El candidato presidencial por Ahora Nación, Alfonso López-Chau, se enfrenta a una acusación formal por parte de la Fiscalía que podría truncar sus aspiraciones de llegar al Palacio de Gobierno. La denuncia, presentada en marzo de 2025, lo señala por presuntamente haber favorecido a una amiga, Sonia Anapán, designándola a dedo como secretaria general de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) durante su rectorado en diciembre de 2021. La gravedad de la acusación radica en que López-Chau podría enfrentar hasta cinco años de prisión si es hallado culpable de los delitos de colusión o negociación incompatible.
La investigación fiscal revela que Anapán, ingeniera industrial por la Universidad Privada del Norte, no cumplía con los requisitos mínimos para el cargo, incluyendo la experiencia específica y el haber ocupado un puesto de jefe de área por al menos cinco años. A pesar de ello, fue nombrada por López-Chau con un salario inicial de 9,000 soles, un movimiento que la Fiscalía considera un claro acto de favoritismo. La acusación, de apenas 55 páginas, se centra en la presunta colusión entre López-Chau y Anapán, y presenta evidencia que sugiere que el proceso de designación no siguió los protocolos establecidos por la UNI.
El caso se complica aún más por la inusual demora en el proceso judicial. La jueza Julia Olivares Robles, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Corrupción de Funcionarios de Lima, no ha convocado a ninguna audiencia de control desde que la fiscal Norah Córdova presentó la acusación en marzo de 2025. Esta dilación, que ya supera los once meses, ha generado interrogantes sobre la imparcialidad del proceso y ha sido criticada por observadores legales, quienes señalan que viola los plazos establecidos en el Código Procesal Penal. El artículo 345 del código exige que el juez derive el documento a las partes en un plazo de diez días y comience la audiencia en un periodo no mayor de 30 días.
La lentitud del proceso ha permitido a López-Chau continuar con su campaña presidencial sin la presión inmediata de un juicio. Sin embargo, la sombra de la acusación persiste y podría afectar su imagen pública, especialmente en un contexto electoral donde la transparencia y la ética son temas clave. La Fiscalía ha recopilado evidencia que indica que Anapán trabajaba simultáneamente para el Sineace y una empresa privada, Textiles Alfa & Omega, al momento de ser nombrada secretaria general de la UNI, lo que plantea dudas sobre su dedicación exclusiva al cargo. Además, la propia Anapán firmó una adenda a su contrato que incrementó su salario a 13,500 soles, con la aprobación de López-Chau.
En su declaración fiscal, Anapán admitió haber conocido a López-Chau en 2019, mientras cursaba una maestría en la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias de Sociales de la UNI, donde López-Chau era director. Según su testimonio, López-Chau le propuso el cargo porque no confiaba en su anterior secretario general, a quien acusaba de actos irregulares. Esta revelación ha sido interpretada por algunos como un intento de justificar su nombramiento y desviar la atención de las irregularidades.
La defensa de López-Chau, encabezada por su abogado y candidato a diputado Carlo Magno Salcedo, ha negado las acusaciones y ha calificado el caso como una campaña de desprestigio orquestada por sus oponentes políticos. Salcedo, quien también es amigo de López-Chau y de Anapán, argumenta que la designación de Anapán fue legal y que no hubo ningún acto de corrupción. Sin embargo, la evidencia presentada por la Fiscalía sugiere lo contrario.
El caso de López-Chau también ha puesto de manifiesto la falta de transparencia en la gestión de la UNI y la posible influencia de intereses personales en la toma de decisiones. La demora en el proceso judicial ha generado preocupación sobre la independencia del Poder Judicial y la posibilidad de que se esté protegiendo a un candidato presidencial. La jueza Olivares ha evitado responder a las preguntas de la prensa sobre el retraso en el caso, limitándose a indicar que toda solicitud de información debe realizarse por conducto regular.
La situación de López-Chau no es un caso aislado. Otros miembros de su partido político también se enfrentan a investigaciones por presuntos actos de corrupción, lo que ha generado dudas sobre la integridad de Ahora Nación. La acusación contra López-Chau llega en un momento crucial de la campaña presidencial, y podría tener un impacto significativo en sus posibilidades de ganar las elecciones. La Fiscalía deberá actuar con celeridad y transparencia para esclarecer los hechos y determinar si López-Chau es culpable o inocente. La ciudadanía espera que se haga justicia y que se castigue a los responsables de actos de corrupción, sin importar su posición política.
Durante una reciente cobertura del caso, corresponsales de varios medios de comunicación fueron, según reportes, empujados y hostigados por el equipo de seguridad del candidato López-Chau, lo que ha generado críticas por parte de organizaciones de defensa de la libertad de prensa. Este incidente ha añadido otra capa de controversia a la ya problemática situación legal del candidato. La transparencia y el respeto a la labor periodística son pilares fundamentales de una democracia saludable, y cualquier intento de obstaculizar el acceso a la información debe ser condenado.
