El vicepresidente Félix Ulloa defendió con vehemencia el régimen de excepción salvadoreño ante un foro internacional en España, minimizando las preocupaciones sobre violaciones a los derechos humanos y cuestionando la legitimidad de las críticas de organizaciones internacionales. Sus declaraciones, realizadas durante una conferencia organizada por World Law Foundation, han reavivado el debate sobre el equilibrio entre seguridad y libertades civiles en El Salvador.
Ulloa argumentó que el régimen de excepción, implementado en marzo de 2022 en respuesta a un aumento drástico de los homicidios, no ha afectado “ninguna libertad pública” de los ciudadanos. Esta afirmación contrasta directamente con los informes de numerosas organizaciones defensoras de derechos humanos que han documentado una amplia gama de abusos, incluyendo detenciones arbitrarias, torturas, condiciones carcelarias inhumanas y la negación del debido proceso legal.
El vicepresidente justificó la medida como una respuesta excepcional a una crisis de seguridad sin precedentes, insistiendo en que su mantenimiento está directamente ligado a la necesidad de controlar la violencia y garantizar la seguridad de la población. Ulloa desestimó las solicitudes de derogación del régimen de excepción por parte de organismos internacionales como la ONU y Amnistía Internacional, preguntando retóricamente: "¿Cuándo vamos a quitarlo? ¿Cuándo lo pida la ONU, Amnistía Internacional y otras organizaciones internacionales o cuando lo pida el pueblo salvadoreño?".
Ulloa citó una encuesta que, según él, muestra que el 96% de la población salvadoreña apoya la continuación del régimen de excepción. Si bien no se proporcionaron detalles sobre la metodología o la fuente de esta encuesta, el vicepresidente la utilizó para argumentar que la medida cuenta con un amplio respaldo popular y que las preocupaciones de las organizaciones internacionales no reflejan la voluntad del pueblo.
A pesar de su defensa de la legalidad y efectividad del régimen de excepción, Ulloa admitió que ha habido fallos en su aplicación. Reveló que aproximadamente 8,000 personas detenidas bajo el régimen han sido liberadas posteriormente al no encontrarse pruebas de su vinculación con pandillas. Esta admisión plantea interrogantes sobre la precisión de los criterios de detención y la posibilidad de que personas inocentes hayan sido privadas de su libertad.
El funcionario insistió en que el gobierno está actuando dentro del marco legal, señalando que la Asamblea Legislativa aprueba mensualmente prórrogas del régimen de excepción. Sin embargo, críticos argumentan que estas prórrogas se aprueban sin un análisis exhaustivo de su impacto en los derechos humanos y que la Asamblea Legislativa, controlada por el partido gobernante, no ejerce una supervisión efectiva sobre el poder ejecutivo.
Ulloa también atacó la credibilidad de los informes de organizaciones nacionales e internacionales, incluyendo el de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Afirmó que estos informes no están “verificados en el terreno” y acusó a algunas organizaciones de buscar “recibir fondos” a través de denuncias exageradas o infundadas. Estas acusaciones buscan desacreditar el trabajo de los defensores de derechos humanos y desviar la atención de las graves preocupaciones sobre las violaciones de derechos humanos que se están documentando en El Salvador.
El vicepresidente calificó los logros del gobierno en materia de seguridad como “el milagro de la seguridad”, destacando la reducción significativa de los homicidios desde la implementación del régimen de excepción. Sin embargo, esta reducción de la violencia ha sido obtenida a un costo considerable en términos de derechos humanos y libertades civiles.
La defensa del régimen de excepción por parte de Ulloa se produce en un contexto de creciente preocupación internacional por la erosión de las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos en El Salvador. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han denunciado la concentración de poder en el ejecutivo, la politización del sistema judicial y la represión de la disidencia.
La postura del vicepresidente Ulloa refleja la determinación del gobierno de mantener el régimen de excepción a pesar de las críticas internacionales y las crecientes evidencias de violaciones a los derechos humanos. La pregunta clave que queda por responder es si la seguridad pública justifica la suspensión de derechos fundamentales y si el “milagro de la seguridad” puede sostenerse a largo plazo sin comprometer los principios democráticos y el estado de derecho.
La comunidad internacional observa con atención la situación en El Salvador, y la presión sobre el gobierno para que respete los derechos humanos y restaure las libertades civiles continúa aumentando. El futuro de la democracia y el estado de derecho en El Salvador dependerá de la capacidad del gobierno para encontrar un equilibrio entre la seguridad pública y el respeto a los derechos fundamentales. La reciente declaración de Ulloa sugiere que este equilibrio sigue siendo esquivo.
