La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha emitido un informe devastador este miércoles, denunciando sistemáticas violaciones a los derechos humanos en Honduras durante el año 2025, período marcado por un estado de excepción implementado por el gobierno. El documento, que detalla ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y prácticas generalizadas de tortura, atribuye estas graves acciones a las fuerzas de seguridad del Estado, en un contexto de creciente tensión política y una alarmante impunidad.
El informe anual de Acnudh, con sede en Ginebra, presenta evidencia documentada de un deterioro significativo en el respeto a los derechos humanos en Honduras. Se señala que el estado de excepción, decretado inicialmente con el objetivo de combatir la criminalidad organizada y las pandillas, ha sido utilizado como pretexto para reprimir la disidencia política y silenciar a voces críticas con el gobierno. La amplitud de las facultades otorgadas a las fuerzas de seguridad bajo este régimen excepcional, combinada con la falta de mecanismos efectivos de control y supervisión, ha creado un ambiente propicio para la comisión de abusos.
Las ejecuciones extrajudiciales, según el informe, se han convertido en una práctica preocupante. Acnudh documentó numerosos casos de personas muertas a manos de agentes del Estado, a menudo en circunstancias sospechosas que sugieren un uso excesivo de la fuerza o directamente ejecuciones sumarias. En muchos de estos casos, las víctimas eran miembros de comunidades marginadas, activistas sociales o personas percibidas como opositores al gobierno. La impunidad en estos casos es casi total, lo que alimenta un ciclo de violencia y desconfianza en las instituciones.
Las desapariciones forzadas también figuran prominentemente en el informe. Acnudh ha registrado un aumento alarmante de casos de personas que han sido detenidas por las fuerzas de seguridad y luego desaparecidas sin dejar rastro. Las familias de las víctimas se enfrentan a la angustia de la incertidumbre y la falta de información sobre el paradero de sus seres queridos. La Oficina denuncia la falta de investigaciones efectivas por parte de las autoridades, lo que sugiere una posible participación o complicidad del Estado en estas desapariciones.
La tortura, descrita en el informe como “sistemática y generalizada”, es otra de las principales preocupaciones de Acnudh. Se documentan casos de tortura física y psicológica infligida a detenidos por agentes del Estado, con el objetivo de obtener confesiones o castigar a los detenidos. Las prácticas de tortura incluyen golpes, descargas eléctricas, asfixia y otras formas de maltrato que causan graves daños físicos y psicológicos a las víctimas. El informe destaca la falta de acceso a atención médica adecuada para las víctimas de tortura y la impunidad de los perpetradores.
El informe de Acnudh también señala la erosión del estado de derecho en Honduras. Se denuncia la politización del sistema judicial, la falta de independencia de los jueces y fiscales, y la interferencia del poder ejecutivo en la administración de justicia. Estas prácticas socavan la capacidad del sistema judicial para investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos, lo que contribuye a la impunidad y la perpetuación de la violencia.
La tensión política en Honduras, exacerbada por el estado de excepción, es otro factor que contribuye a la crisis de derechos humanos. El informe destaca la represión de las protestas sociales, la criminalización de la protesta y la persecución de activistas y defensores de los derechos humanos. Se denuncia el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad para dispersar manifestaciones pacíficas, así como la detención arbitraria y el procesamiento injusto de manifestantes.
Acnudh insta al gobierno de Honduras a tomar medidas urgentes para abordar las graves violaciones a los derechos humanos documentadas en el informe. La Oficina recomienda levantar el estado de excepción, fortalecer los mecanismos de control y supervisión de las fuerzas de seguridad, garantizar la independencia del sistema judicial, investigar y sancionar a los responsables de violaciones a los derechos humanos, y proteger a los activistas y defensores de los derechos humanos.
El informe también hace un llamado a la comunidad internacional para que brinde apoyo técnico y financiero a Honduras en la implementación de estas recomendaciones. Acnudh subraya la importancia de un diálogo constructivo entre el gobierno, la sociedad civil y la comunidad internacional para encontrar soluciones duraderas a la crisis de derechos humanos en Honduras.
La publicación de este informe llega en un momento crítico para Honduras, donde la polarización política y la violencia amenazan la estabilidad del país. La comunidad internacional observa con preocupación la situación en Honduras y exige al gobierno que cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. El futuro de Honduras depende de la capacidad del gobierno para abordar la crisis de derechos humanos y construir un estado de derecho sólido y respetuoso de los derechos fundamentales de todos sus ciudadanos. La impunidad, según el informe, es el principal obstáculo para lograr una paz duradera y un desarrollo sostenible en Honduras. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se compromete a seguir monitoreando la situación en Honduras y a brindar asistencia técnica y apoyo al gobierno y a la sociedad civil en la promoción y protección de los derechos humanos.
