La Fiscalía Anticorrupción citó al candidato presidencial Alfonso López-Chau para el 25 de febrero, en el marco de una investigación por presuntos delitos de peculado doloso y negociación incompatible, relacionados con su gestión como rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). La investigación, declarada compleja y extendida por 8 meses, se centra en tres hechos irregulares: la contratación de militantes de su partido, el presunto uso de fondos universitarios para su campaña electoral y la modificación del estatuto universitario para asegurar la continuidad de sus allegados en la rectoría.
La disposición fiscal emitida el 12 de enero por el Segundo Despacho de la Primera Fiscalía Anticorrupción detalla las imputaciones contra López-Chau Nava. La investigación se inició tras indicios detectados por las fiscalías de Lavado de Activos en mayo de 2025, que derivaron el caso a la Fiscalía Anticorrupción en agosto del mismo año. La Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional (Dircocor) está colaborando en la recopilación de pruebas y testimonios.
El primer hecho investigado se refiere a la contratación de Carlo Magno Salcedo Cuadros, Salvador Arévalo La Rosa y Leandro Josué Gámez Ramos, todos militantes activos o directivos del partido Ahora Nación, durante el período 2022-2024. Según la fiscalía, estos individuos suscribieron contratos con la UNI por montos significativos: S/ 54,000 para Salcedo Cuadros, S/ 75,000 para Arévalo La Rosa y S/ 32,000 para Gámez Ramos. La fiscalía argumenta que estas contrataciones se realizaron después de que los militantes se incorporaran al partido o asumieran cargos dentro de su estructura, sugiriendo un patrón de favorecimiento indebido. Actualmente, Salcedo Cuadros y Arévalo La Rosa son candidatos a Diputados por Lima en la lista de Ahora Nación para las Elecciones Generales del 2026. Gámez Ramos, aunque renunció al partido en mayo de 2025, estuvo afiliado y participó en el tribunal electoral y comité partidario de Lima.
El segundo hecho investigado se relaciona con el presunto uso indebido de recursos públicos de la UNI con fines proselitistas. La fiscalía sostiene que López-Chau habría desnaturalizado su cargo de rector para promover su candidatura presidencial, instrumentalizando la imagen institucional de la universidad y desviando fondos públicos para costear viajes al interior del país y otros gastos logísticos relacionados con su campaña. Este presunto desvío de fondos constituiría el delito de peculado doloso.
El tercer hecho investigado se refiere a la modificación del estatuto universitario tras la renuncia de López-Chau el 5 de marzo de 2025. La fiscalía alega que López-Chau impulsó una modificación estatutaria a medida para asegurar que Arturo Fernando Talledo Coronado, Vicerrector de Investigación, asumiera la rectoría interina en lugar de Shirley Emperatriz Chilet Cama, Vicerrectora Académica, quien era la legalmente designada según la Ley Universitaria. La elección de Talledo Coronado fue posteriormente anulada por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), que reconoció a Chilet Cama como rectora interina. Este acto, según la fiscalía, constituiría otro caso de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo.
La fiscalía ha citado a declarar como testigos a Shirley Emperatriz Chilet Cama y Arturo Fernando Talledo Coronado el 23 de febrero, y a Carlo Magno Salcedo Cuadros, Salvador Arévalo La Rosa y Leandro Gámez Ramos el 24 de febrero. López-Chau deberá comparecer el 25 de febrero a las 11:00 a.m. en la Sede Policial de Barranco, con la advertencia de que, en caso de incomparecencia, se dispondrá su conducción compulsiva.
Además, la fiscalía ha oficiado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para obtener información sobre la inscripción de Ahora Nación, la relación de sus fundadores y directivos, y el historial de afiliación de Salcedo Cuadros, Arévalo La Rosa y Gámez Ramos, con el fin de acreditar sus vínculos con el partido y su participación en procesos electorales.
Carlo Magno Salcedo Cuadros, vocero de Ahora Nación y uno de los presuntos beneficiados con los contratos, rechazó las acusaciones y afirmó que su contratación fue realizada por Sonia Napán, la entonces secretaria general de la UNI, y se sustentó en la Ley N 30057, que permite a los funcionarios públicos contratar defensa legal con cargo a la entidad en caso de ser denunciados penalmente por actos relacionados con su cargo. Salcedo Cuadros explicó que fue contratado para defender a Napán en dos carpetas fiscales relacionadas con su nombramiento, y que su contratación se realizó a través de los canales administrativos de la universidad. Negó cualquier intervención de López-Chau en la decisión de contratarlo y aseguró que su contratación se basó en sus capacidades profesionales y en la confianza de Napán en sus resultados.
Salcedo Cuadros admitió conocer a Sonia Anapán desde antes de su trabajo en la UNI, y reconoció que su relación se fortaleció en el contexto de la conformación del partido Ahora Nación. Afirmó que está dispuesto a colaborar con la fiscalía y confía en que su testimonio demostrará su inocencia.
La investigación de la Fiscalía Anticorrupción representa un duro golpe para la imagen de Alfonso López-Chau, quien se perfilaba como un candidato presidencial con posibilidades de competir en las próximas elecciones. El desarrollo de este caso y las declaraciones de los implicados serán cruciales para determinar la responsabilidad de López-Chau y sus allegados en los presuntos actos de corrupción. La ciudadanía espera que la justicia actúe con transparencia y celeridad para esclarecer los hechos y garantizar la integridad del proceso electoral.
