Costa Rica ha dado un paso histórico en la regulación de su ecosistema empresarial con la aprobación de la Ley para la Regulación y el Impulso de las Franquicias (expediente 23.448). Durante décadas, el país operó con un vacío legal en torno a la replicación de modelos de negocio, exponiendo a emprendedores e inversionistas a riesgos innecesarios y limitando el crecimiento tanto de marcas nacionales como extranjeras. La nueva legislación, que entra en vigor tras su publicación en el diario oficial La Gaceta, busca establecer un marco jurídico transparente y equitativo para las relaciones comerciales entre franquiciantes y franquiciados, impulsando la inversión, la creación de empleo y el desarrollo económico.
El problema central radicaba en la falta de estándares mínimos de transparencia en los contratos de franquicia. Inversionistas que deseaban adquirir una marca se enfrentaban a la incertidumbre y al peligro de perder sus ahorros debido a la ausencia de reglas claras. Esta carencia de protección jurídica también frenaba la expansión de empresas costarricenses con modelos de negocio exitosos, que no contaban con el respaldo legal necesario para crecer de manera sostenible. La nueva ley aborda directamente estas deficiencias, introduciendo mecanismos de protección para ambas partes involucradas en la relación de franquicia.
Uno de los pilares fundamentales de la legislación es la introducción de la Circular de Oferta de Franquicia (artículo 5). Este documento, obligatorio para el dueño de la marca, debe proporcionar al potencial franquiciado información detallada y veraz sobre la empresa, incluyendo sus estados financieros, años de experiencia en el mercado, y cualquier proceso judicial o quiebra en su historial. El objetivo es que el interesado pueda tomar una decisión informada, con pleno conocimiento de la realidad del negocio que está a punto de adquirir. La ley establece un plazo de 30 días naturales para la revisión de esta información, durante los cuales se prohíbe cualquier tipo de presión o solicitud de pago anticipado.
La protección del patrimonio del operador es otra de las prioridades de la nueva ley (artículo 13). Se prohíben las cláusulas que obliguen al franquiciado a vender sus equipos, locales o inventarios al dueño de la marca al finalizar el contrato, evitando así prácticas abusivas que podrían dejar al operador en una situación vulnerable. En cuanto a la exclusividad, la normativa exige que se delimite por escrito la zona geográfica donde operará el negocio, previniendo la competencia desleal por parte del franquiciante.
La ley también aclara la independencia de cada comerciante, estableciendo que el dueño de la marca no es responsable de las deudas laborales o los problemas tributarios generados por el operador local. Esta disposición protege al franquiciante de posibles responsabilidades derivadas de la gestión del negocio por parte del franquiciado. Además, el artículo 14 identifica causales de terminación de contrato claras y precisas, como el incumplimiento de pagos o la violación a la buena fe, facilitando la resolución de conflictos sin necesidad de recurrir a litigios prolongados.
La legislación contempla un beneficio especial para las pequeñas empresas que decidan adoptar el modelo de franquicia (transitorio único). Se les otorga un plazo de 24 meses para realizar el traslado paulatino hacia el régimen tributario general, permitiéndoles estabilizar sus finanzas durante los primeros dos años de operación. Este incentivo busca fomentar la adopción del modelo de franquicia por parte de las pymes, impulsando su crecimiento y desarrollo.
Para garantizar la transparencia y la seguridad jurídica, la ley ordena la creación de un Registro de Empresas Franquiciadoras bajo la tutela de la Cámara de Comercio. Este registro será de consulta pública y gratuita, permitiendo a cualquier persona verificar la legitimidad de una marca antes de invertir en ella. Esta medida es crucial para combatir el fraude y proteger a los inversionistas de marcas falsas o fraudulentas.
Expertos del sector han celebrado la aprobación de la ley. Front Consulting International ha señalado que el nuevo marco normativo “promueve condiciones para el acceso a financiamiento y fomenta la profesionalización del sector”, abriendo las puertas a créditos bancarios que antes eran inalcanzables. Juan Carlos Fallas, director de Franquicia506.com, ha destacado que la ley facilita la expansión de empresas consolidadas y abre oportunidades de inversión reales para emprendedores que buscan crecer bajo esquemas ya probados.
Alfonso Riera, de la red internacional Front Consulting, ha afirmado que este avance “posiciona a Costa Rica en línea con jurisdicciones más desarrolladas”, enviando señales positivas a los inversionistas que miran hacia Centroamérica. El abogado experto en franquicias, Víctor Fernández, ha calificado la ley como “un gran paso” que el país ha dado, anticipando un impacto positivo en la creación de empleo y el fomento del emprendimiento nacional. Fernández ha recalcado que la iniciativa representa un fortalecimiento del ecosistema de negocios, al establecer principios y condiciones que brindan mayor seguridad jurídica en cada transacción.
El jurista ha citado como ejemplo el caso de México, donde el modelo de franquicia llega a aportar hasta un 5% del Producto Interno Bruto (PIB). Además, ha señalado que, aunque actualmente predominan las franquicias de alimentos, existe una tendencia creciente hacia las franquicias de servicios, que representan la tercera generación de negocios que entrarán al país bajo esta protección legal.
En definitiva, la nueva Ley para la Regulación y el Impulso de las Franquicias representa un hito en el desarrollo económico de Costa Rica. Al establecer un marco jurídico claro y transparente, la ley busca atraer inversión, fomentar el emprendimiento, proteger a los inversionistas y promover el crecimiento sostenible de las empresas. Con este nuevo marco, Costa Rica se posiciona como un destino atractivo para las franquicias, impulsando la creación de empleo y contribuyendo al desarrollo económico del país. La era de la incertidumbre legal en el mundo de las franquicias en Costa Rica ha llegado a su fin, dando paso a una nueva era de orden, transparencia y oportunidades.
