La organización Human Rights Watch (HRW) ha denunciado que fuerzas estadounidenses habrían atacado tres embarcaciones en las costas de Ecuador entre los meses de enero y marzo del presente año. De acuerdo con la organización de derechos humanos, estas acciones han dejado un saldo de al menos ocho personas desaparecidas, aunque el gobierno de Washington ha rechazado cualquier tipo de responsabilidad sobre estos incidentes.
En un informe detallado titulado "Una alianza peligrosa", HRW expone que las embarcaciones pesqueras denominadas 'La Negra Francisca Duarte II' y 'Don Maca' fueron blanco de ataques en el océano Pacífico. Asimismo, el documento señala que una tercera nave, llamada 'Fiorella', desapareció el pasado 20 de enero junto con ocho de sus tripulantes. A pesar de las evidencias presentadas por la organización, tanto el Departamento de Defensa como la Guardia Costera de Estados Unidos han negado su implicación en estos hechos.
La investigación llevada a cabo por HRW se basó en un análisis exhaustivo que incluyó entrevistas a 62 personas, entre ellas 13 sobrevivientes de los ataques, además del estudio de un centenar de fotografías y videos. Según los testimonios recogidos, los ataques contra 'La Negra Francisca Duarte II' y 'Don Maca', ocurridos los días 17 y 26 de marzo respectivamente, fueron ejecutados mediante el uso de drones armados.
Los sobrevivientes relataron que fueron detenidos por ciudadanos estadounidenses armados que vestían uniformes de estilo militar con insignias de la bandera de Estados Unidos. Según los testimonios, la detención se produjo a bordo de un barco de colores azul y blanco que se encontraba en las proximidades, y posteriormente fueron entregados a la Guardia Costera de El Salvador. Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, explicó en rueda de prensa que, si bien no existe un video o reconocimiento directo de responsabilidad por parte del gobierno estadounidense, la investigación indica que las autoridades de dicho país tuvieron algún grado de participación o conocimiento de los ataques.
Este contexto se enmarca en una estrategia iniciada por el gobierno de Donald Trump, que en febrero de 2025 comenzó a designar a diversos grupos del crimen organizado en América Latina como organizaciones terroristas. A partir de septiembre de ese mismo año, se iniciaron ataques contra presuntas narcolanchas, operando primero en aguas del Caribe y extendiéndose posteriormente hacia el Pacífico. Paralelamente, países como Ecuador han anunciado públicamente el refuerzo de su cooperación militar con el Pentágono.
Desde una perspectiva estadística, un conteo realizado por la agencia AFP indica que, desde el 2 de septiembre de 2025, se han registrado al menos 53 ataques en las regiones del Pacífico y el Caribe, resultando en la muerte de al menos 215 personas. Mientras que organizaciones de derechos humanos denuncian estos hechos como ejecuciones extrajudiciales, el Pentágono ha reivindicado puntualmente algunos ataques a través de la red social X. En dichas publicaciones, el Comando Sur ha sostenido que las naves atacadas estaban involucradas en el tráfico de estupefacientes y utilizaban rutas conocidas por las fuerzas de seguridad.
Además de los incidentes marítimos, HRW denuncia la existencia de torturas y detenciones arbitrarias en el marco de la campaña militar conjunta entre Washington y Quito contra el crimen organizado. Específicamente, la organización señala una operación militar realizada en marzo en San Martín, una aldea fronteriza con Colombia, zona identificada por el alto tráfico de armas y drogas.
Ante la gravedad de los hechos expuestos en el informe, Human Rights Watch ha solicitado que el Congreso de Estados Unidos realice un examen urgente de estos incidentes y revise la relación de cooperación en materia de seguridad establecida entre los gobiernos de Estados Unidos y Ecuador.
