La Asamblea Nacional de Ecuador destituyó este martes 18 de febrero de 2026 a Mario Godoy, expresidente del Consejo de la Judicatura, en un juicio político que culminó con 148 votos a favor y una abstención. La decisión se tomó apenas dos horas después de que Godoy anunciara su renuncia al cargo, pero los legisladores insistieron en continuar con el proceso, argumentando que la censura y destitución eran necesarias para reafirmar el respeto a las reglas y el procedimiento democrático. La sesión, cargada de tensión y acusaciones cruzadas, evidenció las profundas divisiones políticas que atraviesan el país.
El asambleísta Franklin Samaniego, de Revolución Ciudadana (RC), junto a su colega Viviana Veloz, lideraron la interpelación contra Godoy, presentando las acusaciones en su contra a pesar de la renuncia. La bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN) también jugó un papel crucial, aunque con una justificación diferente. Ferdinan Álvarez, presidente de la Comisión de Fiscalización, rechazó las especulaciones de que su bancada defendería a Godoy, afirmando que la evidencia presentada por el correísmo no era suficiente para probar las acusaciones, pero que la “manifiesta inoperancia” de Godoy para proteger al juez Carlos Serrano, ante las supuestas amenazas de muerte en el caso Euro 2024, justificaba la censura.
La ausencia de Godoy durante su defensa fue un punto central de la jornada. El secretario de la Asamblea constató su inasistencia, lo que abrió el debate entre los asambleístas. Ana Belén Tapia, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, aprovechó la oportunidad para recordar la decisión del correísmo en el pasado de no votar a favor de la censura del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, acusando a la oposición de hipocresía. Tapia fue quien finalmente mocionó el pedido de “censura y destitución” de Godoy, argumentando que ADN había demostrado su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.
El ambiente se tornó aún más tenso cuando Viviana Veloz intentó mocionar la censura y destitución de Godoy durante su interpelación, buscando evitar que ADN tomara la iniciativa. El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, le recordó que las mociones solo pueden presentarse durante el debate, generando un cruce de palabras y aplausos de la bancada oficialista. Posteriormente, Franklin Samaniego elogió la valentía del juez Carlos Serrano por denunciar las presuntas presiones de cercanos a Godoy, pidiendo un aplauso en su honor.
Durante su intervención, Veloz denunció lo que calificó como un “carnavalazo a la justicia” tras la designación de Damián Larco como nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Acusó a Godoy de haber presionado al juez Serrano para que favoreciera a Jezdimir Srdan, un narcotraficante serbio, y perjudicara a la jueza Nubia Vera en el caso de la ex vicepresidenta Verónica Abad. El correísmo se basó en la versión del juez Serrano, quien había manifestado en la Comisión de Fiscalización la falta de “plena libertad” entre los jueces anticorrupción y su temor por su seguridad, lo que lo obligó a abandonar el país.
La Comisión de Fiscalización había elaborado un informe de más de 70 páginas, analizando las pruebas documentales y testimoniales presentadas. Si bien cuestionó la validez de muchas de las pruebas presentadas por el correísmo, basándose en publicaciones de prensa, reconoció la existencia de una “manifiesta inoperancia” por parte de Godoy en la protección del juez Serrano. El informe concluyó que la censura y destitución eran la consecuencia jurídica adecuada.
Previo a la intervención de los legisladores, se leyó íntegramente el informe de la Comisión de Fiscalización. El presidente de la Asamblea, Niels Olsen, había señalado que el juicio político debía continuar a pesar de la renuncia de Godoy, confirmando que el documento ya había sido recibido. La bancada de ADN ratificó su decisión de votar a favor de la censura, aunque no basándose en las pruebas presentadas por el correísmo, sino en la negligencia manifiesta de Godoy en el cumplimiento de sus funciones.
La renuncia de Godoy, según el correísmo, fue una estrategia orquestada con Carondelet y los asambleístas de ADN para evitar la censura. Viviana Veloz afirmó que la dimisión no borra los hechos ni extingue las responsabilidades, insistiendo en la necesidad de la censura y destitución. Samaniego señaló que la renuncia debía ser aceptada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), pero que mientras tanto, la moción del correísmo se mantendría firme.
El caso Godoy ha generado una profunda crisis en el sistema judicial ecuatoriano, poniendo en evidencia las tensiones entre los diferentes poderes del Estado y la necesidad de fortalecer la independencia judicial. La destitución de Godoy marca un precedente importante en la historia política del país, reafirmando la importancia de la rendición de cuentas y el respeto a las instituciones democráticas. La atención ahora se centra en la elección de un nuevo presidente para el Consejo de la Judicatura y en las investigaciones sobre las presuntas irregularidades que llevaron a la caída de Mario Godoy. La sombra de la corrupción y la injerencia política sigue planeando sobre el sistema judicial ecuatoriano, y la sociedad espera que este caso sirva como un punto de inflexión para construir un futuro más justo y transparente.
