El presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Guillermo Ramírez, ha introducido un nuevo matiz en el debate nacional sobre la conmutación de penas, un proyecto que avanza en el Senado y que ha generado controversia en diversos sectores de la sociedad. Si bien el gremialismo ha mostrado apertura a la idea de legislar al respecto, Ramírez exige modificaciones sustanciales para asegurar que la iniciativa responda a criterios objetivos y no se convierta en una vía para liberar a delincuentes peligrosos.
En declaraciones realizadas en Mesa Central de Canal 13, el diputado Ramírez afirmó que el principio general de evitar el ensañamiento con la pena, con la cárcel, le parece correcto. Sin embargo, insistió en que la discusión no debe centrarse en si los beneficiados “merecen” salir de prisión, sino en si la sociedad está dispuesta a reconocer situaciones humanitarias extremas. Ramírez planteó el caso de una persona de 90 años con Alzheimer avanzado, deterioro físico severo e incapacidad de valerse por sí misma como un ejemplo claro de una situación en la que la conmutación de la pena sería una medida humanitaria y razonable. “A mí me parece que es correcto y es humanitario que esa persona vaya a morir a su casa!”, sentenció.
La propuesta del líder de la UDI se extiende incluso a aquellos condenados por delitos de lesa humanidad, siempre y cuando se determine que no existe riesgo de reincidencia. Esta postura, sin duda, generará un intenso debate, considerando la sensibilidad que rodean estos casos y la demanda de justicia por parte de las víctimas.
Ramírez visualiza este proyecto como un posible reemplazo para la figura del indulto, cuyo uso fue ampliamente cuestionado por la oposición durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric. A diferencia del indulto, que extingue la pena, la conmutación simplemente cambia la forma en que se cumple, permitiendo que el condenado termine sus días en un entorno más adecuado a su condición, como su hogar. “El indulto, además, es una figura que la persona ya deja de cumplir la pena, aquí estamos hablando de una pena que se cumple de una manera distinta”, puntualizó.
Para evitar arbitrariedades y asegurar la transparencia del proceso, el timonel de la UDI aboga por establecer criterios objetivos fijados por ley, de modo que la decisión no quede en manos de una sola persona. “Ojalá nos pusiéramos de acuerdo en criterios objetivos que permitan que sea la ley la que determine cuándo una persona puede salir”, sostuvo. Esta propuesta busca garantizar que la conmutación de penas se aplique de manera justa y equitativa, evitando posibles acusaciones de favoritismo o politización.
Consciente de las preocupaciones sobre la seguridad pública, Ramírez reconoció que la redacción actual del proyecto es insuficiente y que necesita ser más restrictiva. “El proyecto tiene que ser mucho más restrictivo de lo que es hoy día”, advirtió, aclarando que lo aprobado por el Senado fue únicamente la idea de legislar, no el texto definitivo. Esto implica que aún existe margen para realizar modificaciones y ajustes que permitan mitigar los riesgos potenciales y asegurar que la conmutación de penas no ponga en peligro a la sociedad.
La postura de Ramírez se produce en un contexto de creciente descontento ciudadano con la gestión del gobierno de Boric. La más reciente encuesta revela un alto rechazo al proyecto de conmutación de penas, mientras que el mandatario termina su mandato con un 53% de evaluación negativa, la más alta entre todos los presidentes desde 1990. Los resultados del sondeo reflejan una profunda crisis de confianza en el gobierno y una creciente preocupación por la seguridad ciudadana.
En paralelo, otros temas acaparan la atención pública. La formalización del exfiscal regional Metropolitano Oriente por el caso Hermosilla, acusado de solicitar favores personales y laborales a cambio de información reservada, ha generado indignación y ha puesto en tela de juicio la integridad del sistema judicial. Asimismo, la ministra vocera ha defendido el legado feminista de la administración Boric en el Día Internacional de la Mujer, pero ha reconocido que la gestión del caso del exsubsecretario Manuel Monsalve fue el momento “más complejo y difícil” del gobierno.
La situación internacional también añade complejidad al panorama. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha denunciado un “atentado” contra la Proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz, lo que evidencia las tensiones geopolíticas que persisten en la región.
En cuanto a la problemática social, Ramírez también se refirió a la creciente adicción a las redes sociales, especialmente entre los jóvenes. El diputado expresó su preocupación por el hecho de que los niños y adolescentes pasen horas al día entrenando su cerebro para no poder concentrarse, y lamentó que el debate político no registre esta problemática. “No estoy pidiendo prohibir plataformas como TikTok. Estoy pidiendo que sinceremos su costo”, afirmó.
La conmutación de penas, por lo tanto, se presenta como un tema complejo y multifacético que requiere un análisis profundo y una discusión abierta y transparente. La postura de la UDI, si bien receptiva a la idea, exige cautela y la implementación de criterios objetivos para evitar abusos y garantizar la seguridad de la sociedad. El futuro de este proyecto dependerá de la capacidad de los diferentes actores políticos para llegar a un acuerdo que responda a las necesidades y expectativas de la ciudadanía. La investigación sobre la muerte de una mujer, aún sin identificar, y la determinación de la causa por el Servicio Médico Legal, añaden una nota sombría a un panorama político y social convulso.
