En la ciudad de Tegucigalpa, la representante de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (Foprideh), Melissa Elvir, ha puesto de manifiesto que la lucha contra la corrupción en el territorio nacional se encuentra en un estado de estancamiento debido a dos factores críticos: la percepción ciudadana y la falta de voluntad política. Según la funcionaria, aunque se han registrado ciertos movimientos, los avances reales en materia de transparencia y combate a la impunidad siguen siendo limitados.
Uno de los puntos más críticos señalados por Elvir es la ausencia de una determinación política clara para la instalación de un cuerpo internacional anticorrupción en Honduras. La representante de Foprideh lamentó que no se hayan concretado las gestiones necesarias para implementar un mecanismo de este tipo, el cual debería contar con todas las garantías institucionales y legales para combatir la impunidad de manera efectiva y sin interferencias.
Sobre la percepción de la ciudadanía, Elvir explicó que este fenómeno no se construye únicamente a través de los avances institucionales tangibles, sino que está profundamente ligado a la interpretación que la población hace de las acciones ejecutadas por las entidades públicas. En este sentido, destacó que tanto las acciones concretas de las instituciones como el discurso mantenido por los actores políticos generan un impacto significativo en la forma en que la sociedad percibe la lucha contra la corrupción.
A pesar de que existe un anhelo generalizado entre la población hondureña por reducir los índices de corrupción y proyectar una imagen positiva del país hacia el exterior, Elvir advirtió que persisten debilidades estructurales que impiden alcanzar este objetivo. La representante enfatizó que el deseo colectivo es que Honduras sea reconocida por poseer instituciones fuertes y que exista un uso correcto y eficiente de los recursos públicos. Subrayó que el beneficio de una gestión transparente debe recaer directamente en la ciudadanía, haciendo especial hincapié en la protección y apoyo a los sectores más vulnerables, específicamente la niñez y la juventud.
En un análisis sobre la gestión de los recursos del Estado, la representante de Foprideh sostuvo que el combate a la corrupción no debe verse simplemente como una meta administrativa, sino como una prioridad de inversión. Elvir planteó que la lucha contra este flagelo debe recibir un nivel de financiamiento y atención similar al de áreas críticas como la educación, la salud y la seguridad. Según su análisis, considerando el nivel de corrupción que enfrenta el país, es imperativo asignar los recursos necesarios para que las estrategias de combate sean viables.
No obstante, la representante reconoció que no todo el panorama es negativo. Destacó que, durante la última década, Honduras ha logrado progresos importantes en ciertos ámbitos. Entre estos avances, resaltó la implementación de la Ley de Transparencia y el acceso a la información pública, así como la creación de diversos portales gubernamentales que permiten a los ciudadanos acceder a datos oficiales. Sin embargo, Elvir insistió en que estos mecanismos, aunque útiles, no son suficientes y deben ser fortalecidos para cumplir su propósito.
Asimismo, Elvir resaltó la importancia de las iniciativas ciudadanas, las cuales actúan como un respaldo fundamental en las tareas de vigilancia y en la exigencia de rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos. A pesar de este esfuerzo civil, advirtió que no se han visto avances significativos en la institucionalidad anticorrupción, lo que hace necesaria una mayor presión social para obligar a los actores políticos a tomar decisiones firmes.
Finalmente, respecto a la posibilidad de implementar mecanismos nacionales o internacionales, Elvir reiteró que el principal obstáculo sigue siendo la falta de voluntad política. Afirmó que no existe un discurso claro ni una decisión firme para avanzar en estos procesos, concluyendo que sin voluntad política es imposible ejecutar acciones efectivas. Ante la falta de consenso para un mecanismo externo, propuso impulsar alternativas nacionales que robustezcan a los operadores de justicia, siempre acompañadas de una vigilancia ciudadana activa que permita combatir la corrupción de manera directa.
