---
Washington D.C. – En una decisión que ha generado una ola de preocupación entre activistas de derechos humanos y la comunidad yemení-estadounidense, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció este viernes la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de Yemen. La medida, que entrará en vigor en 60 días tras su publicación en el Registro Federal, pone en riesgo la deportación de miles de yemeníes que han encontrado refugio en Estados Unidos huyendo de la devastadora guerra civil que asola su país desde 2015.
El TPS había sido otorgado inicialmente a Yemen el 3 de septiembre de 2015, en respuesta al conflicto armado en curso y las condiciones de inestabilidad que amenazaban la seguridad de sus ciudadanos. Desde entonces, el estatus se había extendido en múltiples ocasiones – 2017, 2018, 2020, 2021, 2023 y 2024 – reconociendo la persistencia de la crisis humanitaria y la imposibilidad de un retorno seguro a Yemen.
La decisión de la administración Noem marca un giro drástico en la política migratoria hacia Yemen, ignorando los llamamientos de organizaciones internacionales y grupos de defensa que advierten sobre las consecuencias catastróficas que tendría la deportación de miles de personas a un país sumido en el caos, la pobreza y la violencia.
En un comunicado oficial, la secretaria Noem justificó la cancelación del TPS argumentando que “permitir que los beneficiarios del TPS de Yemen permanezcan temporalmente en Estados Unidos va en contra de nuestro interés nacional”. Añadió que “el TPS fue diseñado para ser temporal y esta administración está devolviendo al TPS a su intención original de ser temporal”. Esta declaración ha sido ampliamente criticada por observadores que señalan que la situación en Yemen dista mucho de ser estable y que forzar el regreso de los beneficiarios del TPS equivaldría a condenarlos a un destino incierto y peligroso.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) ha informado que los beneficiarios del TPS tendrán un plazo de 60 días para salir voluntariamente del país. Sin embargo, la agencia advierte que “después de la fecha de entrada en vigor de la determinación, el Departamento de Seguridad Nacional puede arrestar y deportar a cualquier nacional yemení que no tenga estatus legal una vez que su TPS haya terminado”.
La noticia ha provocado una reacción inmediata y contundente por parte de organizaciones de defensa de los inmigrantes. “Esta decisión es cruel e inhumana”, declaró Sarah Hassan, directora ejecutiva de la Coalición Yemení Estadounidense por los Derechos Civiles. “Yemen está en medio de una de las peores crisis humanitarias del mundo. Deportar a personas a un país donde enfrentan la persecución, la violencia y la inanición es una violación de los principios básicos de la ley internacional y la moralidad”.
La cancelación del TPS para Yemen se suma a una serie de medidas restrictivas en materia de inmigración implementadas por la administración Noem, que han generado controversia y preocupación entre las comunidades inmigrantes en todo el país. Expertos en derecho migratorio señalan que la decisión podría sentar un precedente peligroso, abriendo la puerta a la cancelación de otros programas de protección temporal para ciudadanos de países afectados por conflictos armados o desastres naturales.
La comunidad yemení-estadounidense, que se estima en más de 80,000 personas, se encuentra ahora en un estado de incertidumbre y temor. Muchos de los beneficiarios del TPS han construido sus vidas en Estados Unidos, tienen hijos que son ciudadanos estadounidenses y contribuyen activamente a la economía del país. La perspectiva de ser deportados a Yemen, donde enfrentan la amenaza de la violencia, la pobreza y la falta de acceso a servicios básicos, es aterradora.
Activistas y abogados están explorando todas las opciones legales disponibles para impugnar la decisión de la administración Noem, incluyendo la presentación de demandas en los tribunales federales. Sin embargo, el futuro de los beneficiarios del TPS de Yemen sigue siendo incierto.
La decisión de cancelar el TPS para Yemen también ha generado críticas a nivel internacional. Organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han condenado la medida, instando a la administración Noem a reconsiderarla y a priorizar la protección de los derechos humanos de los refugiados y solicitantes de asilo.
La situación en Yemen sigue siendo extremadamente precaria. El país se encuentra dividido entre facciones en guerra, con una economía devastada y una población al borde de la hambruna. La ONU ha calificado la crisis en Yemen como la peor crisis humanitaria del mundo, con millones de personas necesitadas de asistencia urgente. En este contexto, la decisión de deportar a miles de yemeníes a su país de origen es vista por muchos como un acto de irresponsabilidad y falta de humanidad.
La administración Noem ha defendido su decisión argumentando que es necesario fortalecer la seguridad fronteriza y controlar la inmigración ilegal. Sin embargo, críticos señalan que la cancelación del TPS para Yemen no tiene nada que ver con la seguridad nacional y que se trata simplemente de una medida política destinada a complacer a su base electoral.
El debate sobre el futuro del TPS para Yemen continúa. La comunidad yemení-estadounidense, junto con sus aliados, se prepara para luchar por su derecho a permanecer en Estados Unidos y a construir una vida segura y digna. La decisión de la administración Noem ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad de los refugiados y solicitantes de asilo en Estados Unidos y la necesidad urgente de una reforma migratoria integral que proteja los derechos de todos los inmigrantes.
