San Salvador, El Salvador – La comunidad de La Floresta y el defensor de derechos humanos Fidel Zavala enfrentan una nueva prórroga de seis meses en su proceso judicial, prolongando una detención que ya supera el año. La Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDEHC) ha denunciado la decisión como arbitraria e injustificada, alegando violaciones a las garantías procesales y señalando una posible persecución política.
La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó la prórroga, la cual fue aprobada por el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado, Juez 3. Esta ampliación del plazo de instrucción ha generado indignación entre defensores de derechos humanos y abogados, quienes argumentan que la FGR no ha presentado pruebas sólidas que justifiquen la prolongación del proceso.
Ivania Cruz, abogada de UNIDEHC y actualmente en el exilio, condenó la situación, calificándola como un “delito de lesa humanidad”. En declaraciones desde el extranjero, Cruz enfatizó la injusticia que enfrenta su colega, Fidel Zavala, quien fue detenido en febrero de 2025 tras denunciar torturas y corrupción en centros penales. “Fidel continúa injustamente detenido sin que se le garantice un proceso justo”, afirmó Cruz.
La abogada también criticó la falta de diligencia de la Fiscalía en la investigación. Según UNIDEHC, el equipo legal ha presentado pruebas y testigos que podrían ser relevantes para el caso, pero la FGR se ha negado a entrevistarlos o incorporarlos al proceso. “La Fiscalía no tiene una sola prueba de los delitos que se le atribuyen a la comunidad ni mucho menos a nuestro vocero Fidel Zavala”, denunció Cruz.
La comunidad de La Floresta y Zavala están acusados de usurpar el inmueble denominado finca La Floresta, ubicado en San Juan Opico, así como de otros delitos como agrupaciones ilícitas, comercialización irregular de parcelas, ejercicio ilegal de la profesión, limitación ilegal a la libertad de circulación y amenazas con agravación especial. Sin embargo, UNIDEHC argumenta que los cargos son infundados y que el proceso judicial está motivado por represalias contra los defensores de derechos humanos y los líderes comunitarios que han denunciado abusos y corrupción.
Rudy Joya, otro abogado de UNIDEHC también en el exilio, anunció que continuarán denunciando las arbitrariedades del sistema de justicia salvadoreño a nivel nacional e internacional. Joya señaló que su caso y el de Cruz son ejemplos de persecución política, ya que se les ha concedido asilo en otro país. “Este proceso fue fabricado por la Fiscalía”, afirmó Joya.
La situación ha generado preocupación en organizaciones de derechos humanos a nivel internacional. UNIDEHC ha solicitado el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas y Amnistía Internacional para garantizar la vida de Fidel Zavala, quien, según la organización, corre riesgo dentro del sistema penitenciario debido a sus denuncias de tortura y corrupción.
El caso de La Floresta se enmarca en un contexto de creciente preocupación por el estado de derecho y los derechos humanos en El Salvador. Desde la implementación del régimen de excepción en marzo de 2022, el gobierno ha intensificado la represión contra la disidencia y ha detenido a miles de personas bajo acusaciones vagas y sin el debido proceso.
La prolongación del caso de La Floresta y la falta de garantías procesales para los acusados son un reflejo de esta tendencia, según defensores de derechos humanos. La decisión del Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de aprobar la prórroga de seis meses ha sido interpretada como un signo de complicidad con la Fiscalía y una falta de independencia judicial.
La comunidad de La Floresta ha luchado durante años por el acceso a la tierra y la defensa de sus derechos territoriales. Los líderes comunitarios han denunciado la intimidación y la violencia por parte de actores poderosos que buscan despojarlos de sus tierras. La detención de los 23 habitantes de la comunidad y la persecución de los defensores de derechos humanos son vistos como un intento de silenciar sus voces y debilitar su lucha.
La situación de Fidel Zavala es particularmente preocupante. El defensor de derechos humanos ha sido un crítico vocal de las políticas gubernamentales y ha denunciado abusos contra los derechos humanos en centros penales. Su detención y la falta de un juicio justo son considerados como una represalia por su trabajo en la defensa de los derechos humanos.
UNIDEHC ha anunciado que continuará trabajando para defender los derechos de la comunidad de La Floresta y de Fidel Zavala. La organización ha prometido llevar el caso a todas las instancias nacionales e internacionales posibles para exigir justicia y el respeto de las garantías procesales.
La prolongación del caso de La Floresta plantea serias interrogantes sobre la independencia del poder judicial y el respeto de los derechos humanos en El Salvador. La comunidad internacional observa con preocupación la situación y exige al gobierno salvadoreño que garantice un proceso justo y transparente para los acusados, así como la protección de los defensores de derechos humanos. La falta de acción podría tener consecuencias negativas para la imagen del país y su relación con la comunidad internacional.
