El polémico proyecto inmobiliario Edificio Makroceano, que había sido paralizado por la justicia tras acusaciones de falta de evaluación ambiental, ha resurgido con la aprobación del anteproyecto por parte de la Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU). Esta decisión, que se produce en un contexto de alta sensibilidad por los recientes socavones en Viña del Mar y la protección del Santuario de la Naturaleza Campo Dunar de la Punta de Concón, ha generado controversia y reavivado el debate sobre el equilibrio entre el desarrollo inmobiliario y la preservación del medio ambiente.
La historia de Makroceano se remonta a 2019, cuando la Dirección de Obras Municipales (DOM) de Viña del Mar otorgó el permiso de edificación para un edificio aterrazado de nueve pisos, con una inversión estimada en 50 millones de dólares. La inmobiliaria, vinculada a Raphael Huppertz, Andrés Stitchkin y Francisco Vilches, argumentó que el proyecto no requería un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), basándose en una consulta de pertinencia favorable del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).
Sin embargo, la Fundación Yarur no se conformó con esta interpretación y presentó acciones judiciales para detener las obras, alegando que la cercanía del proyecto al santuario natural exigía una evaluación ambiental exhaustiva. Tanto la Corte de Apelaciones como la Corte Suprema respaldaron la postura de la fundación, invalidando el permiso de edificación y paralizando la construcción.
La inmobiliaria, lejos de abandonar el proyecto, optó por una estrategia legal alternativa. Contrató al prestigioso estudio Andreucci y Torrejón Abogados y presentó un nuevo anteproyecto ante el municipio de Viña del Mar. Esta solicitud fue rechazada, lo que llevó a la firma a recurrir a la Seremi del MINVU a fines de 2025, buscando revertir la decisión municipal.
El viernes pasado, la Seremi del MINVU falló a favor de la inmobiliaria, acogiendo su reclamación e instruyendo a la DOM para que aprobara nuevamente el anteproyecto. Esta decisión ha encendido las alarmas entre los defensores del medio ambiente, quienes temen que la construcción del edificio pueda afectar negativamente el ecosistema dunar y agravar los riesgos geológicos en la zona, especialmente considerando la inestabilidad del terreno evidenciada por los socavones en Viña del Mar.
Paralelamente a este proceso administrativo, la inmobiliaria ingresó un EIA al SEA, el cual fue rechazado por la Comisión de Evaluación Ambiental. Ante este revés, los titulares del proyecto presentaron una reclamación ante el Comité de Ministros, el máximo órgano decisorio en materia ambiental, que se pronunciará sobre el caso el próximo lunes.
La aprobación del anteproyecto por parte de la Seremi del MINVU, combinada con la posibilidad de que el Comité de Ministros revierta el rechazo del EIA, abre el camino para que la inmobiliaria obtenga nuevamente el permiso de edificación y reanude las obras. Esto ha generado una fuerte presión sobre las autoridades y ha intensificado la movilización de organizaciones ciudadanas y grupos ecologistas, que exigen una mayor protección del Santuario de la Naturaleza Campo Dunar de la Punta de Concón y una evaluación rigurosa de los riesgos asociados al proyecto.
La controversia en torno a Makroceano también pone de manifiesto las tensiones entre el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente en una zona costera vulnerable como Concón y Viña del Mar. Los críticos del proyecto argumentan que la construcción del edificio podría alterar el equilibrio ecológico del ecosistema dunar, afectar la biodiversidad local y aumentar la vulnerabilidad de la zona ante eventos climáticos extremos, como tormentas y marejadas.
Por otro lado, los defensores del proyecto sostienen que la construcción del edificio generará empleos, dinamizará la economía local y contribuirá al desarrollo urbano de la zona. Además, argumentan que el proyecto cumple con todas las normas y regulaciones vigentes y que se han incorporado medidas de mitigación para minimizar su impacto ambiental.
La decisión final sobre el futuro de Makroceano dependerá del pronunciamiento del Comité de Ministros y de la eventual aprobación del permiso de edificación por parte de la DOM de Viña del Mar. Mientras tanto, la polémica continúa y la comunidad local se prepara para defender su entorno natural y exigir una mayor transparencia y participación en la toma de decisiones sobre proyectos que puedan afectar su calidad de vida.
El caso Makroceano también plantea interrogantes sobre la efectividad de los mecanismos de evaluación ambiental y la capacidad de las autoridades para proteger los ecosistemas vulnerables ante la presión del desarrollo inmobiliario. La experiencia ha puesto de relieve la importancia de contar con una legislación ambiental robusta, una institucionalidad sólida y una ciudadanía activa y comprometida con la defensa del medio ambiente.
La situación se complica aún más por la reciente crisis de los socavones en Viña del Mar, que ha puesto de manifiesto la fragilidad del terreno y la necesidad de una planificación urbana más cuidadosa y sostenible. La construcción de un edificio de nueve pisos a pocos metros de una zona de riesgo geológico podría agravar la situación y aumentar la vulnerabilidad de la población local.
En este contexto, la decisión sobre el futuro de Makroceano no solo tiene implicaciones ambientales y urbanísticas, sino también sociales y económicas. La comunidad local espera que las autoridades tomen una decisión responsable y que prioricen la protección del medio ambiente y la seguridad de la población por encima de los intereses económicos de los inversores.
