Guayaquil, Ecuador – Fiorella Icaza, esposa del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, rompió su silencio este miércoles para denunciar un operativo policial ejecutado en su domicilio durante la madrugada del 10 de febrero, en el marco del caso conocido como “Goleada”. La denuncia, realizada a través de un video difundido en redes sociales, describe un escenario de “guerra” dentro de su residencia familiar y ha generado una ola de reacciones a nivel nacional.
Icaza, quien tradicionalmente ha mantenido un perfil bajo durante la gestión de su esposo, relató con visible angustia los detalles de la incursión de las fuerzas del orden. Según su testimonio, el operativo se inició a las 04:20 de la mañana, con los agentes forzando las seguridades de la urbanización y neutralizando al personal de seguridad privada. La cónyuge del alcalde denunció que fue despertada por la presencia de uniformados apuntándole con armas de fuego a la cabeza, exigiendo que se arrodillara en el piso. “¿Arrodillarme ante quién? Yo no soy una criminal”, cuestionó visiblemente afectada.
La denuncia se centra particularmente en el impacto del operativo en sus tres hijos menores de edad, de 5, 4 y 2 años. Icaza afirmó que los niños fueron expuestos a armas de grueso calibre y a la presencia intimidante de agentes encapuchados, generando un trauma emocional significativo. “No es justo para mis hijos levantarse con un encapuchado, un desconocido para ellos, apuntándolos con un fusil en la cabeza y el miedo que realmente yo sentí de que una bala pueda salir perdida”, declaró.
La esposa del alcalde denunció además tácticas de aislamiento durante el operativo, asegurando que los agentes cortaron el acceso a internet en la vivienda y reclutaron a los guardias de la ciudadela para impedir que se alertara sobre lo que estaba sucediendo. Para la familia Álvarez, el operativo representa una violación a su intimidad y un ataque a su seguridad personal. “Mi casa es mi lugar seguro, pero desde ayer ya dejó de serlo”, sentenció Icaza, exigiendo que se restituya “la paz a mis hijos y la libertad a mi esposo”.
Más allá del impacto emocional, la denuncia de Icaza cuestiona la necesidad táctica de realizar el allanamiento de madrugada. La cónyuge del alcalde argumentó que la ubicación de Álvarez es de conocimiento público y que él ha cumplido con las disposiciones legales previas, incluyendo las medidas cautelares impuestas en el marco del caso “Triple A”. “Conocen claramente dónde trabaja mi esposo, su día a día, lo pueden encontrar en el Municipio. Es una persona que va a Fiscalía los días que le toca ir”, enfatizó.
Icaza calificó lo ocurrido como una “persecución insostenible” donde “el poder está sobre la ley”. La denuncia ha generado un debate sobre los métodos utilizados por las autoridades en la investigación del caso “Goleada” y sobre el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos, incluso de aquellos que están bajo investigación.
El caso “Goleada” se refiere a una investigación sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos en la Alcaldía de Guayaquil. Aquiles Álvarez enfrenta acusaciones de peculado y asociación ilícita, entre otros delitos. El operativo en su domicilio forma parte de la fase de recolección de pruebas en el caso.
La reacción a la denuncia de Icaza no se ha hecho esperar. Diversos sectores políticos y sociales han expresado su solidaridad con la familia Álvarez y han condenado el operativo policial. Algunos han calificado el allanamiento como una “caza al hombre” y una “persecución política”. Otros han defendido la actuación de las autoridades, argumentando que es necesaria para garantizar la transparencia y la legalidad en la gestión pública.
La defensa de Aquiles Álvarez ha emitido un comunicado en el que califica los indicios presentados en el caso como “actividades empresariales” y ha denunciado una campaña de desprestigio contra el alcalde. El equipo legal de Álvarez ha anunciado que presentará recursos legales para impugnar las pruebas obtenidas durante el operativo y para garantizar el debido proceso.
La situación en Guayaquil se mantiene tensa a medida que avanza la investigación del caso “Goleada”. La denuncia de Fiorella Icaza ha añadido un nuevo elemento de controversia a un caso que ya de por sí es complejo y sensible. El futuro de Aquiles Álvarez como alcalde de Guayaquil está en juego, y el resultado de la investigación podría tener importantes implicaciones políticas y sociales para la ciudad y para el país.
La Fiscalía General del Estado aún no se ha pronunciado oficialmente sobre las denuncias de Icaza. Se espera que en los próximos días se emita un comunicado en el que se expliquen los motivos del operativo y se respondan a las acusaciones de la esposa del alcalde. Mientras tanto, la opinión pública sigue de cerca el desarrollo de este caso que ha conmocionado a Guayaquil y ha puesto en el centro del debate la relación entre el poder, la ley y los derechos fundamentales. La incertidumbre sobre el futuro de la Alcaldía de Guayaquil persiste, y la posibilidad de que Álvarez sea encarcelado sigue siendo una realidad latente.
