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Chile se mantuvo al margen de la histórica Conferencia de las Américas contra los Carteles, celebrada en Doral, Florida, los días 4 y 5 de marzo de 2026, al no firmar la declaración conjunta que busca establecer una coalición regional para combatir el narcoterrorismo y otras amenazas en el hemisferio occidental. La decisión, que ha generado interrogantes y análisis en la comunidad internacional, se fundamenta en razones estrictamente institucionales: la delegación chilena, liderada por el Presidente electo José Antonio Kast, carecía de las facultades legales necesarias para comprometer al Estado chileno en una alianza militar y de seguridad de esta magnitud.
La conferencia, impulsada por el gobierno de Donald Trump, culminó con un documento que compromete a los países firmantes a intensificar la cooperación bilateral y multilateral en materia de seguridad, fortalecer la vigilancia fronteriza, combatir el tráfico ilícito de drogas y proteger infraestructuras críticas. La declaración se basa en el principio estratégico de “paz a través de la fuerza”, una doctrina que refleja la postura firme de Washington frente al crimen organizado y el terrorismo.
La participación de Kast en la conferencia, si bien representó un gesto de apertura hacia la administración Trump, se vio limitada por su condición de Presidente electo, aún sin asumir formalmente el cargo. En consecuencia, cualquier compromiso vinculante para Chile debía ser ratificado por el gobierno en ejercicio, lo que no fue posible en este momento. Esta situación dejó a Chile en una posición singular, como el único país de la región que no respaldó la iniciativa estadounidense.
La creación de esta coalición regional se produce en un contexto de creciente activismo internacional por parte de Washington, marcado por intervenciones unilaterales recientes en Venezuela e Irán. La administración Trump busca consolidar un nuevo dispositivo de seguridad hemisférica bajo su liderazgo, ampliando el combate al crimen organizado hacia una lógica estratégica que integra el narcotráfico, el terrorismo y la protección de infraestructuras críticas. La designación de Kristi Noem, exsecretaria de Seguridad Nacional y figura clave en la política migratoria de Trump, como enviada especial para articular esta coalición, subraya la importancia que Washington otorga a esta iniciativa.
Sin embargo, el diseño de la alianza ha suscitado dudas y críticas. La ausencia de México y Colombia, dos países clave en la lucha contra los cárteles de la droga, plantea interrogantes sobre la viabilidad y la efectividad de la coalición. México, históricamente reacio a la intervención extranjera en sus asuntos internos, ha mantenido una postura cautelosa frente a la iniciativa estadounidense. Colombia, por su parte, ha priorizado una estrategia de diálogo y negociación con los grupos armados ilegales, en lugar de una confrontación directa.
La naturaleza ad hoc de la alianza, es decir, su carácter específico y temporal, también genera incertidumbre sobre su sostenibilidad a largo plazo. Algunos analistas sugieren que la coalición podría ser una herramienta para que Estados Unidos proyecte su poder e influencia en la región, en detrimento de la autonomía y la soberanía de los países latinoamericanos. Otros advierten sobre el riesgo de que la alianza se convierta en un foco de tensiones y conflictos, especialmente si no se respetan los principios del derecho internacional y la no intervención.
La decisión de Chile de no firmar la declaración ha sido interpretada de diversas maneras. Algunos sectores de la oposición han criticado a Kast por su cercanía con Trump y por no haber aprovechado la oportunidad para fortalecer la cooperación en materia de seguridad. Otros, en cambio, han defendido la postura de Kast, argumentando que es necesario esperar a que asuma el cargo para tomar decisiones que comprometan al país a largo plazo.
El gobierno saliente, encabezado por el Presidente Gabriel Boric, ha mantenido un perfil bajo en relación con la conferencia de Doral. Sin embargo, fuentes gubernamentales han confirmado que Chile está dispuesto a colaborar con Estados Unidos y otros países de la región en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, siempre y cuando se respeten los principios de la soberanía nacional y el derecho internacional.
La ausencia de Chile en la firma de la declaración podría tener implicaciones geopolíticas en la región. Algunos analistas sugieren que podría debilitar la posición de Chile como líder regional y afectar sus relaciones con Estados Unidos. Otros, en cambio, creen que podría abrir nuevas oportunidades para que Chile juegue un papel más independiente y autónomo en la escena internacional.
En definitiva, la Conferencia de las Américas contra los Carteles ha puesto de manifiesto las tensiones y los desafíos que enfrenta la región en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. La creación de la coalición regional impulsada por Trump representa un intento de Washington por reafirmar su liderazgo en la región y por imponer su visión sobre la seguridad hemisférica. Sin embargo, el éxito de la iniciativa dependerá de la capacidad de los países participantes para superar sus diferencias y trabajar juntos en la búsqueda de soluciones comunes. La postura de Chile, marcada por la cautela y la prudencia, refleja la complejidad de la situación y la necesidad de un enfoque equilibrado y pragmático. El futuro de la cooperación en materia de seguridad en la región dependerá, en gran medida, de la evolución de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, y de la capacidad de los países de la región para defender sus intereses y su soberanía.
