El Gobierno de Venezuela ha respondido con firmeza al posicionamiento de Guyana respecto a la disputa territorial del Esequibo, rechazando lo que califica como un "desesperado e irresponsable" intento de socavar el Acuerdo de Ginebra de 1966. La contienda, que se remonta a más de un siglo, se ha intensificado en los últimos meses, con ambos países reafirmando sus reclamaciones sobre la región, rica en recursos naturales y de gran importancia estratégica.
El ministro de Exteriores venezolano, Yván Gil, emitió un comunicado a través de su canal de Telegram en el que denuncia el intento de Guyana de "desvirtuar y desconocer las obligaciones jurídicamente vinculantes" asumidas con la firma del Acuerdo de Ginebra. Caracas insiste en que este acuerdo es la "única solución posible" para resolver la controversia, ya que establece la necesidad de un "arreglo práctico y mutuamente aceptable" entre las partes.
La respuesta de Venezuela se produce tras una declaración de Georgetown conmemorando el 60º aniversario del Acuerdo de Ginebra, en la que reiteraba su reivindicación sobre la soberanía del Esequibo. Guyana ha instado a Caracas a "abstenerse" de acciones que puedan "socavar la paz y la estabilidad en la región" y ha abogado por la "imparcialidad del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)".
Sin embargo, Venezuela ha dejado claro que "no reconocerá ninguna decisión que emane de la CIJ", argumentando que la acción unilateral de Guyana ante esta instancia constituye una "abierta violación del Acuerdo de Ginebra". Caracas considera que las obligaciones derivadas del acuerdo son "incompatibles y excluyentes" con una resolución judicial.
La disputa territorial del Esequibo tiene sus raíces en el siglo XIX, cuando Gran Bretaña y los Países Bajos se disputaban el control de la región. En 1899, un laudo arbitral otorgó el territorio a Gran Bretaña, pero Venezuela siempre ha argumentado que este laudo fue producto de un acuerdo político fraudulento entre los británicos y el jurista ruso Friedrich Martens, quien formaba parte del tribunal arbitral.
Venezuela sostiene que el curso del río Esequibo es el que debe delimitar la frontera con Guyana, mientras que Georgetown defiende que la zona fue adquirida legalmente a través de un acuerdo con los Países Bajos en 1814 y que el laudo arbitral de 1899 es válido y vinculante.
La tensión entre ambos países ha aumentado significativamente en los últimos años, especialmente desde el descubrimiento de importantes reservas de petróleo en aguas territoriales adyacentes al Esequibo. En diciembre de 2023, Venezuela celebró un referéndum en el que la población aprobó abrumadoramente la creación de una nueva provincia llamada "Territorio Esequibo", incorporando la región disputada al mapa venezolano.
Esta decisión fue condenada por Guyana, que la considera una violación de su soberanía y una amenaza a la paz regional. Georgetown ha recurrido a la CIJ para que declare nulo el referéndum venezolano y reafirme su soberanía sobre el Esequibo.
El Gobierno venezolano, por su parte, ha nombrado a un gobernador para el territorio disputado y ha anunciado planes para desarrollar actividades económicas en la región, lo que ha generado aún más tensiones con Guyana.
La situación se complica aún más por la participación de actores externos, como Estados Unidos, que ha expresado su apoyo a Guyana y ha advertido a Venezuela contra cualquier acción que pueda desestabilizar la región.
El Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966, fue un intento de resolver la disputa territorial a través de la negociación. Sin embargo, las conversaciones entre Venezuela y Guyana han estado estancadas durante décadas.
Caracas insiste en que Guyana debe sentarse a la mesa de negociación para alcanzar un "arreglo práctico y mutuamente aceptable" que cumpla con lo establecido en el Acuerdo de Ginebra. El Gobierno venezolano ha asegurado que, "tarde o temprano", Guyana tendrá que aceptar esta vía de diálogo.
En su comunicado, el Ministerio de Exteriores venezolano reafirma la reivindicación de sus "derechos históricos sobre la Guayana Esequiba" y advierte que "no renunciará jamás al territorio que desde su nacimiento le pertenece".
La disputa del Esequibo representa un desafío importante para la estabilidad regional y podría tener consecuencias significativas para la seguridad energética y económica de la región. La comunidad internacional observa con preocupación la evolución de la situación y urge a ambas partes a buscar una solución pacífica y negociada a la controversia. La firme postura de Venezuela y su rechazo a la jurisdicción de la CIJ complican las perspectivas de una resolución rápida del conflicto, dejando el futuro del Esequibo en un estado de incertidumbre.
