El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, ha manifestado su profunda preocupación ante la confirmación de que ciudadanos panameños se encuentran involucrados en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Estas declaraciones fueron emitidas durante su estancia en La Paz, Bolivia, donde el funcionario se encuentra como integrante de una Misión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA).
La visita de la misión de la OEA a territorio boliviano tiene como objetivo principal establecer diálogos con diversas autoridades y sectores sociales para abordar la situación derivada de las protestas y los bloqueos de carreteras que afectaron al país entre los meses de mayo y junio. No obstante, durante una rueda de prensa concedida a los medios de comunicación bolivianos, el canciller Martínez-Acha fue consultado sobre la situación de los nacionales panameños presentes en la guerra, tema que ha cobrado relevancia en la agenda diplomática de su país.
Durante su intervención, Martínez-Acha aseguró que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá está realizando todas las gestiones necesarias para facilitar el retorno de aquellos ciudadanos que aún permanecen activos en el frente de batalla. Asimismo, el canciller reconoció con pesar que existen casos de ciudadanos fallecidos, por lo cual el Gobierno panameño trabaja activamente en la repatriación de los cuerpos.
Sobre los mecanismos de reclutamiento, el diplomático indicó que se considera que, en muchos de los casos registrados, existió una intermediación de carácter privado. Martínez-Acha señaló que existe una dualidad en las circunstancias de contratación: mientras algunos ciudadanos podrían haber firmado contratos con pleno conocimiento de la situación, otros podrían haber sido engañados, sin saber realmente a qué se enfrentaban al aceptar las ofertas.
Para gestionar estas situaciones, la Cancillería panameña ha activado diversos canales diplomáticos. Se han realizado múltiples gestiones ante la Embajada de Rusia en Panamá, así como a través de la representación diplomática panameña estacionada en Moscú, con el fin de localizar a los nacionales y coordinar sus regresos.
En cuanto a la posibilidad de que la Organización de Estados Americanos (OEA) intervenga en esta problemática, Martínez-Acha aclaró que, aunque él puede hablar en nombre de Panamá, la creación de una instancia multilateral dependerá de la voluntad de los Estados miembros. Sugirió que, si los miembros de la OEA lo consideran oportuno, podría constituirse una comisión específica para tratar el tema de los reclutamientos para esta guerra.
En el ámbito judicial, la Fiscalía de Panamá ha tomado medidas concretas. El organismo informó recientemente sobre la apertura de cuatro investigaciones relacionadas con jóvenes panameños que fueron atraídos por ofertas de empleo en el extranjero, pero que terminaron siendo trasladados al escenario de guerra en Ucrania. Según datos proporcionados por el Gobierno, al menos un nacional panameño ha muerto en el conflicto. Aunque el Ministerio Público no ha precisado si una de las cuatro investigaciones actuales está directamente vinculada a este fallecimiento, la Cancillería confirmó que el número de panameños que han acudido a la guerra asciende a al menos 15 personas.
Por su parte, el Estado boliviano también enfrenta una situación similar. La Fiscalía de Bolivia ha iniciado cuatro investigaciones judiciales por el presunto reclutamiento de personas por parte de Rusia para combatir en Ucrania. Estas acciones legales se enmarcan en el delito de "trata de personas con fines de reclutamiento para participación en conflictos bélicos".
Complementando estas acciones judiciales, la Cancillería de Bolivia informó la semana pasada que posee registros de 26 ciudadanos bolivianos que están vinculados a las Fuerzas Armadas de Rusia. Este dato pone de manifiesto que el reclutamiento de ciudadanos latinoamericanos para el conflicto en Europa del Este es un fenómeno que afecta a múltiples naciones de la región.
Esta tendencia regional quedó evidenciada previamente en el caso de Perú, donde en el mes de abril se dio a conocer que aproximadamente 130 ciudadanos peruanos habían sido reclutados por Rusia para participar en la guerra contra Ucrania. Los casos en Panamá, Bolivia y Perú sugieren la existencia de redes de reclutamiento que operan en el continente americano, utilizando diversas estrategias, desde ofertas laborales engañosas hasta contratos privados, para trasladar personas hacia el frente de combate.
