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Caracas, Venezuela – La situación humanitaria y política en Venezuela se agrava a medida que la huelga de hambre de diez familiares de presos políticos entra en su tercer día frente al comando policial Zona 7 en Caracas. Dos de las manifestantes han sufrido graves problemas de salud este domingo, poniendo de manifiesto la desesperación y el sacrificio que están dispuestas a asumir para exigir la liberación de sus seres queridos.
Una de las mujeres se desmayó en dos ocasiones y presenta dificultades severas para mantenerse en pie, mientras que la otra experimenta fuertes dolores de cabeza y fluctuaciones en su presión arterial. El desgaste físico y emocional es evidente entre todas las participantes, quienes mantienen su protesta pacífica a pesar de las crecientes preocupaciones por su bienestar.
Petra Vera, cuya cuñado se encuentra detenido, declaró a EFE que las mujeres están decididas a continuar con la huelga, incluso ante el riesgo de sufrir crisis de salud debido a la prolongada falta de alimentos. “Una de las chicas se ha descompensado”, afirmó Vera, expresando su angustia ante la situación.
La preocupación se extiende al interior de la prisión, donde, según información extraoficial, las autoridades estarían obligando a los presos políticos en huelga de hambre a comer, amenazándolos con el aislamiento en celdas de castigo si se niegan. Esta denuncia, si se confirma, representaría una grave violación de los derechos humanos y una escalada en la represión contra la oposición.
La denuncia de obstáculos a la asistencia médica ha llegado a través de la red social X, donde el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela (VV), partido liderado por María Corina Machado, denunció que una funcionaria policial impidió el ingreso de sueros destinados a los presos en huelga. Dos jóvenes manifestantes tuvieron que ingresar personalmente para garantizar la entrega de estos insumos médicos esenciales, evidenciando la obstrucción deliberada por parte de las autoridades.
María Corina Machado, a través de su cuenta en X, expresó su solidaridad con las familias y reafirmó su compromiso de luchar por la liberación de todos los presos políticos en Venezuela. “No descansaremos hasta liberar a cada uno de nuestros presos políticos”, declaró Machado, en un mensaje que resonó entre sus seguidores y la comunidad internacional.
El partido opositor Primero Justicia (PJ) responsabilizó directamente al gobierno de Delcy Rodríguez por cualquier daño que puedan sufrir las familias en huelga de hambre. Esta acusación subraya la creciente tensión política y la falta de confianza en las autoridades.
El contexto de esta crisis se enmarca en las promesas de liberación de presos políticos realizadas por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, el pasado 6 de febrero. Rodríguez había anunciado que se liberarían a “todos” los presos una vez que se aprobara la ley de amnistía, estimando que esto ocurriría a más tardar el pasado viernes.
Sin embargo, el Legislativo, dominado por el chavismo, aplazó el jueves el segundo y último debate necesario para la aprobación de la ley, debido a desacuerdos sobre un artículo que exige a los procesados y condenados presentarse ante la Justicia. Este retraso ha generado frustración y desconfianza entre la oposición y las familias de los presos.
A pesar del aplazamiento, el gobierno ha informado sobre la excarcelación de 17 personas en Zona 7 el pasado sábado. Sin embargo, estas liberaciones parciales no son suficientes para satisfacer las demandas de la oposición y las familias, quienes exigen una amnistía general que garantice la liberación de todos los presos políticos.
La situación actual se desarrolla en un “nuevo momento político” en Venezuela, tras la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta encargada, luego de la captura de Nicolás Maduro en una operación militar en Caracas el pasado enero. Este cambio de liderazgo ha abierto una ventana de oportunidad para el diálogo y la negociación, pero también ha generado incertidumbre y tensiones.
La huelga de hambre de las familiares de presos políticos es un reflejo de la profunda crisis humanitaria y política que atraviesa Venezuela. La falta de alimentos, la represión contra la oposición y la falta de garantías procesales son solo algunos de los desafíos que enfrenta el país. La comunidad internacional observa con preocupación la evolución de la situación y exige al gobierno venezolano que respete los derechos humanos y libere a todos los presos políticos.
La persistencia de estas protestas, a pesar del riesgo para la salud de las manifestantes, demuestra la determinación de las familias de lograr la liberación de sus seres queridos. La presión interna y externa sobre el gobierno venezolano continúa aumentando, y la aprobación de la ley de amnistía se ha convertido en una demanda urgente para la oposición y la comunidad internacional. El futuro de los presos políticos y la estabilidad de Venezuela dependen de la voluntad del gobierno de responder a estas demandas y avanzar hacia una solución pacífica y democrática. La situación en Zona 7 es un microcosmos de la crisis venezolana, donde la esperanza y la desesperación se entrelazan en una lucha por la libertad y la justicia.
