Santiago, 12 de marzo de 2026 – La jornada de este jueves se ve marcada por dos eventos de alta relevancia nacional: el grave estado de salud del exconvencional constituyente Rodrigo Rojas Vade, encontrado en estado crítico tras un brutal ataque, y la activación de las primeras medidas del gobierno de José Antonio Kast, enfocadas en seguridad, control y eficiencia. A esto se suma el complicado caso del exfiscal Manuel Guerra, formalizado por cargos de corrupción que sacuden los cimientos del sistema judicial.
El caso de Rojas Vade ha generado conmoción y preocupación en el espectro político. El exconvencional, conocido por su controvertida trayectoria y el escándalo de su falsa enfermedad, fue hallado esta madrugada maniatado y con lesiones graves a la altura del kilómetro 59 de la Ruta 78. Según fuentes de Radio Bío Bío, el ataque incluyó mensajes escritos en su cuerpo con consignas políticas dirigidas contra su sector. Las autoridades investigan el hecho como un secuestro con lesiones, sin descartar la motivación política ni una posible conexión con el tráfico de drogas.
Los primeros antecedentes, divulgados por Emol, indican que Rojas Vade salió de su domicilio la noche del 11 de marzo para comprar cigarros y nunca regresó. Su padre denunció su desaparición, dando inicio a una búsqueda que culminó con el hallazgo de su cuerpo en un sitio eriazo. La gravedad de sus lesiones lo ha obligado a ser inducido a un coma para estabilizar su estado.
La historia de Rojas Vade está marcada por la controversia. Su ascenso a la notoriedad pública se produjo durante el estallido social de 2019, cuando se presentaba como un paciente terminal de cáncer. Sin embargo, en 2021, La Tercera reveló que había simulado la enfermedad, lo que provocó un escándalo y su posterior renuncia al cargo de convencional constituyente. En 2023, fue condenado por estafa residual, tras admitir haber engañado a la opinión pública. Desde entonces, se mantenía un perfil bajo, trabajando como conductor de aplicaciones de transporte, según reporta Radio Bío Bío.
La investigación, a cargo de Carabineros, se centra en determinar las motivaciones del ataque y la identidad de los responsables. La posibilidad de un ajuste de cuentas relacionado con su pasado o una venganza política son líneas de investigación que se manejan con cautela.
Paralelamente, el presidente José Antonio Kast ha dado inicio formal a su gobierno con la firma de una serie de decretos e instrucciones que delinean sus prioridades. La “Política Nacional de Cierre Fronterizo” es la primera medida anunciada, implicando un incremento de la presencia militar en la Macrozona Norte y el uso de drones para mejorar la vigilancia. El nombramiento de Alberto Soto Valenzuela como comisionado para la Macrozona Norte busca coordinar la acción de las Fuerzas Armadas, la policía y los servicios fiscalizadores.
La “Auditoría Total” a todos los ministerios e instituciones del Estado es otra de las medidas clave, con el objetivo de detectar y denunciar cualquier irregularidad. Kast ha enfatizado la importancia de la transparencia y la eficiencia en la gestión pública. Además, se busca destrabar 51 recursos de reclamación pendientes en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEIA), proyectos que, según el gobierno, han sufrido retrasos administrativos injustificados, bloqueando una inversión de US$16 mil millones.
La reconstrucción de Valparaíso, Ñuble y Biobío, zonas afectadas por desastres naturales, y la puesta en marcha del Plan Escudo Fronterizo, que busca erradicar los pasos no habilitados para la migración irregular, completan el paquete inicial de medidas del gobierno de Kast. Estas acciones reflejan su enfoque en la seguridad, el control y la reactivación económica.
En el ámbito judicial, la cuarta jornada de formalización del exfiscal Manuel Guerra ha estado marcada por la solicitud del Consejo de Defensa del Estado (CDE) de prisión preventiva. El organismo argumenta que la libertad de Guerra representa un peligro para la sociedad, considerando su rol “fundamental” en la persecución de delitos durante su carrera.
Guerra enfrenta cargos por cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación de secreto, a raíz de los chats que mantuvo con el penalista Luis Hermosilla. Según la Fiscalía, Guerra habría favorecido a imputados ligados a la UDI, al expresidente Sebastián Piñera y a cercanos de Hermosilla en causas de alta connotación pública, además de entregar información reservada al abogado.
La rápida transición de Guerra del Ministerio Público a la Universidad San Sebastián, ligada a la UDI, y a entidades municipales cuyos alcaldes son gremialistas, ha levantado sospechas sobre una posible “recompensa” por sus acciones. El CDE considera que esta situación refuerza la necesidad de mantenerlo bajo custodia preventiva.
El Ministerio Público ya había solicitado la prisión preventiva en la audiencia del miércoles, a pesar de haber considerado inicialmente el arresto domiciliario total. La decisión final sobre la medida cautelar recaerá en el juez, quien deberá evaluar los argumentos de ambas partes y la gravedad de los cargos imputados a Guerra.
Estos tres eventos –el ataque a Rojas Vade, las primeras medidas del gobierno de Kast y el caso Guerra– configuran un panorama complejo y desafiante para el país. La investigación del ataque a Rojas Vade podría revelar conexiones inesperadas y poner en evidencia tensiones políticas latentes. Las medidas de Kast, por su parte, generarán debate y expectativas sobre su impacto en la economía y la seguridad nacional. Y el caso Guerra, con sus implicaciones en el sistema judicial y la política, podría desencadenar una crisis de confianza en las instituciones. La atención de la opinión pública se centra ahora en el desarrollo de estos acontecimientos y sus posibles consecuencias.
