión sobre la presunta financiación de actividades políticas del correísmo por parte de funcionarios del gobierno venezolano. La declaración, realizada en un ambiente tenso y marcado por abucheos de manifestantes, reafirma las acusaciones que han sacudido a la política ecuatoriana durante los últimos meses y reaviva el debate sobre la injerencia extranjera en asuntos internos del país.
Díaz, quien se encuentra cumpliendo prisión preventiva en el contexto de la investigación, insistió en que recibió instrucciones directas de altos mandos del gobierno de Rafael Correa para coordinar el envío y recepción de fondos provenientes de Venezuela. Según su testimonio, estos recursos, que se canalizaron a través de empresas fachada y cuentas bancarias en paraísos fiscales, tenían como objetivo financiar campañas políticas, sobornar a funcionarios públicos y consolidar el poder del régimen correísta.
La declaración de Díaz se centra en el período comprendido entre 2007 y 2017, coincidiendo con los años de mayor auge del gobierno de Correa y la estrecha relación con el entonces presidente venezolano Hugo Chávez. El exasambleísta afirma que la entrega de fondos se realizaba de manera discreta, utilizando valijas con dinero en efectivo y transferencias bancarias encubiertas. Detalla que la logística de estas operaciones era coordinada por un grupo selecto de personas de confianza, incluyendo a funcionarios del gobierno ecuatoriano y representantes del gobierno venezolano.
La Fiscalía, que ha estado investigando el caso ‘Caja Chica’ desde hace varios meses, ha recopilado una serie de pruebas que respaldan la versión de Díaz, incluyendo documentos bancarios, correos electrónicos y testimonios de otros implicados. Sin embargo, la investigación se ha visto obstaculizada por la falta de cooperación de algunos de los principales sospechosos, quienes se han negado a declarar o han ofrecido versiones contradictorias.
La ratificación del testimonio de Díaz ante la Fiscalía ha generado una fuerte reacción en el ámbito político ecuatoriano. El oficialismo, liderado por el presidente Daniel Noboa, ha calificado las revelaciones como “graves” y ha prometido llevar a los responsables ante la justicia. Por su parte, la oposición correísta ha denunciado una “persecución política” y ha calificado a Díaz de “arrepentido” que busca obtener beneficios a cambio de su colaboración con la Fiscalía.
El expresidente Rafael Correa, quien reside actualmente en Bélgica, ha rechazado categóricamente las acusaciones y ha calificado el caso ‘Caja Chica’ como una “falsedad” orquestada por sus adversarios políticos. Correa ha insistido en que su gobierno nunca recibió fondos ilegales de Venezuela y que la relación con Chávez se basó en la cooperación y el intercambio comercial. Sin embargo, las pruebas presentadas por la Fiscalía y el testimonio de Díaz ponen en duda estas afirmaciones.
La investigación del caso ‘Caja Chica’ también ha puesto en el centro de atención el papel de varios funcionarios venezolanos, quienes presuntamente estuvieron involucrados en la entrega de fondos al correísmo. La Fiscalía ha solicitado la colaboración de las autoridades venezolanas para obtener información sobre estas personas, pero hasta el momento no ha recibido una respuesta satisfactoria.
El caso ‘Caja Chica’ no solo tiene implicaciones políticas en Ecuador, sino que también podría afectar las relaciones bilaterales con Venezuela. El gobierno ecuatoriano ha expresado su preocupación por las presuntas injerencias venezolanas en sus asuntos internos y ha advertido que tomará las medidas necesarias para proteger su soberanía.
La ratificación del testimonio de Díaz ante la Fiscalía representa un nuevo capítulo en el escándalo ‘Caja Chica’ y podría tener consecuencias significativas para el futuro político de Ecuador. La investigación continúa en curso y se espera que en los próximos meses se revelen nuevos detalles sobre la presunta financiación ilegal del correísmo por parte de Venezuela. La ciudadanía ecuatoriana observa con atención el desarrollo de este caso, que ha generado una profunda crisis de confianza en las instituciones políticas del país.
Analistas políticos coinciden en que el caso ‘Caja Chica’ podría tener un impacto duradero en la política ecuatoriana. La revelación de presuntos actos de corrupción y la posible injerencia extranjera podrían erosionar aún más la confianza de la ciudadanía en los partidos políticos y en el sistema democrático. Además, el caso podría reavivar el debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la financiación de las campañas políticas.
La Fiscalía ha anunciado que continuará investigando el caso ‘Caja Chica’ y que no descartará la posibilidad de ampliar la investigación a otros países y jurisdicciones. Se espera que en los próximos meses se presenten nuevas denuncias y se realicen nuevos interrogatorios a implicados en el escándalo. El futuro político de Ecuador podría depender en gran medida del resultado de esta investigación.
