La mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha dado un golpe de timón en la administración pública al ordenar el cierre de siete entes estatales, incluyendo figuras clave creadas durante la presidencia de Nicolás Maduro, actualmente detenido en Estados Unidos. El decreto oficial, divulgado este domingo, marca una reestructuración significativa del Ministerio del Despacho de la Presidencia y ha generado reacciones encontradas en el espectro político venezolano.
La decisión, formalizada a través del decreto 5.248, busca, según el gobierno, adaptar la estructura organizativa del Ejecutivo a “nuevas directrices y políticas de orden social”, priorizando la “satisfacción de los intereses colectivos”. Sin embargo, la oposición ve en esta medida un desmantelamiento interno del chavismo, aunque ejecutado por sus propios líderes.
Entre los entes que desaparecerán se encuentra el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA), fundado en 2013 bajo la administración de Maduro. El CESPPA, una entidad con un papel central en la recopilación y análisis de información sobre “la actividad enemiga interna y externa”, ha sido objeto de críticas por su presunto uso para la persecución política y la vigilancia de opositores. Su cierre podría interpretarse como un intento de Rodríguez de distanciarse de las prácticas de seguridad más controvertidas del gobierno anterior.
También se ordena la liquidación de la Fundación Misión Socialista Nueva Frontera de Paz, la Fundación Movimiento Bolivariano Revolucionario de la Reserva Activa General en Jefe Félix Antonio Velásquez y la Fundación Misión Jóvenes de la Patria Robert Serra, todas creadas por Maduro en los años 2015 y 2016. Estas fundaciones, a menudo utilizadas como vehículos para programas sociales y movilización política, representan una parte importante del legado de Maduro y su desaparición simboliza un cambio de rumbo en la política social del país.
La reestructuración no se limita a las creaciones de Maduro. El decreto también incluye la eliminación de la Fundación Propatria 2000 y la Fundación Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales (OPPPE), ambas lanzadas por el fallecido Hugo Chávez durante su mandato (1999-2013). Incluso la Fundación José Félix Ribas (Fundaribas), creada en 1986 durante la presidencia de Jaime Lusinchi, no escapa a la purga, lo que sugiere que la reestructuración busca eliminar estructuras consideradas obsoletas o ineficientes, independientemente de su origen político.
El proceso de supresión y liquidación de estos entes, que tendrá una duración de noventa días, estará a cargo de una junta liquidadora. Además, el decreto contempla el traspaso de otros entes adscritos al Ministerio del Despacho de la Presidencia a diferentes carteras de Estado, buscando una mayor eficiencia y coordinación en la administración pública.
Un aspecto clave de la reestructuración es la transferencia de la ejecución de los fines y objetivos de la misión Nueva Frontera de Paz al Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta misión, orientada a proteger a las comunidades fronterizas del “paramilitarismo, el narcotráfico, el secuestro, el contrabando y cualquier manifestación contraria al orden social y la paz”, ahora estará bajo la responsabilidad de la diplomacia venezolana, lo que podría indicar un cambio en la estrategia de seguridad fronteriza del país.
La asunción de la presidencia encargada por parte de Delcy Rodríguez, tras la captura de Maduro, ha estado marcada por una serie de cambios significativos en el gobierno venezolano. Desde nombramientos de personal clave, como el del capitán Juan Escalona como nuevo titular del Ministerio del Despacho de la Presidencia (Escalona era miembro del equipo de seguridad de Maduro), hasta modificaciones en los nombres de instituciones y la reforma de la ley petrolera, Rodríguez ha demostrado su determinación para imprimir su propia marca en la administración pública.
La oposición venezolana, representada por el partido Primero Justicia (PJ), ha reaccionado con cautela ante estos cambios. PJ califica la reestructuración como un “desmantelamiento del chavismo en manos del chavismo”, argumentando que no debe ser interpretado como un gesto de cooperación o reconciliación con el país. El partido exige que se dé a conocer cada paso del proceso de liquidación de los entes públicos, con el fin de garantizar la transparencia y evitar posibles irregularidades.
La decisión de Rodríguez de desmantelar estos entes públicos plantea interrogantes sobre el futuro del chavismo en Venezuela. ¿Se trata de un intento genuino de reformar el gobierno y mejorar la eficiencia de la administración pública? ¿O es simplemente una maniobra política para consolidar el poder de Rodríguez y distanciarse de las políticas más controvertidas de Maduro?
La respuesta a estas preguntas dependerá de la forma en que se implemente la reestructuración y de las acciones que tome Rodríguez en los próximos meses. Lo que sí está claro es que Venezuela se encuentra en un momento de transición, y que el futuro del país está en juego. La liquidación de estos entes, más allá de su impacto inmediato en la estructura administrativa, representa un cambio simbólico profundo, marcando el fin de una era y el comienzo de otra, aún incierta. La comunidad internacional observa atentamente estos acontecimientos, esperando que conduzcan a una mayor estabilidad y prosperidad para el pueblo venezolano.
