El Salvador se enfrenta a un debate crucial sobre la desigualdad económica tras la propuesta de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (FUDECEN) de implementar un impuesto a los 110 salvadoreños más ricos del país. La iniciativa, presentada por el economista Julio Villagrán, presidente de FUDECEN, busca gravar la riqueza acumulada por este grupo privilegiado, que asciende a $9,723 millones, con el objetivo de financiar programas sociales y reducir la brecha de desigualdad que persiste en el país.
El estudio de FUDECEN, titulado “Tributación Progresiva para un Nuevo Modelo Productivo, Inclusivo y Sostenible”, revela una concentración de riqueza alarmante. Según los datos de 2024 analizados, 21 individuos poseen la mayor parte de esta fortuna, con $7,423 millones, mientras que 79 salvadoreños acumulan $2,000 millones y otros 10 superan los $300 millones. Lo más preocupante, según el informe, es que estos ultrarricos tributan de manera similar a un trabajador que percibe el salario mínimo, sin pagar impuestos sobre su patrimonio.
Esta situación, argumenta FUDECEN, pone en peligro el contrato social y exacerba la desigualdad. Las cifras son contundentes: el 1% más rico de la población salvadoreña concentra el 25% de la riqueza total, mientras que el 10% más adinerado posee la mitad. En contraste, el 50% más pobre de la población apenas alcanza el 5% de la riqueza nacional. Esto significa que la riqueza del 1% más rico es cinco veces mayor que la del 50% más vulnerable.
El Dr. Cabrera, presidente de FUDECEN, advierte que El Salvador está profundamente dividido por la riqueza, una situación que se refleja en el aumento de la pobreza desde 2020, tanto en áreas rurales como urbanas. La eliminación del impuesto al patrimonio en 1994, durante el gobierno de ARENA, es señalada como un factor clave en la exacerbación de esta concentración de riqueza.
FUDECEN propone una metodología basada en el trabajo del “Tax Justice Network”, un centro de investigación con sede en Londres, que aboga por una política fiscal que aborde las “cuatro R”: Recaudación, Redistribución, Revalorización y Representación. El impuesto al patrimonio se aplicaría sobre la riqueza neta de los individuos, independientemente de sus ingresos, y se dividiría en dos categorías principales: impuestos sobre el patrimonio neto (anuales o sobre ganancias de capital) e impuestos sobre las transferencias (sucesiones o donaciones).
La propuesta de FUDECEN contempla tres tramos impositivos: un 2% para aquellos con una riqueza entre $5 y $30 millones, un 3.5% para los que poseen entre $30 y $100 millones, y un 5% para los que superan los $100 millones. Según las estimaciones de FUDECEN, la implementación de este impuesto podría generar ingresos por más de $447.2 millones, equivalentes al 29% del presupuesto actual de Educación en El Salvador.
El Dr. Cabrera recuerda que, hasta 1994, El Salvador ya contaba con un impuesto a los inmuebles, pero fue eliminado por el gobierno de ARENA. La reintroducción de un impuesto al patrimonio, que incluya tanto inmuebles como activos financieros, se considera fundamental para abordar la desigualdad y financiar programas sociales.
La propuesta de FUDECEN ha generado un intenso debate en el país. Sus defensores argumentan que es una medida necesaria para lograr una mayor justicia social y financiar servicios públicos esenciales. Señalan que la concentración de riqueza extrema no solo es moralmente cuestionable, sino que también puede tener consecuencias negativas para la estabilidad económica y social del país.
Los críticos, por otro lado, advierten que un impuesto al patrimonio podría desincentivar la inversión y la creación de empleo, y que podría llevar a la fuga de capitales. Argumentan que los ricos ya contribuyen a la economía a través del pago de impuestos sobre la renta y otros gravámenes, y que un impuesto adicional podría ser contraproducente.
El debate sobre el impuesto al patrimonio se produce en un contexto de creciente preocupación por la desigualdad económica en América Latina. Varios países de la región han implementado o están considerando medidas similares para gravar la riqueza y financiar programas sociales. La propuesta de FUDECEN podría sentar un precedente importante para El Salvador y para otros países de la región.
La discusión sobre este tema se intensificará en las próximas semanas, a medida que FUDECEN presenta su propuesta a las autoridades gubernamentales y a la sociedad civil. El futuro de la política fiscal en El Salvador y el destino de la riqueza acumulada por sus ciudadanos más ricos están en juego. La implementación de este impuesto podría marcar un punto de inflexión en la lucha contra la desigualdad y en la construcción de un país más justo y equitativo. La pregunta clave es si el gobierno actual estará dispuesto a desafiar el statu quo y tomar medidas audaces para abordar este problema estructural.
