El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago dictó una contundente sentencia condenatoria contra Orlando Andrés Durán Ponce, exjefe de la División de Atención Primaria (DIVAP) del Ministerio de Salud durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. El fallo, unánime, lo declara culpable de negociación incompatible, fraude al Fisco (tanto frustrado como consumado), delitos cometidos en Santiago durante el año 2020, en el contexto más álgido de la pandemia por Covid-19.
La investigación judicial reveló una trama de corrupción que se gestó aprovechando la excepcionalidad de la alerta sanitaria nacional, decretada el 5 de febrero de 2020. Esta situación facultó a la Subsecretaría de Redes Asistenciales a realizar contrataciones directas, sin licitación, con el objetivo de responder rápidamente a las necesidades emergentes. La DIVAP, bajo la dirección de Durán Ponce, fue designada como el organismo encargado de implementar la estrategia de Residencias Sanitarias en la Región Metropolitana, lo que le otorgó un poder considerable en la asignación de recursos.
El núcleo del fraude se centró en la contratación de la empresa Hotel Clínico SpA, constituida apresuradamente el 24 de marzo de 2020 por Alexandra González Silva, quien posteriormente firmaría el convenio con el Minsal el 1 de mayo del mismo año. El contrato estipulaba el arriendo de 40 habitaciones por un monto total de $205.586.304 (IVA incluido). Sin embargo, la investigación demostró que la empresa carecía de la autorización sanitaria necesaria, no se verificaron las condiciones de aislamiento adecuadas, y, lo más grave, no existía evidencia real de la disponibilidad de las habitaciones ofrecidas.
El tribunal estableció de manera irrefutable que Durán Ponce tenía un interés directo y personal en la operación. No solo era propietario y arrendatario de múltiples departamentos en el inmueble ubicado en calle Mosqueto N°552, los cuales serían utilizados por Hotel Clínico SpA, sino que también transfirió más de $10 millones a González Silva para que esta pudiera obtener la boleta de garantía exigida por el contrato. Esta transferencia de fondos evidencia una clara intención de facilitar la adjudicación a la empresa y beneficiarse económicamente de la situación.
La participación de Dangelo Iasalvatore Silva, funcionario de la DIVAP y primo de González Silva, también fue crucial en la ejecución del fraude. Actuó como contraparte técnica ministerial, pero omitió deliberadamente verificar la correcta ejecución de las prestaciones y la veracidad de los antecedentes presentados. Esta negligencia permitió que se remitieran al Ministerio de Salud planillas con información falsa sobre supuestos usuarios de la residencia sanitaria, incluyendo personas que se encontraban fuera del país.
El tribunal concluyó que este conjunto de acciones buscaba defraudar al Fisco por más de $205 millones. Afortunadamente, las irregularidades fueron detectadas por funcionarios encargados de cursar los pagos, evitando que el fraude se concretara en su totalidad. No obstante, el daño ya estaba hecho, y la investigación reveló un segundo fraude consumado: el pago de honorarios a Alexandra González Silva por servicios que nunca fueron prestados.
González Silva fue contratada como “experta” en materias de salud pública y zoonosis, pero los informes de actividades que presentó eran falsos y no existía registro de labores efectivamente realizadas en la DIVAP durante abril y mayo de 2020. Con el respaldo de Durán Ponce, se obtuvieron pagos indebidos por $2.400.000, configurando un delito de fraude al Fisco consumado.
La sentencia impuesta a Durán Ponce es severa: 900 días de presidio, inhabilitación absoluta temporal para cargos públicos por 3 años y un día, y el pago de una multa de $102.793.152 por la negociación incompatible y el fraude al Fisco frustrado. Además, se le impuso una segunda condena de 900 días de reclusión, con las mismas penas accesorias y una multa adicional de $2.400.000 por el fraude al Fisco consumado.
Sin embargo, el tribunal optó por sustituir el cumplimiento efectivo de las penas privativas de libertad por el régimen de libertad vigilada intensiva, en virtud de la Ley N°18.216. Durán Ponce deberá presentarse ante el Centro de Reinserción Social de la Gendarmería de Chile correspondiente a su domicilio, cumplir un plan de intervención individual, someterse a controles periódicos y asistir a programas formativos en ámbitos laborales o culturales.
La decisión de aplicar la atenuante de colaboración sustancial no fue unánime. El juez Aravena Bouyer discrepó, argumentando que la gravedad de los hechos y la extensión de las condenas no cumplían con los requisitos legales para acceder a penas sustitutivas. En su disidencia, propuso imponer a Durán Ponce cuatro años de presidio menor en su grado máximo por el primer delito y tres años y un día por el segundo.
En el ámbito civil, el tribunal acogió íntegramente la demanda presentada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), condenando a Durán Ponce al pago de $2.400.000 al Fisco por concepto de daño emergente derivado del pago de honorarios por servicios no realizados. Este monto corresponde al beneficio económico que Alexandra González Silva obtuvo de manera ilegítima.
Alexandra González Silva también fue condenada previamente en un procedimiento abreviado a 61 y 541 días de presidio por los delitos de negociación incompatible y fraude al Fisco, respectivamente. Estas sanciones también fueron sustituidas por libertad vigilada intensiva por un período de cuatro años.
Este caso pone de manifiesto la importancia de la transparencia y la fiscalización en la gestión de los recursos públicos, especialmente en situaciones de emergencia como la pandemia. La condena a Durán Ponce y González Silva envía un mensaje claro: la corrupción no quedará impune, y aquellos que abusen de su posición de poder para enriquecerse ilícitamente serán llevados ante la justicia. La investigación y el juicio de este caso son un ejemplo de cómo el Estado puede actuar para proteger el patrimonio público y garantizar la rendición de cuentas.
