El Gobierno central ha anunciado la transferencia de $3.848 millones a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD) a través del Modelo de Equidad Territorial (MET) para 2026, una inyección de fondos crucial para el funcionamiento de las provincias, municipios y juntas parroquiales del país. Sin embargo, esta asignación viene acompañada de un desafío significativo: la implementación de la Ley de Eficiencia del Gasto Público, que establece una nueva regla 70-30, obligando a los gobiernos locales a destinar al menos el 70% de sus recursos a inversión y limitando el 30% restante para gastos corrientes.
La distribución de estos fondos, calculada con base en la participación de los GAD en los ingresos del Estado (21% de los ingresos permanentes y 10% de los ingresos no permanentes), favorece a las provincias y municipios más poblados y con mayores necesidades. Guayas lidera la lista provincial con $193 millones, seguida de Pichincha con $127.9 millones. A nivel municipal, Quito encabeza la recepción de fondos con $392.5 millones, mientras que Guayaquil recibirá $350.7 millones. Ciudades intermedias como Cuenca ($67 millones), Machala ($42 millones) y Durán ($36 millones) también se beneficiarán de asignaciones relevantes, al igual que cantones en crecimiento como Portoviejo ($35 millones) y Manta ($29.6 millones) en Manabí, y Daule ($22.13 millones) en Guayas.
La presidenta de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), Yuri Colorado, alcaldesa de Muisne, ha reconocido el cumplimiento del Gobierno nacional con las asignaciones correspondientes al ejercicio fiscal 2025, con transferencias recientes por aproximadamente $900 millones. No obstante, señaló la existencia de un mes pendiente de pago que representaría cerca de $200 millones para los municipios.
El MET, como mecanismo de distribución de recursos, considera criterios como la población, las necesidades básicas insatisfechas, la extensión de vías rurales y los resultados de gestión de los gobiernos locales, buscando garantizar la equidad en el acceso a los servicios públicos en todo el territorio nacional. El sistema se compone de tres elementos: un componente poblacional, uno de necesidades y otro de gestión, que en conjunto determinan la asignación final para cada provincia y municipio.
La nueva Ley de Eficiencia del Gasto Público introduce un cambio radical en la forma en que los gobiernos locales deben utilizar estos recursos. El esquema 70-30 busca priorizar la inversión en obras, servicios e infraestructura, evitando que las transferencias del Estado se destinen principalmente a gastos administrativos y operativos. Esto implica que, por ejemplo, de los $392 millones que recibirá Quito, al menos $274 millones deberán invertirse, mientras que el resto podrá cubrir gastos operativos.
La implementación de esta ley será progresiva: el porcentaje de recursos destinado a inversión deberá alcanzar el 65% en 2026, el 68% en 2027 y finalmente el 70% en 2028. Colorado ha manifestado que el equipo técnico de la AME está brindando acompañamiento a los municipios para asegurar el cumplimiento de las nuevas disposiciones.
Si bien la normativa ha sido calificada como positiva por Colorado, quien considera que fortalecerá la disciplina fiscal y permitirá la ejecución de obras importantes como sistemas de agua potable y saneamiento, la realidad es que la regla 70-30 representa un desafío considerable para muchos gobiernos locales. La capacidad de generar proyectos de inversión viables y ejecutar eficientemente los recursos se convierte en un factor crítico para el éxito de esta política.
La restricción en el gasto corriente podría afectar la capacidad de los gobiernos locales para mantener los servicios básicos, pagar salarios y cubrir los costos de funcionamiento institucional. Esto podría generar tensiones y protestas sociales, especialmente en municipios pequeños que dependen en gran medida de las transferencias del Estado.
La clave para superar este desafío reside en la planificación estratégica y la búsqueda de fuentes alternativas de financiamiento. Los gobiernos locales deberán identificar proyectos de inversión que tengan un impacto significativo en la calidad de vida de la población y que sean susceptibles de atraer inversión privada o financiamiento externo.
Además, es fundamental fortalecer la capacidad técnica de los gobiernos locales para la elaboración de proyectos, la gestión de contratos y la supervisión de obras. La transparencia y la rendición de cuentas son también elementos esenciales para garantizar la confianza de la ciudadanía y evitar la corrupción.
La implementación de la regla 70-30 es un experimento audaz que busca transformar la gestión financiera de los gobiernos locales en Ecuador. Su éxito dependerá de la capacidad de los gobiernos locales para adaptarse a las nuevas reglas, priorizar la inversión en proyectos estratégicos y garantizar la eficiencia en el uso de los recursos. El futuro de las finanzas públicas locales y la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos están en juego. La supervisión y evaluación continua de esta política serán cruciales para identificar posibles problemas y realizar ajustes necesarios. La colaboración entre el Gobierno central y los gobiernos locales será fundamental para garantizar que la regla 70-30 cumpla su objetivo de impulsar el desarrollo y mejorar la calidad de vida de todos los ecuatorianos.
