El gobierno del presidente Daniel Noboa ha lanzado una ofensiva sin precedentes contra la corrupción y el lavado de activos en la contratación pública, movilizando recursos tecnológicos y humanos para desmantelar redes ilícitas que han operado impunemente durante años. La iniciativa, liderada por el director del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), José Julio Neira, busca no solo recuperar fondos públicos malversados, sino también fortalecer la integridad del sistema y proteger el empleo formal.
La estrategia se basa en tres pilares fundamentales: la implementación de la Política Nacional de Integridad Pública, la reforma de la ley de compras públicas y la realización de inspecciones in situ a proveedores del Estado. Desde 2024, estas medidas han comenzado a dar frutos, revelando irregularidades en sectores estratégicos y exponiendo la infiltración del crimen organizado en la administración pública.
“El Gobierno del presidente Noboa está limpiando desde los últimos dos años”, afirmó Neira en una entrevista concedida a Radio Sucesos el 2 de marzo de 2026. El funcionario enfatizó que la depuración no se limita a la compra pública, sino que abarca “todos los sectores estratégicos del país”. Esta declaración subraya la determinación del gobierno de erradicar la corrupción en todas sus formas y niveles.
Uno de los primeros focos de atención ha sido el sector de la seguridad privada, donde se han detectado graves irregularidades en la adjudicación de contratos. En enero de 2026, se llevaron a cabo inspecciones presenciales a empresas del catálogo de seguridad privada en Pichincha y Guayas, resultando en la suspensión de ocho compañías. Estas suspensiones se produjeron tras la eliminación del catálogo anterior en septiembre de 2025 y la apertura de un nuevo proceso con requisitos más estrictos.
“Estamos confirmando que lo que nos dijeron en el momento del registro sea cierto”, explicó Neira, refiriéndose a la verificación de la información proporcionada por las empresas durante el proceso de registro. Las inspecciones se realizan en colaboración con el Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Policía, Fuerzas Armadas, IESS y Ministerio de Trabajo, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los contratos adjudicados y las normas laborales.
Un caso emblemático revelado por Neira involucra contratos por 17 millones de dólares vinculados a seguridad privada en Guayaquil. La investigación reveló que parte del armamento no estaba registrado y que los guardias no constaban en el IESS ni cumplían con los requisitos laborales básicos. “Era un contrato de diecisiete millones de dólares y su empleador no lo registró en el IESS. Eso es una grave falta”, denunció Neira, destacando la importancia de proteger el empleo formal y garantizar el cumplimiento de las leyes laborales.
La depuración se extenderá a otros catálogos, como alimentación y uniformes vinculados a empresas públicas, considerados procesos “muy atractivos para los que les gusta hacer el chanchullo”. Esta ampliación de la investigación demuestra el compromiso del gobierno de abordar la corrupción de manera integral y sistemática.
En paralelo a las inspecciones y reformas legales, el Sercop está invirtiendo en tecnología de punta para modernizar el sistema de contratación pública. Con un préstamo de 22,9 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se implementará una nueva plataforma que incorporará inteligencia artificial y el concepto de “valor por dinero”, priorizando la calidad y la sostenibilidad sobre el precio más bajo.
“Lo que hicieron los gobiernos anteriores fueron ponerle parches”, criticó Neira, refiriéndose a las actualizaciones superficiales realizadas en la plataforma actual, implementada en 2018. La nueva plataforma, cuya implementación comenzará en abril de 2026, se diseñará para ser más eficiente, transparente y resistente a la corrupción.
La lucha contra el lavado de activos también es una prioridad para el gobierno. En 2025, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) entregó a la Fiscalía reportes de operaciones inusuales por 1.500 millones de dólares, proporcionando información crucial para iniciar investigaciones penales.
“Trabajamos de la mano con Fiscalía para que puedan presentar un caso sólido ante el juez”, aseguró Neira. Sin embargo, reconoció que el éxito de esta colaboración depende del avance de otras instituciones involucradas en la investigación.
El fortalecimiento de la interoperabilidad con el SRI y la Superintendencia de Compañías ha permitido cruzar datos tributarios y societarios, lo que ha facilitado la detección de casos de lavado de activos. “Entre más cruzo información, más alertas identifico y más casos de lavado de activos detecto”, concluyó Neira.
La reciente publicación de un proceso de $113.319,85 para renovar baños en el Palacio de Carondelet, seguida del mantenimiento del portal del Sercop, ha generado controversia y ha sido criticada por algunos sectores como una muestra de falta de transparencia. Sin embargo, el gobierno insiste en que la depuración del sistema de contratación pública es un proceso complejo y que requiere tiempo y recursos.
La ofensiva contra la corrupción y el lavado de activos lanzada por el gobierno de Daniel Noboa representa un paso importante en la lucha por la transparencia y la integridad en la administración pública. Si bien los resultados definitivos aún están por verse, la determinación del gobierno y la inversión en tecnología y recursos humanos sugieren que esta iniciativa podría tener un impacto significativo en la erradicación de la corrupción en Ecuador. La ciudadanía observa con atención el desarrollo de estos acontecimientos, esperando que la “Operación Limpieza Total” cumpla con sus promesas y restaure la confianza en las instituciones públicas.
