Quito y la Prefectura de Pichincha han alzado la voz enérgicamente contra la recién aprobada Ley de Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), calificándola como un atentado contra la autonomía local y una amenaza directa a los programas sociales que benefician a los sectores más vulnerables de la población. La normativa, aprobada por la Asamblea Nacional con 77 votos a favor, obliga a prefecturas y municipios a destinar el 70% de sus ingresos a inversión y el 30% a gasto corriente, una medida que, según las autoridades locales, desestabilizará la provisión de servicios esenciales.
La prefecta de Pichincha, Paola Pabón, no tardó en reaccionar. A través de un video difundido en redes sociales, Pabón denunció que la Asamblea Nacional “le ha dado la espalda a los gobiernos subnacionales y a la gente más humilde”. Sin embargo, enfatizó su determinación de resistir y garantizar la continuidad de los programas de atención y servicio social que gestiona la Prefectura, como Wiva Pichincha, Guambra Pichincha y Warmi Pichincha. La preocupación es palpable, ya que estos programas representan un salvavidas para miles de familias en situación de vulnerabilidad.
En Quito, el alcalde Pabel Muñoz ha sido igualmente contundente en su crítica. El burgomaestre advierte que la ley afectará directamente a programas emblemáticos como los bonos 60 y PiQuito, Quito Wawas, los servicios de Casa Somos, así como al apoyo a eventos y artistas ecuatorianos. Muñoz asegura que la administración municipal ya invierte el 100% de sus recursos, e incluso destina más de lo que recibe del gobierno central, por lo que la nueva ley impondrá restricciones severas a su capacidad de acción.
“Defenderemos a las familias más necesitadas y sus servicios de desarrollo infantil, educación extracurricular, salud mental, atención a adultos mayores, transporte, cultura y apoyo a emprendedores”, declaró Muñoz, reafirmando su compromiso con la protección de los sectores más vulnerables de la capital.
La respuesta no se limita a Quito y Pichincha. Jomar Cevallos, alcalde de Cotacachi en Imbabura, ha calificado la ley de “desastrosa y anticonstitucional”, sumándose al creciente coro de voces que denuncian el impacto negativo de la normativa en la autonomía local. Cevallos, al igual que Pabón y Muñoz, anticipa que la ley socavará la capacidad de los gobiernos locales para responder a las necesidades de sus ciudadanos.
Muñoz incluso envió un video de 12 minutos al pleno de la Asamblea Nacional, en un intento por explicar la realidad del gasto público en Quito. En su presentación, el alcalde argumentó que el Municipio ya cumple con creces los requisitos de inversión, y que la nueva ley impondrá restricciones innecesarias que perjudicarán a la población.
La preocupación de las autoridades de Quito se extiende a las consecuencias sociales que podría acarrear la reducción de los recursos destinados a programas sociales. Muñoz advierte que la eliminación de actividades extracurriculares podría dejar a miles de niños sin opciones de recreación y aprendizaje, exponiéndolos a riesgos como el microtráfico y la delincuencia. “Sin actividades extracurriculares del Municipio, muchos niños regresarán directo a casa y en la esquina pueden encontrarse con el microtráfico. Correrán el riesgo de ser cooptados por grupos criminales”, advirtió el alcalde.
Ante este escenario, tanto la Prefectura de Pichincha como la Alcaldía de Quito han anunciado que defenderán su autonomía con todas las herramientas legales a su alcance. Paola Pabón ha anunciado que recurrirán a la Corte Constitucional para que revise la ley, mientras que Pabel Muñoz ha calificado la aprobación de la normativa como una “violación” de la Constitución.
“Mientras la sociedad ha defendido la actual Constitución con sus votos, la Asamblea la ha violentado otra vez. Esta ley atenta contra los gobiernos locales, los municipios y Quito, la ciudad capital”, afirmó Muñoz, en un tono desafiante.
La situación ha generado un clima de tensión entre el gobierno central y los gobiernos locales, y se prevé que la disputa se intensifique en los próximos días. La aprobación de la Ley de Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los GAD ha abierto un nuevo frente de batalla en la relación entre el poder central y los gobiernos autónomos descentralizados, y el futuro de los programas sociales y la autonomía local penden de un hilo. La resistencia, como bandera, se alza en Pichincha y Quito, anticipando una lucha legal y política que podría definir el rumbo de la administración pública en Ecuador. La mirada de la ciudadanía está puesta en la Corte Constitucional, esperando una resolución que proteja los derechos y las necesidades de los sectores más vulnerables de la sociedad.
