A quince años del ataque a agentes del ICE en San Luis Potosí, México, documentos desclasificados revelan una trama de incompetencia, corrupción, y decisiones fatales que expusieron a personal estadounidense a un riesgo extremo. El incidente, ocurrido el 15 de febrero de 2011, en la carretera 57 cerca de Santa María del Río, no solo cimbró las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, sino que también expuso las profundas fallas en la seguridad y la inteligencia en ambos países.
El ataque, que resultó en la muerte del agente Jaime Zapata y heridas graves a Víctor Ávila, se produjo mientras ambos agentes regresaban a la Ciudad de México desde San Luis Potosí, donde habían recogido documentos enviados desde el consulado en Monterrey. La Suburban negra, blindada y con placas diplomáticas, fue interceptada por un comando de entre 8 y 10 integrantes de Los Zetas, el temible grupo criminal que en ese momento controlaba gran parte del territorio potosino.
La primera reacción del gobierno estadounidense fue inmediata. El entonces embajador en México, Carlos Pascual, envió un correo electrónico a funcionarios del Departamento de Estado, la DEA y el FBI a las 20:48 horas del mismo día, alertando sobre el incidente. Los agentes, ambos de ascendencia mexicana y originarios de Texas, fueron atacados a sangre fría cuando se encontraban detenidos en un Subway a orillas de la carretera.
Los documentos desclasificados, disponibles en el sitio web del Departamento de Estado a través del Acta de la Libertad de Información (www.foia.state.gov), revelan una serie de comunicaciones diplomáticas, correos electrónicos, minutas de reuniones de alto nivel y análisis de inteligencia que detallan la respuesta estadounidense al ataque. Estos documentos, aunque en su mayoría censurados, ofrecen una visión inquietante de la situación en México en ese momento y de las tensiones que surgieron entre los dos países.
Desde el inicio, Los Zetas fueron identificados como los responsables del ataque. La embajada estadounidense y los consulados establecieron comités de emergencia para evaluar la amenaza y proteger al personal diplomático. Los reportes de prensa citados en un informe del Departamento de Estado del 17 de febrero de 2011 sugirieron que Los Zetas podrían haber cambiado su actitud hacia el personal estadounidense, lo que generó preocupación sobre si todos los diplomáticos estaban bajo amenaza.
La situación se agravó aún más cuando un funcionario de la embajada estadounidense en Tel Aviv, John Giggi, cuestionó en un correo electrónico del 23 de febrero la política estadounidense de respetar las leyes mexicanas que prohibían a los agentes extranjeros portar armas. Giggi argumentó que los agentes habían sido enviados a una "zona de guerra no declarada" y recomendó que se ignoraran las prohibiciones locales sobre portación de armas.
La embajada estadounidense respondió a esta inquietud solicitando al Departamento de Estado orientación sobre la política de porte de armas en México. La solicitud, presentada el 24 de febrero, incluía un documento de cinco páginas totalmente censurado.
El ataque también generó preocupaciones sobre su impacto en la economía mexicana. Un estudio sobre las perspectivas económicas de México y su relación con Estados Unidos ubicó el incidente como un riesgo en el panorama económico, debido a la posibilidad de que escalara la violencia delictiva.
Mientras tanto, las autoridades mexicanas anunciaron la captura de nueve personas en cuatro casas de seguridad en San Luis Potosí el 23 de febrero. Uno de los detenidos, Julián Zapata Espinosa, alias "El Piolín", fue identificado como el líder de los sicarios de Los Zetas en el estado y responsable de comandar el grupo que atacó a los agentes del ICE. Se reveló que "El Piolín" era también policía municipal de Villa de Reyes, lo que evidenció la profunda infiltración del crimen organizado en las fuerzas de seguridad locales.
Aunque las autoridades mexicanas presumieron que las capturas fueron resultado de actividades de inteligencia, se especuló que en realidad fueron facilitadas por información proporcionada por las corporaciones estadounidenses, incluso mediante el uso de drones. El congresista estadounidense Henry Cuéllar admitió que hubo aportación de datos, pero no confirmó la vigilancia aérea.
Pocos meses después del incidente, el embajador Pascual fue removido de su cargo y reemplazado por Earl Anthony Wayne. En una transcripción de su diálogo con congresistas estadounidenses el 20 de julio de 2011, Wayne elogió el trabajo de México en la investigación y atribuyó el mérito de la captura de los responsables a las autoridades mexicanas, aunque reconoció que hubo apoyo estadounidense.
Sin embargo, una versión más prosaica sobre las capturas surgió de fuentes dentro de la Secretaría de Gobernación (Segob). Según esta versión, los responsables del ataque no fueron capturados por la ley, sino entregados por el propio grupo criminal. Los capos de Los Zetas, al comprender que el incidente podría llevar a su destrucción, torturaron a los responsables del ataque y los entregaron a las autoridades.
El responsable de ejecutar esta decisión habría sido Enrique Rejón Aguilar, alias "El Mamito", fundador de Los Zetas y encargado de la plaza en San Luis Potosí. "El Mamito" fue capturado en la Ciudad de México en julio de ese año y, junto con los demás responsables del ataque, fue extraditado a Estados Unidos, donde purgan condenas de por vida.
La subtrama de la captura se completó con el arresto en Dallas, Texas, de tres contrabandistas de armas que proveyeron la pistola de 9mm utilizada en el ataque. En un correo electrónico enviado en marzo de 2011, un funcionario del Departamento de Estado alertó a la secretaria Hillary Clinton sobre el descubrimiento, señalando que si ella no estaba al tanto de la situación, "valdría la pena marcarlo para ella".
Un reporte crítico del Departamento de Estado, del que no se identifica al autor, reveló detalles adicionales sobre la agresión, como el hecho de que los agentes habían comido en un Subway y que las camionetas de los narcos eran una Escalade y una Yukon. El reporte también señaló que el agente Zapata había puesto el control de velocidades de la Suburban en "Estacionado", lo que desactivó los seguros de las puertas y permitió a uno de los agresores intentar abrirlas. En el forcejeo, se activó accidentalmente la ventana del lado del conductor, lo que permitió al agresor introducir el cañón de su arma y disparar a los agentes.
Los redactores del análisis concluyeron que los agentes no habían hecho la transición del protocolo de "rutina" al de "emergencia" y habían perdido dos oportunidades de declararla: cuando vieron las armas y cuando intentaron dialogar con los agresores. Hacerlo podría haberles dado más tiempo para huir, ya que su unidad estaba blindada.
La situación de la camioneta, con su defecto de desactivación de los seguros de las puertas al poner las velocidades en "Estacionado", persiguió al Departamento de Estado un año después del ataque. En febrero de 2012, una serie de correos electrónicos entre funcionarios del Departamento de Estado revelaron un intercambio de responsabilidades y la falta de ideas para responder a las preguntas de dos reporteros del Washington Post que habían descubierto el "defecto posiblemente fatal" de la Suburban. Los reporteros cuestionaron cómo un vehículo con este defecto había sido utilizado en lugares tan peligrosos como Afganistán e Irak.
A quince años del ataque, el tema de la intervención estadounidense contra el crimen en territorio mexicano sigue siendo objeto de debate. Los documentos desclasificados revelan una historia compleja de incompetencia, corrupción, y decisiones fatales que expusieron a personal estadounidense a un riesgo innecesario. La tragedia de San Luis Potosí sirve como un recordatorio sombrío de los peligros de operar en un entorno de violencia y la importancia de la inteligencia y la seguridad en la protección del personal diplomático y de las fuerzas del orden.
