El nuevo gobierno de José Antonio Kast enfrenta acusaciones de conflicto de interés tras la revelación de vínculos estrechos entre sus ministros y las industrias que deberán regular. Expertos advierten sobre una posible "captura corporativa" del Estado, poniendo en riesgo los derechos humanos y la responsabilidad democrática.
Santiago, 12 de marzo de 2026 – Apenas un día después de asumir la presidencia, el gobierno de José Antonio Kast se encuentra bajo escrutinio debido a la composición de su gabinete y las principales subsecretarías. Un análisis exhaustivo realizado por los abogados José Aylwin y Francisco Arellano revela un patrón alarmante: un número significativo de altos funcionarios provienen directamente de los sectores empresariales que sus respectivas carteras tienen la función de supervisar. Esta situación, definida por los expertos como "captura corporativa", genera serias preocupaciones sobre la independencia del Estado y la protección de los derechos humanos.
La preocupación central radica en la contradicción entre la composición del gabinete y los estándares internacionales en materia de derechos humanos y empresas. Desde la adopción de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos en 2011, el derecho internacional ha establecido claramente la responsabilidad del Estado de proteger los derechos humanos frente a las acciones de terceros, incluyendo las empresas. Este deber implica la adopción de medidas concretas para prevenir, investigar, sancionar y reparar abusos cometidos por actores privados.
Sin embargo, la presencia de funcionarios con vínculos directos y recientes con las industrias reguladas compromete este deber de protección. Los Principios Rectores enfatizan la necesidad de independencia entre el regulador y el regulado para garantizar una tutela efectiva de los derechos. El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Empresas ha advertido sobre el peligro de la influencia empresarial en los procesos legislativos y regulatorios, que puede anular la capacidad del Estado de actuar en favor del interés público.
La Observación General N° 24 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas refuerza esta idea, subrayando la necesidad de prevenir conflictos de interés de los funcionarios públicos con el sector privado, incluyendo regulaciones sobre la "puerta giratoria" – el tránsito sin restricciones entre cargos públicos y posiciones en las industrias reguladas.
El gobierno de Kast, hasta el momento, no ha mostrado señales de priorizar este asunto. La designación de Jorge Quiroz como Ministro de Hacienda es particularmente preocupante. Quiroz, como economista consultor, participó en algunos de los casos de colusión más emblemáticos de la historia económica chilena, siempre defendiendo a las empresas infractoras. Su participación en el caso del "cartel de los pollos" y su declaración en la colusión de las farmacias, minimizando la existencia de acuerdos ilegales, levantan serias dudas sobre su capacidad para actuar con imparcialidad en la regulación del sistema financiero y la definición de las prioridades del presupuesto público.
La designación de Daniel Mas como doble ministro de Economía y Minería también genera controversia. Proveniente de la vicepresidencia de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), la principal organización gremial empresarial del país, Mas tendrá la responsabilidad de tomar decisiones sobre royalties, regulación ambiental y territorios indígenas en zonas de extracción, con consecuencias directas sobre los derechos humanos.
Álvaro González, Subsecretario de Minería, fue director del Comité de Asuntos Legislativos de la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI), gremio que representa los intereses de los grandes operadores mineros privados. Su rol en la regulación técnica de una industria con impactos documentados sobre el agua, los territorios indígenas y las zonas de sacrificio ambiental es motivo de preocupación.
En la Cancillería, Francisco Pérez Mackenna, proveniente de la gerencia general de Quiñenco, el holding del Grupo Luksic, uno de los conglomerados empresariales más grandes de Chile, podría priorizar los intereses de las empresas en la política exterior, afectando los tratados de libre comercio, los mecanismos de protección de inversiones y las posiciones del Estado chileno en foros internacionales.
Paula Estévez, Subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, llega desde la gerencia general de la Cámara Chileno-Norteamericana de Comercio (AmCham Chile), lo que podría influir en la negociación de tratados de libre comercio y la gestión de mecanismos de protección de inversiones, instrumentos que históricamente han sido utilizados para cuestionar regulaciones estatales en materia ambiental y de derechos humanos.
La preocupación se extiende a otras carteras. La Ministra de Salud, May Chomali, con una larga trayectoria en la Clínica Las Condes; la Ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, proveniente de Libertad y Desarrollo, un think tank financiado por sectores empresariales; el Ministro de Defensa, Fernando Barros Tocornal, ex abogado de Pinochet y defensor de los intereses empresariales; e Iván Poduje, cuya consultora asesora al sector inmobiliario, al frente de Vivienda, son ejemplos de cómo la influencia empresarial se extiende a lo largo del gabinete.
La designación de Karl Franz Koehler como Subsecretario de Economía, con vínculos con la firma de abogados corporativos Dentons Chile; Francesco Venezian como Subsecretario de Agricultura, con trayectoria en la SNA y la agroindustria; y Sebastián Figueroa como Subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, ex gerente general de la Asociación Chilena de Seguridad, replican este patrón en la segunda línea del gobierno.
Aylwin y Arellano enfatizan que la presencia de personas provenientes del mundo empresarial no es inherentemente negativa. Sin embargo, cuando existe un conflicto estructural entre las funciones públicas asumidas y los intereses del sector de origen, el Estado tiene la obligación de establecer salvaguardias efectivas, como períodos de incompatibilidad, transparencia sobre vínculos previos y mecanismos de control independientes.
La aprobación de la legislación sobre transparencia y acceso a la información pública, así como la regulación de la actividad del lobby, son consideradas esenciales para prevenir la corrupción y fortalecer la confianza en las instituciones públicas.
La ciudadanía, las organizaciones de la sociedad civil y el Congreso tienen razones fundadas para temer que este gabinete pueda conducir a una captura corporativa del Estado, deteriorando la protección de los derechos humanos frente al poder del empresariado. Se exige al nuevo gobierno que dé a conocer las medidas que adoptará para evitar esta captura y asegurar que la protección de los derechos de la población prime sobre los intereses empresariales. La observación y la denuncia pública, en este contexto, no son actos de oposición política, sino un ejercicio de exigibilidad de los compromisos que el Estado chileno ha adquirido en materia de derechos humanos y, en última instancia, de responsabilidad democrática.
