QUITO – En una sesión histórica celebrada este 13 de marzo, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó con una contundente mayoría de 147 votos una resolución para dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional en el emblemático caso Las Malvinas. La decisión legislativa, que busca reparar integralmente a las familias de Josué, Ismael, Steven y Nehemías – los cuatro menores desaparecidos y asesinados en Guayaquil por miembros de la Fuerza Aérea – establece un día conmemorativo y promueve una reforma crucial a la legislación sobre personas desaparecidas.
La aprobación de esta resolución representa un hito en la búsqueda de justicia y verdad en un caso que ha marcado profundamente la historia reciente de Ecuador. La sentencia de la Corte Constitucional, considerada una de las más severas en contra de las Fuerzas Armadas, no solo condenó a once militares a penas de 34 años y ocho meses de prisión, sino que también exigió una serie de medidas de reparación integral dirigidas a las familias de las víctimas y a la sociedad en su conjunto.
El eje central de la resolución aprobada por la Asamblea Nacional es la declaración del 8 de diciembre como el Día Conmemorativo en memoria de los cuatro niños. Esta fecha, elegida por su significado simbólico, servirá para realizar actos de recordación y preservación de la memoria de Josué, Ismael, Steven y Nehemías, asegurando que sus nombres y su historia no sean olvidados. Además, el día conmemorativo impulsará una reforma a la Ley Orgánica de Actuación en Casos de Personas Desaparecidas y Extraviadas, con el objetivo de fortalecer el marco legal existente y garantizar una respuesta más efectiva y humana ante casos similares en el futuro.
La moción, presentada por la legisladora Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad de la Asamblea, enfatizó la responsabilidad institucional del Estado ecuatoriano de acatar las disposiciones de la Corte Constitucional. Alarcón subrayó que el cumplimiento de estas medidas no es solo un deber legal, sino también un imperativo moral en la búsqueda de justicia y reparación para las víctimas y sus familias. “Este es un paso ineludible para el Estado en su deber de justicia. No podemos permitir que la impunidad prevalezca y que el dolor de estas familias quede sin respuesta”, declaró Alarcón durante su intervención en el Pleno.
A pesar del amplio consenso generalizado en el hemiciclo, la votación no estuvo exenta de disidencias. Las legisladoras Ana Raffo y Mabel Méndez, pertenecientes a la bancada correísta, fueron las únicas en manifestar su oposición al texto final de la resolución. Si bien no se detallaron públicamente las razones específicas de su voto en contra, su postura generó debate y controversia en el ámbito político nacional.
La resolución aprobada por la Asamblea Nacional va más allá de la simple condena penal de los responsables materiales del crimen. Se establece la obligación de ofrecer disculpas públicas en un acto solemne organizado de acuerdo con la voluntad de los familiares de las víctimas y transmitido por medios de comunicación a nivel nacional. Esta disculpa pública, considerada un acto de reconocimiento de la responsabilidad estatal en el caso, busca contribuir a la sanación de las heridas y a la reconstrucción de la confianza entre la ciudadanía y las instituciones.
Asimismo, la resolución contempla la incorporación del caso Las Malvinas al Museo de la Memoria, un espacio dedicado a la preservación de la memoria histórica de las víctimas de violaciones de derechos humanos en Ecuador. Esta medida busca asegurar que la historia de Josué, Ismael, Steven y Nehemías sea conocida y recordada por las futuras generaciones, evitando que el olvido borre la verdad y la justicia.
Otro aspecto fundamental de la resolución es la recuperación de un espacio público en Guayaquil dedicado a la niñez. Este espacio, que deberá ser diseñado y construido en consulta con las familias de las víctimas y la comunidad local, servirá como un símbolo de esperanza y un recordatorio constante del compromiso estatal contra la impunidad y el olvido.
El caso Las Malvinas, que se remonta a la década de 1990, ha sido objeto de una larga y dolorosa lucha por la verdad y la justicia. La desaparición y posterior asesinato de los cuatro niños, a manos de miembros de la Fuerza Aérea acusados de presuntos vínculos con el narcotráfico, conmocionó a la sociedad ecuatoriana y puso en evidencia las graves violaciones de derechos humanos que se cometieron en el país.
La aprobación de esta resolución por parte de la Asamblea Nacional representa un avance significativo en la búsqueda de justicia y reparación para las familias de las víctimas. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para garantizar que la verdad sea conocida en su totalidad, que los responsables sean llevados ante la justicia y que se adopten medidas efectivas para prevenir que tragedias similares se repitan en el futuro.
La sociedad ecuatoriana observa con atención el cumplimiento de las disposiciones de la Corte Constitucional y espera que este caso sirva como un precedente para fortalecer el Estado de Derecho, proteger los derechos humanos y construir un país más justo y equitativo para todos sus ciudadanos. La memoria de Josué, Ismael, Steven y Nehemías seguirá viva en la conciencia colectiva, impulsando la lucha contra la impunidad y el olvido.
