La reciente ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciada el 28 de febrero, ha desatado una tormenta de controversia legal y geopolítica. El Secretario General de la ONU, António Guterres, ha condenado enérgicamente los ataques, recordando la prohibición explícita de la Carta de las Naciones Unidas sobre el uso de la fuerza contra otro país, calificándolos como una “grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales”. La legalidad de la operación, sin embargo, es objeto de un intenso debate, con expertos en derecho internacional expresando serias dudas sobre su justificación.
Gissou Nia, abogada especializada en derechos humanos y directora del Proyecto de Litigios Estratégicos del Atlantic Council, afirma categóricamente que “no hay justificación legal para esto. Es una violación de la Carta de las Naciones Unidas”. Nia subraya que, a diferencia de algunas guerras anteriores, la administración estadounidense actual no parece siquiera intentar justificar sus acciones bajo el marco del derecho internacional. Esta postura se evidencia en las declaraciones del expresidente Trump, quien en 2026 afirmó tajantemente: “No necesito el derecho internacional”, añadiendo con una inquietante ligereza: “No pretendo hacer daño a nadie”.
Las autoridades estadounidenses e israelíes defienden la ofensiva argumentando que respondían a amenazas iraníes, particularmente el riesgo de que Irán desarrollara y utilizara armas nucleares. Sin embargo, los expertos cuestionan si estas amenazas eran lo suficientemente inminentes como para justificar el uso de la fuerza bajo las estrictas normas de la ONU en materia de legítima defensa. El artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas permite el uso de la fuerza únicamente en respuesta a un ataque armado. Una interpretación más amplia, que permite el uso de la fuerza ante una “amenaza inminente”, es altamente controvertida y su aplicación en este caso es dudosa.
La retórica hostil del gobierno iraní, con sus repetidas amenazas de “destruir” Israel, no es suficiente para legitimar un ataque preventivo, según los expertos. Si bien las advertencias sobre la capacidad nuclear iraní fueron utilizadas como justificación durante la preparación militar para los ataques – con funcionarios estadounidenses como Steve Witkoff afirmando que Irán estaba “probablemente a una semana” de producir material para bombas – estas afirmaciones se contradicen con las declaraciones posteriores del presidente Trump, quien aseguró que las instalaciones nucleares de Irán habían sido destruidas tras el bombardeo de 2025.
Uno de los aspectos más delicados desde el punto de vista legal del conflicto es la muerte del líder supremo iraní, Jamenei, durante los ataques conjuntos. El derecho internacional considera altamente problemático el asesinato de un jefe de Estado enemigo, incluso en tiempos de guerra. Aunque los combatientes pueden ser blanco de ataques, el homicidio intencionado de líderes políticos se considera ilegal, especialmente si la agresión inicial no estaba justificada por la Carta de las Naciones Unidas.
La complejidad de la situación se agrava por la reacción interna en Irán. Gissou Nia señala que, si bien muchos iraníes lamentan la falta de un juicio justo para Jamenei, también expresan gratitud por su muerte, considerando que fue responsable de la muerte de cientos de miles de iraníes a lo largo de los años, incluyendo una masacre particularmente brutal en enero de 2026. Esta ambivalencia refleja la profunda división y el sufrimiento que ha experimentado la población iraní.
La ofensiva también plantea interrogantes sobre el cumplimiento de las leyes estadounidenses, que prohíben la participación de ciudadanos estadounidenses en asesinatos. Esta prohibición, establecida por el presidente Gerald Ford en 1976, ha sido erosionada gradualmente en las últimas décadas, con la administración estadounidense adoptando una política que permite acciones en defensa propia sin violar la prohibición. Luca Trenta, profesor asociado de Relaciones Internacionales en la Universidad de Swansea, explica que el asesinato de un líder extranjero mediante ataques a infraestructuras o complejos de mando y control ya no se considera un asesinato, citando como ejemplo un intento fallido de asesinato del líder libio Muamar el Gadafi en 1986. Sin embargo, Trenta destaca que la diferencia en este caso radica en la abierta atribución de la ejecución por parte del gobierno estadounidense y del expresidente Trump a través de las redes sociales.
Los expertos advierten que este conflicto podría marcar un punto de inflexión en el orden internacional. A medida que las potencias mundiales recurren cada vez más a ataques unilaterales y a amplias interpretaciones de la legítima defensa, las normas destinadas a prevenir la guerra podrían estar erosionándose. Trenta describe el surgimiento de una forma “despiadada de intervenciones extranjeras sin ninguna preocupación particular por las restricciones legales nacionales o internacionales”. La administración Trump, según Trenta, ha demostrado consistentemente un desinterés por justificar sus acciones bajo el derecho internacional, como se evidenció en el caso de Nicolás Maduro en Venezuela.
La escalada de asesinatos en la política internacional es particularmente preocupante, ya que otros países podrían tomar nota y replicar estas acciones. La falta de rendición de cuentas y la erosión de las normas internacionales podrían conducir a un mundo más inestable y peligroso. La comunidad internacional se enfrenta a un desafío crucial: defender los principios del derecho internacional y evitar que la lógica de la fuerza prevalezca sobre la ley. La respuesta a esta crisis determinará el futuro del orden mundial y la capacidad de prevenir conflictos a gran escala en el futuro. La impunidad con la que se han llevado a cabo estos ataques sienta un precedente peligroso que podría desestabilizar aún más la región y el mundo.
