El Ministerio de Juventud e Infancia ha formalizado una denuncia ante la Fiscalía de Menores contra el Gobierno de Aragón. Esta acción legal surge como respuesta a la decisión del Ejecutivo autonómico de suprimir la asignación económica semanal que recibían los inmigrantes menores tutelados por la comunidad autónoma, una medida que ha generado una fuerte controversia al mantenerse dicha ayuda económica para aquellos menores de nacionalidad española.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha manifestado su rechazo absoluto a esta medida a través de un comunicado difundido este lunes. En sus declaraciones, la ministra calificó la decisión de retirar la paga semanal a niños y niñas que se encuentran solos en España como una de las acciones más "repugnantes" que se han observado en los últimos años, justificando así la necesidad de acudir a la vía legal para frenar lo que considera una injusticia.
La medida en cuestión fue anunciada por el Gobierno regional de Aragón, específicamente desde el área de Desregulación, Bienestar Social y Familia. Esta cartera se encuentra bajo la vicepresidencia de Alejandro Nolasco, representante de Vox. El responsable autonómico ha minimizado la importancia de estas asignaciones económicas, que ascienden a 17 euros semanales por menor, llegando a calificar estas cuantías como simples "propinas".
Para justificar la retirada de estas ayudas, el Gobierno regional ha argumentado que tales asignaciones carecían de una regulación clara y precisa. Asimismo, han puesto el foco en el impacto presupuestario, señalando que el gasto anual derivado de estas pagas se situaba en torno a los 180.000 euros, una cifra que, según el Ejecutivo aragonés, supone una carga para las arcas locales. En este sentido, Alejandro Nolasco sostuvo que esos 180.000 euros anuales equivaldrían al coste de financiar hasta siete nuevas plazas para ancianos en residencias, utilizando esta comparativa para validar la decisión de recortar la ayuda a los menores inmigrantes.
Desde la perspectiva del Ministerio de Juventud e Infancia, esta resolución establece un trato desigual y discriminatorio entre menores que se hallan bajo la tutela de una misma administración pública, basando la diferencia de trato únicamente en el origen de los jóvenes. El Gobierno central sostiene que esta acción podría vulnerar derechos fundamentales de la infancia y constituir una discriminación explícita por razón de nacimiento, raza y circunstancias personales. Además, el Ministerio advierte que este hecho podría dar lugar, en su caso, a la comisión de un posible delito de odio.
En el escrito remitido a la Fiscalía, el Gobierno argumenta que la retirada de la prestación contraviene el principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución española. Asimismo, se hace referencia al artículo 39 de la Carta Magna, el cual recoge los principios de protección de la familia y de la infancia, obligando a los poderes públicos a garantizar la protección efectiva de los menores de edad.
La ministra Sira Rego ha intensificado sus críticas hacia la medida, tildándola de "racista", "miserable" y "cutre". Según la responsable ministerial, esta decisión no es un hecho aislado, sino que responde a la "aplicación directa de la prioridad racista que el PP ha firmado gustosamente con Vox". Rego advirtió que este tipo de acciones tienen como objetivo "crear un caldo de cultivo donde el odio se convierta en la norma" dentro de la sociedad.
El Ministerio ha recordado que las administraciones que tienen la responsabilidad legal de los menores tutelados deben garantizar sus necesidades básicas y fomentar su integración social sin ningún tipo de discriminación. En este contexto, el Gobierno defiende que estas asignaciones económicas semanales no son superfluas, sino que contribuyen activamente a fomentar la autonomía de los jóvenes y facilitan su transición hacia la vida adulta.
Finalmente, la denuncia presentada insta a la Fiscalía a iniciar una investigación exhaustiva sobre los hechos y a adoptar, si lo considera oportuno, todas las medidas necesarias para asegurar la protección de los menores inmigrantes afectados por la decisión del Gobierno de Aragón.
