Guatemala, 11 de marzo de 2026 – La elección de las nuevas autoridades del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Corte de Constitucionalidad (CC) y el Ministerio Público (MP) se encuentra en un punto crítico, marcado por la tensión entre quienes buscan perpetuar un sistema de privilegios e impunidad y aquellos que aspiran a recuperar la democracia en el país. Así lo revelaron las analistas Carmen Aída Ibarra, Lourdes Balconi y Marielos Fuentes durante el conversatorio “Elecciones de Segundo Grado: ¿Proceso Técnico o Pulso Político?”, organizado por Prensa Libre.
Las expertas coincidieron en que los procesos de selección llevados a cabo por las comisiones de postulación han generado desconfianza en la ciudadanía, debido a la inclusión y designación de perfiles cuestionados, con señalamientos y sin la reconocida honorabilidad necesaria para ocupar estos cargos clave. Esta situación, según las panelistas, alimenta un sistema cooptado que favorece la impunidad y socava la confianza en las instituciones.
Lourdes Balconi, decana de la facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Rafael Landívar, describió el clima actual como de “tensión”, donde se libra una batalla entre la preservación de un status quo beneficioso para ciertos grupos y el deseo de una transformación democrática. “Lo que estamos viendo es una tensión muy fuerte del sistema”, afirmó Balconi, subrayando la polarización que caracteriza estos procesos.
Marielos Fuentes, directora ejecutiva de Guatemala Visible, se refirió específicamente al proceso de selección del TSE, calificándolo de “decepcionante”. A pesar de la existencia de perfiles competentes, la comisión de postulación optó por excluir a los candidatos más calificados y elegir a personas con menos trayectoria o una reputación menos sólida. “Tenemos que juntarnos como sociedad para hacer una evaluación, porque habiendo muy buenos perfiles como aspirantes, se decantaron por excluir a los mejores y elegir a otro montón de personas que, quizás, no tenían tanta trayectoria o una honorabilidad reconocida”, lamentó Fuentes.
Carmen Aída Ibarra, directora del Movimiento Projusticia, denunció la existencia de “mañas” y negociaciones secretas por parte de los integrantes de la postuladora del TSE, a pesar de los esfuerzos por garantizar la transparencia y el acceso a la información pública. En cuanto a la elección de los magistrados de la CC, Ibarra señaló que los candidatos tendieron a postularse en las instancias donde se sentían más cómodos y con mayores posibilidades de éxito.
“La gente más cuestionada se fue a postular donde más cómoda se sentía. Miren quiénes se fueron a postular a la CC con el presidente de la República, los mejores perfiles. Él –el presidente Bernardo Arévalo– tiene a los mejores candidatos, porque confían en que es una elección sana", explicó Ibarra, aunque matizó su afirmación al señalar que Mynor Motto, otro aspirante a la magistratura, no encaja en ese perfil de excelencia.
Las panelistas también advirtieron sobre la injerencia de diversos actores en los nombramientos, tanto a nivel nacional como internacional. Políticos, operadores de justicia, la comunidad internacional, e incluso el crimen organizado y el narcotráfico, buscan influir en los resultados, poniendo en riesgo la integridad del proceso. Balconi expresó su preocupación por la proliferación de universidades privadas creadas no con fines académicos, sino para obtener votos en las comisiones de postulación, lo que considera un claro indicio de la captura del Estado.
“Hemos tenido narcodiputados, narcoalcaldes, pero esto es peligroso. Más en la estrategia que esta ahorita, de considerar a todos estos grupos como terroristas que podrían abrir también la puerta a una persecución directa en el territorio. Hay demasiados actores en movimiento dispuestos a no permitir, por ejemplo, que el presidente elija fiscal general”, advirtió Balconi.
Ibarra enfatizó la importancia de respetar los plazos establecidos por la ley, considerándolo un “mínimo no negociable” para garantizar la legitimidad de los procesos. Criticó el amparo concedido por la Corte de Constitucionalidad al diputado Carlos López Girón, que ordenaba al Congreso elegir magistrados incluso antes de la fecha límite, calificándolo de “oscuro” y perjudicial para el Estado de Derecho.
“Es bueno que, en esta ocasión, y es un mínimo que todos esperaríamos, que haya cumplimiento de plazos, sobre todo para que los funcionarios electos tomen posesión. Por eso mismo fue tan oscuro el amparo que la Corte de Constitucionalidad dio al diputado, que más parece operador de elección de autoridades, Carlos López Girón, cuando le ordenó al Congreso que ese mismo jueves (el pasado) debían elegir magistrados aunque el plazo vence el 14 de marzo”, puntualizó Ibarra.
En este contexto, las panelistas hicieron un llamado a la participación y vigilancia ciudadana. Marielos Fuentes instó a la ciudadanía a involucrarse activamente en el desarrollo de estos procesos, señalando que la presión social puede generar cambios positivos. “Cuando el ciudadano está más pendiente, sin duda hemos visto un poquito de vergüenza, de cambio –en los electores–. Podemos mandarles cartas a las comisiones de postulación, mientras más información se les haga llegar, ellos perciben un involucramiento de la ciudadanía. Saben que los están observando y saben que están siendo sujetos a la fiscalización ciudadana”, concluyó Fuentes.
La situación actual exige un escrutinio público riguroso y una movilización ciudadana para defender la independencia del sistema judicial y garantizar la integridad de las instituciones democráticas en Guatemala. El futuro del país depende de la capacidad de la sociedad para exigir transparencia, rendición de cuentas y el respeto al Estado de Derecho en estos procesos cruciales. La elección de las autoridades del TSE, CC y MP no es simplemente un asunto técnico, sino un pulso político que definirá el rumbo de la nación en los próximos años.
