Santo Domingo, 10 de marzo – El presidente Luis Abinader ha expresado su “orgullo” ante el reciente informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que sitúa a República Dominicana en el primer lugar del Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa 2025, entre 23 países evaluados. Sin embargo, este anuncio se ve ensombrecido por una creciente controversia en torno al nuevo Código Penal, denunciado por sectores críticos como una “ley mordaza” que amenaza la libertad de expresión y el periodismo independiente.
Abinader calificó a la SIP como una “prestigiosa” institución internacional y afirmó que el informe representa un “mayor compromiso” del país con el fortalecimiento de su democracia. El informe de la SIP otorga a República Dominicana un índice de 82.17 puntos sobre 100, ubicándola como el único país en la categoría de “Con Libertad de Prensa”. Este logro, según el gobierno, es un testimonio de su dedicación a la transparencia y al respeto de los derechos fundamentales.
No obstante, la celebración oficial contrasta fuertemente con la ola de críticas y acusaciones que se han desatado en las redes sociales y entre organizaciones de la sociedad civil. La principal fuente de preocupación es el nuevo Código Penal, aprobado recientemente y que entrará en vigor en agosto. Los críticos argumentan que el código contiene disposiciones ambiguas y restrictivas que podrían ser utilizadas para criminalizar la crítica al gobierno, limitar la libertad de expresión y reprimir el periodismo de investigación.
Las objeciones se centran en artículos que penalizan la difamación y la calumnia con penas de prisión, lo que, según los detractores, podría tener un efecto disuasorio sobre los periodistas y activistas que se atrevan a denunciar la corrupción o la mala gestión gubernamental. Además, se teme que el código pueda ser utilizado para silenciar a los opositores políticos y a aquellos que expresen opiniones críticas en las redes sociales.
La controversia ha generado un intenso debate público, con acusaciones cruzadas entre el gobierno y sus detractores. Algunos defensores del gobierno argumentan que el nuevo Código Penal es necesario para proteger la reputación de las personas y combatir la desinformación. Sin embargo, los críticos sostienen que el código es una herramienta de represión que socava los principios democráticos y la libertad de prensa.
En las redes sociales, la noticia del informe de la SIP ha sido recibida con escepticismo y desconfianza. Muchos usuarios han denunciado la hipocresía del gobierno, señalando que la celebración de la libertad de prensa es incongruente con la aprobación de una ley que, según ellos, restringe los derechos fundamentales.
“Claro que lo ve positivo, él la tiene comprada”, escribió un usuario en Twitter, refiriéndose a la supuesta influencia del gobierno sobre los medios de comunicación. “El que no esté cobrando en este gobierno (Periodistas), que digan YO”, añadió otro usuario, sugiriendo que muchos periodistas están comprometidos con el gobierno y no son independientes.
Otros usuarios han compartido ejemplos de casos de periodistas y activistas que han sido objeto de amenazas y hostigamiento por parte de funcionarios gubernamentales o partidarios del gobierno. Estos casos, según los críticos, demuestran que la libertad de prensa en República Dominicana es más frágil de lo que sugiere el informe de la SIP.
La polémica también ha llegado a los medios de comunicación. Algunos periodistas han expresado su preocupación por el nuevo Código Penal y han advertido sobre sus posibles consecuencias negativas para la libertad de expresión. Otros han defendido el gobierno y han argumentado que el código es necesario para proteger los derechos de las personas.
En un comunicado, la Asociación de Periodistas de República Dominicana (APRD) expresó su “profunda preocupación” por el nuevo Código Penal y exigió al gobierno que lo revise para garantizar que no vulnere la libertad de expresión y el derecho a la información. La APRD también instó a los periodistas a mantenerse vigilantes y a denunciar cualquier intento de censura o represión.
La situación es aún más compleja debido a la proliferación de noticias falsas y desinformación en las redes sociales. El gobierno ha acusado a los opositores políticos y a los medios de comunicación críticos de difundir noticias falsas para desestabilizar el país. Sin embargo, los críticos argumentan que el gobierno está utilizando la lucha contra la desinformación como pretexto para censurar la crítica y reprimir la libertad de expresión.
El caso de Angel Martinez, un periodista y youtuber conocido por sus críticas al gobierno, ha generado una gran controversia. Martinez ha denunciado haber sido objeto de amenazas y hostigamiento por parte de funcionarios gubernamentales y partidarios del gobierno. En un video reciente, Martinez acusó a la vicepresidenta Raquel Peña de haberlo insultado y amenazado públicamente.
La controversia en torno al nuevo Código Penal y las acusaciones de represión contra periodistas y activistas plantean serias dudas sobre el verdadero estado de la libertad de expresión y la prensa en República Dominicana. Si bien el informe de la SIP reconoce los avances del país en esta materia, la realidad sobre el terreno sugiere que la democracia y los derechos fundamentales están en riesgo.
El gobierno de Abinader enfrenta ahora el desafío de demostrar su compromiso con la libertad de expresión y la prensa, revisando el nuevo Código Penal y garantizando la protección de los periodistas y activistas que ejercen su derecho a la crítica y la denuncia. De lo contrario, el logro reconocido por la SIP podría verse empañado por la sombra de la represión y la censura. La comunidad internacional observa atentamente la evolución de la situación en República Dominicana, esperando que el gobierno cumpla con sus compromisos democráticos y respete los derechos fundamentales de sus ciudadanos.
