Tegucigalpa – Una profunda reestructuración del Poder Judicial de Honduras se perfila en el horizonte, impulsada por el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos, quien propone la creación de un Consejo de la Judicatura y una reforma en la integración de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Las propuestas buscan, según el experto, fortalecer la ética, la profesionalización y la independencia del sistema judicial, actualmente percibido por muchos como vulnerable a influencias políticas.
Barrientos argumenta que la creación de un Consejo de la Judicatura es un paso fundamental para separar las funciones administrativas de las jurisdiccionales dentro de la CSJ. Esta separación permitiría a los magistrados concentrarse exclusivamente en la impartición de justicia, elevando la calidad y eficiencia del sistema. Actualmente, la CSJ asume tanto funciones judiciales como administrativas, lo que, según el constitucionalista, diluye el enfoque y puede generar conflictos de interés.
“Tradicionalmente, el único magistrado que no integra salas es el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Los demás magistrados están asignados a salas específicas, como lo civil o lo constitucional. El presidente no imparte justicia directamente en salas; su función debe ser la representación del órgano colegiado”, explicó Barrientos, subrayando la necesidad de clarificar roles y responsabilidades dentro del máximo tribunal.
Bajo el esquema propuesto, los 14 magistrados restantes continuarían dedicados plenamente a la administración de justicia, mientras que la presidencia de la CSJ se enfocaría en tareas institucionales y administrativas, como la gestión del presupuesto, la coordinación con otras instituciones del Estado y la representación del Poder Judicial ante la sociedad. Esta división de tareas, según Barrientos, optimizaría el funcionamiento del sistema y garantizaría una mayor transparencia en la gestión de los recursos.
Pero la propuesta de Barrientos no se limita a la creación de un Consejo de la Judicatura. El constitucionalista también plantea una reforma constitucional para modificar la integración de la CSJ, sugiriendo un regreso al modelo anterior compuesto por nueve magistrados propietarios y cinco suplentes electos por el Congreso Nacional de Honduras.
Actualmente, la CSJ está integrada por quince magistrados, pero Barrientos cuestiona la falta de magistrados suplentes electos formalmente por el Congreso. Según el experto, esta situación genera una vulnerabilidad en el sistema, ya que la ausencia de un magistrado titular puede afectar la capacidad de la CSJ para resolver casos y cumplir con sus funciones.
“Deben existir forzosamente suplentes para garantizar continuidad y profesionalismo en el Poder Judicial”, subrayó Barrientos, al tiempo que criticó que en la práctica reciente se hayan designado suplentes mediante acuerdos políticos entre partidos, sin un proceso formal de elección legislativa. Esta práctica, según el constitucionalista, socava la independencia del Poder Judicial y lo expone a influencias indebidas.
Barrientos recordó que, en el pasado, la designación de magistrados suplentes se realizaba a través de un proceso legislativo transparente y competitivo, en el que los candidatos eran evaluados por sus méritos y trayectoria profesional. Sin embargo, en los últimos años, se ha recurrido a arreglos políticos para designar suplentes, lo que ha generado críticas y desconfianza en la ciudadanía.
El constitucionalista propuso que el Congreso Nacional establezca un mecanismo claro y transparente para la elección de magistrados suplentes, en el que se prioricen los criterios de mérito, capacidad y experiencia profesional. Asimismo, sugirió que se establezcan requisitos mínimos para los candidatos, como la posesión de un título universitario en derecho, la experiencia en el ejercicio de la profesión y la ausencia de antecedentes penales.
La reforma constitucional propuesta por Barrientos también incluye la modificación de los requisitos para la elección de los magistrados propietarios de la CSJ. El constitucionalista sugiere que se establezcan criterios más rigurosos para la selección de los candidatos, como la realización de exámenes de conocimientos, la evaluación de su trayectoria profesional y la presentación de un plan de trabajo.
Barrientos argumenta que estas medidas contribuirían a reducir la politización del Poder Judicial y a consolidar un sistema judicial más independiente y técnico. Según el experto, la politización del Poder Judicial es uno de los principales problemas que aquejan a Honduras, ya que socava la confianza de la ciudadanía en la justicia y dificulta la resolución de conflictos.
“Una reforma estructural en la elección e integración de la Corte contribuiría a reducir la politización y a consolidar un sistema judicial más independiente y técnico”, concluyó Barrientos, al tiempo que instó al Congreso Nacional y al Gobierno a iniciar un diálogo amplio y transparente para abordar esta problemática.
La propuesta de Barrientos ha generado un debate en la comunidad jurídica y política de Honduras. Algunos sectores han expresado su apoyo a las reformas propuestas, argumentando que son necesarias para fortalecer la independencia y la eficiencia del Poder Judicial. Otros sectores han manifestado su preocupación por los posibles efectos de las reformas, argumentando que podrían afectar la estabilidad del sistema judicial y generar incertidumbre jurídica.
En cualquier caso, la propuesta de Barrientos ha puesto sobre la mesa un tema crucial para el futuro de Honduras: la necesidad de reformar el Poder Judicial para garantizar la impartición de justicia de manera imparcial, transparente y eficiente. La discusión sobre estas reformas seguramente continuará en los próximos meses, y se espera que el Congreso Nacional tome medidas para abordar esta problemática. La sociedad hondureña observa con atención el desarrollo de este debate, consciente de que la independencia y la eficiencia del Poder Judicial son fundamentales para el fortalecimiento de la democracia y el estado de derecho.
