El Congreso de la República ha convocado a interpelación a las ministras de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, y de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto Barrera, en medio de crecientes preocupaciones sobre el futuro de la Nueva Carretera Central, un proyecto de infraestructura vital para el país con una inversión que supera los 24 mil millones de soles. Las mociones de interpelación, presentadas por diversos grupos parlamentarios, buscan respuestas claras y contundentes sobre las decisiones que podrían poner en peligro la ejecución de esta obra estratégica y otros proyectos relacionados.
La principal crítica dirigida a la ministra Miralles se centra en los recortes presupuestarios para el año 2026, que han generado alarma entre los sectores técnicos involucrados en la Carretera Central. Las estimaciones iniciales requerían una asignación de al menos 1,250 millones de soles para iniciar las obras de los túneles de Pariachi y Ticlio, componentes cruciales para la finalización del proyecto. Sin embargo, el Gobierno, bajo la administración de la ministra Miralles, solo ha destinado 190.6 millones de soles, una cifra que, según los críticos, apenas cubriría los costos de los estudios de ingeniería, dejando sin financiamiento la construcción propiamente dicha.
Esta decisión ha sido calificada como un “sabotaje presupuestal” por algunos congresistas, quienes argumentan que pone en riesgo el cronograma de la obra y podría llevar a su paralización. Además, se cuestiona la intención de la ministra Miralles de explorar alternativas de financiamiento que involucren capitales privados o la implementación de peajes, lo que representaría un cambio significativo con respecto al compromiso original de inversión pública directa. Esta modificación en el modelo de financiamiento ha generado desconfianza y ha sido interpretada como un intento de desresponsabilizar al Estado en la ejecución del proyecto.
Por su parte, el ministro Prieto Barrera deberá explicar al Congreso las razones detrás de la resolución del contrato de asistencia técnica con la empresa francesa EGIS, firmado el 3 de febrero de 2026. Esta empresa formaba parte del acuerdo de Gobierno a Gobierno (G2G) con Francia, un mecanismo que se había promocionado como una garantía de transparencia y eficiencia en la ejecución de la Carretera Central. La decisión de separar a EGIS se basó en informes de la Defensoría del Pueblo que revelaron que empresas vinculadas a este grupo económico han sido inhabilitadas por el Banco Mundial y el BID debido a prácticas fraudulentas o de corrupción en otros países.
Si bien la preocupación por la integridad de EGIS es válida, el Congreso critica al MTC por no haber informado a tiempo a los gobiernos regionales sobre esta crisis contractual. Esta falta de comunicación ha generado desconfianza y podría dar lugar a posibles demandas internacionales contra el Estado peruano, lo que agravaría aún más la situación. La interpelación también abordará los retrasos en las obras del Puente Santa Rosa y la Vía Expresa Santa Rosa, accesos fundamentales para el nuevo Aeropuerto Jorge Chávez.
La situación del Puente Santa Rosa es particularmente preocupante, ya que el costo de la obra se habría disparado de 800 millones de soles a más de 2,000 millones de soles debido a demoras y una gestión deficiente. Además, existe la posibilidad de que el puente se termine de construir pero no tenga conexión con la Costa Verde por falta de presupuesto para el viaducto correspondiente, lo que dejaría el acceso al aeropuerto incompleto y limitaría su capacidad operativa.
Otro punto crítico que deberá responder el ministro Prieto es la autorización excepcional para que vehículos de hasta 101 toneladas transiten por la actual Carretera Central, a pesar de que existen puentes con riesgo extremo de colapso. Esta medida, considerada por muchos como imprudente, pone en peligro la seguridad de los usuarios y podría provocar una tragedia en caso de que uno de los puentes ceda.
Ambos ministros deberán comparecer ante el Pleno del Congreso para responder a extensos pliegos de preguntas que buscan aclarar si estos megaproyectos seguirán adelante o si quedarán paralizados por falta de recursos y mala gestión. La interpelación representa un momento crucial para el futuro de la infraestructura peruana y podría tener importantes consecuencias políticas para el Gobierno. La oposición espera aprovechar esta oportunidad para cuestionar la gestión económica y de transporte del Ejecutivo, mientras que el oficialismo buscará defender a sus ministros y garantizar la continuidad de los proyectos.
El resultado de la interpelación podría determinar si la Nueva Carretera Central se convierte en una realidad o en un símbolo de la ineficiencia y la corrupción en la gestión pública. La ciudadanía observa con atención el desarrollo de este proceso, esperando que se tomen las medidas necesarias para proteger el patrimonio nacional y garantizar el desarrollo económico del país. La transparencia, la rendición de cuentas y la buena gestión son fundamentales para asegurar que estos proyectos estratégicos se completen con éxito y beneficien a todos los peruanos.
