Organizaciones de la sociedad civil urgen a la Asamblea Nacional a garantizar un proceso transparente y participativo para la elección del próximo Defensor del Pueblo, ante la inminente finalización del mandato de Eduardo Leblanc Leblanc y su aspiración a la reelección. El llamado, realizado este martes 10 de marzo por un amplio frente de 53 organizaciones, busca asegurar que la institución encargada de velar por los derechos humanos en Panamá mantenga su independencia y credibilidad, pilares fundamentales de un sistema democrático sólido.
La preocupación de estas organizaciones surge en un contexto donde la Defensoría del Pueblo juega un papel crucial como espacio de escucha, diálogo y construcción de consensos. Consideran que el próximo titular debe estar guiado por altos estándares éticos y un firme compromiso con los valores democráticos, actuando como un aliado de los defensores de los derechos humanos y una última línea de defensa para los ciudadanos frente a posibles abusos de poder por parte del Estado.
El pronunciamiento detalla una serie de criterios que, a juicio de los colectivos, deberían conformar el perfil mínimo del próximo Defensor o Defensora del Pueblo. Más allá de los requisitos constitucionales, se enfatiza la necesidad de una solvencia moral intachable, una trayectoria reconocida en la defensa de los derechos humanos y una conducta ética ejemplar, sin antecedentes relacionados con violencia, acoso o vulneraciones a derechos fundamentales.
La formación académica y la experiencia profesional también son aspectos clave. Las organizaciones demandan que el candidato o candidata cuente con una sólida formación en estándares y tratados internacionales en materia de derechos humanos, así como con experiencia comprobada en el trabajo con la sociedad civil y grupos en situación de vulnerabilidad. Esta experiencia, argumentan, es esencial para comprender las necesidades y desafíos de los diferentes sectores de la población y para poder actuar de manera efectiva en la defensa de sus derechos.
Uno de los puntos más críticos del pronunciamiento es la exigencia de garantizar la independencia de la institución frente a intereses políticos o económicos. Las organizaciones advierten que la designación de figuras vinculadas al partido de gobierno o a círculos cercanos del Ejecutivo o del Legislativo podría profundizar la crisis de legitimidad de la Defensoría del Pueblo, socavando su capacidad para actuar de manera imparcial y objetiva.
En este sentido, instan a los diputados a garantizar un escrutinio público y riguroso durante el proceso de selección, en concordancia con los Principios de París adoptados por la Asamblea General de Naciones Unidas. Estos principios establecen estándares internacionales para la protección y promoción de los derechos humanos, y enfatizan la importancia de la independencia, la pluralidad y la transparencia en la selección de los defensores del pueblo.
Las organizaciones también recomiendan reactivar el Consejo Consultivo de la Defensoría del Pueblo, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Este consejo, compuesto por representantes de diversos grupos sociales, podría enriquecer el trabajo de la Defensoría al aportar diferentes perspectivas y conocimientos, y fortalecer su capacidad para responder a las necesidades de la población.
El amplio espectro de organizaciones que suscriben el comunicado refleja la diversidad de preocupaciones y demandas de la sociedad civil panameña. Desde organizaciones dedicadas a la conservación del medio ambiente, como la Alianza para la Conservación y el Desarrollo (ACD), la Asociación Adopta Bosque Panamá y ANCON, hasta aquellas que trabajan en la promoción de la salud y la transparencia, como la Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia (APLAFA) y la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, todas coinciden en la necesidad de una Defensoría del Pueblo fuerte e independiente.
Asimismo, colectivos que luchan por la protección de los recursos hídricos, como Guardianes del Río Cobre – OBC y la Red Nacional de Defensa del Agua (RNDA), y organizaciones de derechos humanos y equidad de género, como CLADEM, Fundagenero y Espacio Encuentro de Mujeres (EEM), se suman a este llamado. La inclusión de asociaciones de personas con discapacidad y vulnerabilidades especiales, como ABAVIP, AEECUP y FRATER, subraya la importancia de garantizar la accesibilidad y la participación plena en la sociedad para todos los ciudadanos.
La articulación de estas diversas voces configura un frente ciudadano que busca defender los derechos humanos, promover la justicia social y proteger el medio ambiente en Panamá. Su movilización frente a la elección del próximo Defensor del Pueblo es un claro mensaje a la Asamblea Nacional: la sociedad civil exige un proceso transparente, participativo y basado en criterios de idoneidad, que garantice la independencia y credibilidad de esta institución fundamental para la democracia panameña. La decisión que tomen los diputados en las próximas semanas tendrá un impacto significativo en el futuro de los derechos humanos en el país, y determinará si la Defensoría del Pueblo podrá seguir desempeñando su papel como un baluarte de la justicia y la equidad.
